Empresarios piden al gobierno más consultas

La cúpula empresarial aglutinada en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIA) apeló al Órgano Ejecutivo y Legislativo a que consulten de manera continua los asuntos que impactan la economía nacional y la calidad de vida de los ciudadanos, así como los servicios básicos.

Los empresarios afirman que de este manera se obtienen aportes que resulten en normas claras y justas, que no causen confusión.

Los empresarios, en la Cámara Opina que se divulga todos los lunes, recordaron que en reiteras ocasiones han señalado ‘la importancia de la consulta y consenso de las iniciativas emprendidas, especialmente cuando tienen impacto en diferentes sectores y en la ciudadanía, para evitar rectificaciones'.

La reacción de la Cámara de Comercio, se da a una semana después que el Gobierno Nacional tuvo que suspender por presión popular la vigencia del decreto 130 sobre actualización catastral.

El gobierno de Juan Carlos Varela, por medio de su ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, ordenó la suspensión del Decreto 130, norma que establecía que los municipios debían hacer un reporte de los permisos de construcción, cambios de uso de suelo y otros datos para actualizar el valor catastral de las propiedades.

Una vez se publicó en Gaceta Oficial la suspensión del Decreto 130, se convocó a los principales gremios empresariales y la sociedad civil del país a una ronda de consultas sobre el Decreto 130.

Los empresarios consideran que la iniciativa de actualización catrastal ‘tiene amplio espacio de mejora en su redacción y que, es evidente que, entre mayores hubiera sido los aportes, menos sobresaltos se hubiera presentado'.

Un ejemplo claro, detallan los empresarios en la Cámara Opina, a la ‘falta de inclusión' de todos los actores en temas como la educación, por ejemplo, quienes invierten en educación particular para sus hijos, se verán impactados por los incrementos salariales negociados en la pasada huelga docente, cuando no se consideraron algunas normativas que rigen a los planteles privados del país.