Jóvenes del Movin proponen eliminar prescripción de penas por peculado

Jóvenes profesionales y estudiantes de Derecho presentaron ante la Asamblea Nacional, mediante  iniciativa ciudadana, un anteproyecto de ley que modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, y que propone la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

Motiva a los proponentes el hecho de que la corrupción y la inequidad social crea disconformidad ciudadana, y enfatizan que los efectos de la corrupción son muy difíciles de medir, porque, además del impacto económico que tienen sobre el presupuesto del Estado, está el daño social que incide en el desarrollo humano y coarta las posibilidades de brindar una vida digna a muchos panameños.

Destacan que dados los tropiezos que enfrenta la investigación de los casos de corrupción, países como Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Puerto Rico incluyen en su legislación la imprescriptibilidad de estos delitos, decisión que fundamentan en la equiparación del impacto de dichos delitos con los de lesa humanidad.

El artículo 116 de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, actualmente vigente, señala que la acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. También prescribe al vencimiento del plazo de tres años, cuando se trate de delitos sancionados con penas no privativas de libertad.

Así mismo, cuando se vence el plazo igual al doble del máximo previsto en la ley, para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Hace la salvedad, que no habrá prescripción en la comisión de los delitos de terrorismo, contra la humanidad y desaparición forzada de personas.

No obstante, lo innovador en la propuesta de la Juventud del MOVIN es que no habrá prescripción del castigo cuando se trate de alguno de los delitos de diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y fraude en los actos de contratación de que trata el Título X del Código Penal.
El dirigente Juan Diego Vásquez, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua, señaló que este proyecto intenta acabar con la impunidad, al eliminar la prescripción de la acción penal en los delitos contra la administración pública. "Es el empuje para que la Procuraduría General de la Nación acabe con ese flagelo, aunque hayan pasado veinte años", sentenció.

A su juicio, esta propuesta es el método más efectivo y más ciudadano para que los diputados entiendan el sentir nacional, pues el pueblo estima que no están legislando como deben hacerlo en bien de la ciudadanía.   
Concurrieron al Palacio Legislativo, además de Vásquez, Annette Planells Juan Antonio Tejada, del Movimiento Independiente, Iván Aguilar y Ricardo Herrera, del grupo Generación sin Límites.