MP resolverá la trama de los sobornos de Odebrecht este año

Antes de que acabe el año, los panameños podrán saber cómo se ejecutó uno de los más complejos esquemas de corrupción que jamás haya registrado el país.

La trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht está a punto de llegar a su desenlace final, tras la firma de un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y la empresa. Una colaboración que empieza con una multa de $220 millones como parte del resarcimiento económico que debe pagar Odebrecht al Estado panameño.

De ese monto, $100 millones corresponden a una multa por el uso del sistema bancario y financiero de Panamá por el que pasaron $700 millones hacia otras jurisdicciones como Suiza y Estados Unidos.

‘Es un mensaje para todos de que no se puede utilizar el sistema bancario para blanqueo de capitales', manifestó la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, quien convocó una conferencia de prensa para actualizar la información sobre el caso.

No obstante, Porcell no dijo si contempla futuras acciones contra los bancos que facilitaron estas transacciones.

La empresa Odebrecht se hizo con aproximadamente $9,000 millones en obras de infraestructura en Panamá desde 2006 hasta el presente. Bajo el supuesto de que la empresa pagó en sobornos el 5% de los contratos obtenidos, los políticos panameños, implicados -de las tres últimas administraciones gubernamentales- se habrían repartido aproximadamente $450 millones en coimas.

El acuerdo se firmó el miércoles 26 de julio y las colaboraciones se materializaron este martes, con las primeras entrevistas que realizan los fiscales panameños en Brasil a los ejecutivos de Odebrecht. Entre ellos, André Rabello, representante de esta empresa en el istmo, quien debe tener un panorama completo del esquema de sobornos ejecutado en Panamá a través de la Oficina de Operaciones Estructuradas, que manejaba la empresa secretamente y en la que cada político ‘comprado' tenía un alias para ser identificado. Seguirá Fernando Migliaccio, otro de los cerebros operadores de esta oficina; también Olivio Rodrigues, el hombre que registró la empresa Constructora Internacional del Sur en Panamá y a cuyo nombre abrió dos cuentas bancarias por las que transfirió millones de dólares que justificaba con supuestos contratos con empresas proveedoras y prestadoras de servicios a la constructora.

La información será útil para poder cotejar las 26 investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

En caso de que entre estas delaciones se mencione al presidente de la República, Juan Carlos Varela, la procuradora indicó que la Asamblea Nacional sería el ente encargado de investigar. Sin embargo, sobre el resto de los mencionados, entre los que se encuentran el expresidente Ricardo Martinelli, sus hijos, el candidato a presidente de la campaña política de Cambio Democrático, José Domingo Arias, y otros exfuncionarios de pasadas administraciones (más otros que puedan surgir), las pesquisas continuarán su vía por el Ministerio Público.

El país reclama una investigación justa, que contemple las tres administraciones gubernamentales desde que se instaló la constructora en Panamá, en 2006. Ante esto, Porcell indicó que investiga todos los proyectos adjudicados a la empresa en diez años.

Firmado el acuerdo, la información que tiene relación con Panamá será clave para procesar a más personas y localizar los dineros públicos.

Tomó ocho meses sellar el acuerdo entre la empresa constructora (que aún realiza trabajos para la actual administración, como el proyecto de renovación urbana de Colón, y la Línea 2 del Metro) y el Ministerio Público.

Acordar el monto de la multa retrasó la firma, la permanencia de la empresa en el país, y además, lograr que los ejecutivos brasileños que ya colaboran para la justicia de Brasil y otros países, no sean procesados en Panamá por delitos distintos a los ya admitidos.

¿DESPUÉS QUÉ?

Las ventajas para Panamá serán primero la entrega de las delaciones que se encuentran en Brasil. Entre la información vital que espera conocer el Ministerio Público están las cuentas bancarias, sociedades anónimas que sirvieron de tapadera para disfrazar las coimas, documentación de bancos y la estructura de los involucrados en la trama de corrupción.

Como segundo punto, se corroborará la información. Un paso fundamental porque la prueba debe ajustarse al sistema panameño y formalizar la información que ya suministra Odebrecht.

El siguiente paso será conocer cuánto dinero se repartió en coimas y entre quiénes. El último paso es la validación del acuerdo, la homologación que se hace en una audiencia pública en la que se explica cómo ocurrió la trama de corrupción en el istmo.

La fecha tope para completar este proceso es diciembre de 2017. La procuradora estima que antes de esa fecha se pueda ir al tribunal para validar el acuerdo.

‘El país podrá obtener los resultados de la investigación y lograr la recuperación de estos dineros, que estima en $300 millones', indicó la jefa de los fiscales.

