Panamá, en camino a convertirse en líder verde-azul

Como parte de la agenda positiva de comercio internacional, Panamá adopta el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, a través del proyecto de ley No. 208. Esta propuesta promueve la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. El objetivo: elevar la imagen internacional del país y destacar su participación en organismos internacionales que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Anexo del Protocolo del Acuerdo de Marrakech es para prohibir el subsidio a las embarcaciones que realicen actividades ilícitas y pongan en riesgo las especies marinas. Es decir, tipifica subvenciones a la pesca ilegal y no reglamentada. Es un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que fue adoptado en 2022 en Ginebra.

El proyecto fue sancionado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de abril. Sin embargo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en la conferencia de prensa de este jueves que junto con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, sancionará la ley.

“Las subvenciones a la pesca reconocen un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo, para los países en desarrollo y para los países menos adelantados en esta materia marítima. Este acuerdo consolida la posición de Panamá como líder azul con más de 54 % de nuestros territorios protegidos” detalló el mandatario.

Explicó, tal como indica la ley, que el acuerdo de Marrakech prohíbe los subsidios perjudiciales que contribuyen al agotamiento de las poblaciones de peces, promoviendo la sostenibilidad de los océanos y la equidad del comercio pesquero.

“Se estima que esos subsidios globales a la pesca oscilan entre $14.000 y $54.000 millones anuales, que es una suma inmensa, pero que el esfuerzo que se está haciendo de parte de la República de Panamá para liderar con otros países estos esfuerzos ambientalistas debe hablar muy bien de nuestro país”, agregó.

Mulino también anunció que en junio viajará a la ciudad de Niza, en Francia, para participar en la Cumbre de los Océanos 2025. “Copresidiré con el presidente Macron de Francia unas mesas de trabajo en Niza [será] una reunión de dos días con el ánimo de fortalecer la imagen de Panamá en temas no tradicionales, en este caso, los temas ambientales. Estos esfuerzos ambientalistas deben hablar muy bien de nuestro país”.

El presidente destacó otros esfuerzos que dirigen a Panamá hacia un país verde-azul. “Dentro de ello hay que incluir parques de importancia mundial como el Parque Nacional Isla de Coiba, patrimonio de la Unesco”.

El Parque Nacional Coiba, que forma parte del Corredor Marino Mesoamericano junto con las islas Galápagos en Ecuador, Gorgona y Malpelo en Colombia, e Isla del Coco en Costa Rica, fue incluido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el listado de sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad, en 2005.

Actividades intensas de pesca ilegal convierten a isla Coiba en un área protegida altamente amenazada. En ella se encuentran arrecifes de coral, ballenas jorobadas, ballenas piloto, orcas, delfines, tortugas marinas (que ponen sus huevos en las playas), mantarrayas, marlines y otras criaturas marinas, forman parte de su riqueza natural.

El presidente también habló de la Ley de Protección a Corales, que tiene como objetivo proteger, conservar, generar acciones de uso sostenible, restaurar, prevenir la contaminación. Además, rehabilitar los ecosistemas de arrecifes de coral, comunidades coralinas, especies de coral y otros ecosistemas y especies asociados a los arrecifes de coral.

Con esta ley, el Estado reconoce que “la conservación de los arrecifes de coral, sus ecosistemas asociados y especies asociadas es de interés público y esencial para garantizar el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes”.

El mandatario mencionó la defensa de las ballenas. Panamá tiene vigente la Ley 365 del 6 de febrero de 2023, que modifica la Ley 13 de mayo de 2015. La norma establece el Corredor Marino de Panamá e indica que todas las aguas jurisdiccionales del país deben ser zonas de protección para los mamíferos marinos, y establece el Comité Nacional de Mamíferos Marinos de Panamá.

Asimismo, Mulino resaltó que el país forma parte del Tratado de Defensa de Altamar. Este se ha convertido en un marco jurídico mundial para la defensa de esta zona oceánica.

“Este es un hecho histórico, por primera vez tenemos un tratado que protege la biodiversidad marina en esta zona que es tan importante para los seres humanos, pero que hasta ahora no tenía el respaldo de un marco regulatorio que promueva la conservación y el uso sostenible de sus recursos”, destacó Katherine Arroyo, gerente de Incidencia Política de MarViva en el año 2023, cuando se conoció la noticia.