Hasta el momento, las autoridades han procesado a 43 personas, entre las cuales se cuentan 24 panameños (exministros y familiares de altas figuras de los gobiernos), trece brasileños, un norteamericano, un peruano, un uruguayo, un británico y dos andorranos.

Más de $56 millones entre bienes y dinero confiscado en Adorra y Suiza han pasado a dominio panameño.

Se han realizado 49 solicitudes de asistencia judicial internacional a países como Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, España, Bahamas, México, Antigua y Barbados, Islas Vírgenes, Uruguay. Además de dos alertas rojas, con órdenes de detención con fines de extradición que se refieren a los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli supuestamente responsables de $22 millones en la banca suiza.

La empresa se comprometió con el Ministerio Público a proveer información sobre los actos ilícitos cometidos por sus directivos, empleados, administradores o terceros contratados así como proveedores de bienes y servicios, que desde el 1 de diciembre de 2016 firmaron el acuerdo de indulgencia con Brasil.

Porcell se siente segura con la investigación que realiza, que califica como la pesquisa de corrupción más compleja e histórica en la que han sido investigados funcionarios, empresarios y administrativos, teniendo presente la recuperación del dinero. Ante el anuncio de la firma del acuerdo, se da inicio la entrega de información que vincula a personas naturales y jurídicas, el instrumento procesal de acuerdos es Ley de la República y contempla beneficios a quienes colaboren de manera eficaz o acepten su responsabilidad con los delitos que se investigan.

‘Una lucha histórica, que nos ha permitido resistir con convicción a todas las presiones contra la institución y contra mi persona, a través de fuerzas políticas, grupos económicos y algunos medios de comunicación', indicó Porcell a la prensa.

Y añadió que las investigaciones en curso marcarán un antes y un después en la lucha contra la corrupción en la medida en que se ha desmantelado una compleja estructura de corrupción.

CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN

En Panamá, la constructora Odebrecht consiguió diez proyectos que hoy investiga la fiscalía y que suman más de $9,000 millones: Cinta Costera, Saneamiento de la Bahía, Madden Colón, Metro de Panamá, Proyecto Curundú, Sistema de Riego ‘Remigio Rojas' y la rehabilitación del patrimonio histórico de San Felipe.

La inscripción en el Registro Público de varias de las offshore empleadas en el esquema de pago de sobornos se hizo en Panamá poco tiempo después de que lo hiciera Odebrecht. Una de ellas fue Constructora Internacional del Sur, la más activa en el pago de sobornos, que se dio de alta en octubre de 2006, un mes después que la propia constructora. Por esta cuenta se transfirieron aproximadamente $300 millones de Panamá a otras jurisdicciones. Más adelante, Odebrecht registró en la jurisdicción panameña otras empresas que a su vez abrieron cuentas en bancos del Caribe y que sirvieron para pagar los sobornos. El denominador común entre estas empresas era que se dedicaban a inversiones, consultorías y desarrollo de proyectos.

De las inspecciones oculares, la fiscalía determinó que se encuentran vinculadas nuevas sociedades que se requiere determinar si han sido inscritas en Panamá, como Azuero Inversiones, S.A., PMC International Management Corp, Istmeña Internacional, S.A., Ganadera Paldiva, Bufete MF & Co., Salmet Trade Corp. (Nieto, Urriola y Asociados), Kadair Investment Ltd., Baxley Assetes Inc. (relacionada a los sobornos de los hijos de Martinelli), Engetec Consulting Services, S.A., North Bay Capital Group S.A, Quijano Incorporates One Inc., Quijano Incorporates Two Inc., Panglo, S.A., Hadar Assets Inc. North Bay Capital Group y Engetec Consulting Services S.A. fueron inscritas por la firma Castro y Berguido a petición de un cliente de Miami con el que tenían una larga relación de negocios.

Este cliente es Paulo Miranda. El beneficiario final de ambas sociedades es Barry William Herman, un norteamericano investigado por la justicia suiza por supuestos delitos de falsificación de documentos.

VARELA Y EL ACUERDO

El presidente de la República, mediante comunicado, expresó su satisfacción con el trabajo del MP

Conseguido el acuerdo, el presidente Juan Carlos Varela expresó su ‘total respaldo' al Ministerio Público y su ‘gran esfuerzo', que ‘va a permitir recuperar el patrimonio desviado y que se sepa toda la verdad'. Varela, cuestionado él mismo por algunas revelaciones de la trama de corrupción, asegura en su comunicado que ‘a partir de este momento nadie está por encima de la Ley'.