Guardia Jaén tendrá que validar acuerdos por separado

El 25 de octubre de 2017 fue uno de los días más felices de Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Ese día firmó, junto a su abogado Víctor Orobio, un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción que le eximió de pasar 50 años en la cárcel. A cambio de su colaboración con la justicia, el juez que validó el acuerdo le redujo la pena a 60 meses de prisión, de los cuales ya ha cumplido 30.

El acuerdo, además, libera a Guardia Jaén de ser juzgado en otros 14 procesos en su contra, ya que las Fiscalías Anticorrupción que investigacion se adhirieron al entendimiento a través de acuerdo individual en el que se comprometen a retirar los cargos, aunque antes deben ser validados por el juez.

Orobio ha sacado un as bajo la manga para apagar las críticas de la opinión pública que reclama la devolución de bienes y cuentas bancarias que el juez Leslie Loaiza desaprehendió. Entre ellos, una residencia en Costa Serena, de Costa del Este, que en declaraciones anteriores Guardia confesó haber adquirido siendo director del PAN.

¿Qué tan sustancial fue la colaboración de Rafael Guardia y qué resultados se han obtenido de estas como para haber logrado ese acuerdo?

Mucho, asegura Orobio. ‘La colaboración se da en tres sentidos: cuando el imputado esclarezca los hechos para evitar que continúe su ejecución o se realicen otros delitos. Es lo que él hizo, los esclareció y señaló a las personas que tenían que ver con estos hechos. En cada uno de los expedientes colaboró', manifestó.

Aunado a esto, la Fiscalía accedió a incluir en el trato el comiso de un dinero que aún no tiene. Unos $4.5 millones depositados en cuentas en Nassau, Bahamas, que Guardia Jaén asegura ‘se lo tranzaron'.

La investigación sobre las lesiones patrimoniales del PAN comenzó en 2014 y la Fiscalía afirma que ya solicitó una asistencia judicial a Bahamas, pero aún no ha recibido respuesta.

>ern< Orobio añadió que este acuerdo se concretó después ‘de mucho agotamiento y se logró una pena razonada sometida al balance de la colaboración' de su cliente, que ha estado detenido ‘y que nadie ha colaborado como él'.

CASAS Y DINERO

Uno de los puntos más conflictivos concierne a la devolución de bienes muebles e inmuebles.

En este sentido, el acuerdo estipula: ‘en cuanto a los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos de forma lícita y con debida justificación por parte del imputado, las partes acordamos someternos a la decisión de la autoridad (juez) de acuerdo a su discrecionalidad legal, y en cuanto a los bienes obtenidos de forma ilícita sugerimos con base a la discrecionalidad del juez de la causa, que los mismos sean comisados en su totalidad de inmediato'.

‘El Ministerio Público, en todos los procesos que participa de acuerdos, pone todo en blanco y negro. Un acuerdo que se presenta al juez, no puede dejar el comiso de bienes a su discreción',

ROSENDO RIVERA

ABOGADO

Entre las propiedades listadas en el acuerdo, y que se presentan como de propiedad de Guardia Jaén, hay una que pertenece al testigo protegido Euro 14, el PH Cuadrax. ‘Esta propiedad, que se encuentra entre los inmuebles comisados no devueltos, es un departamento hipotecado a nombre del testigo protegido', manifestó el abogado Rosendo Rivera.

A juicio de Rivera, este acuerdo debe ser declarado nulo, incluso la postura de Guardia Jaén al devolver los bienes ‘implica que él no estaba de acuerdo con eso'.

‘El Ministerio Público, en todos los procesos que participa de acuerdos, pone todo en blanco y negro de manera clara. Un acuerdo que elabora esta entidad y que presenta al juez para su validación, no puede dejar el comiso de bienes a su discrecionalidad. Más en estos casos, donde el delito reconocido por el imputado es blanqueo de capitales y contra la administración pública. Ese acuerdo debió ser rechazado por el juez por corrupción y venalidad', añadió Rivera.

Durante la audiencia, señala un comunicado de prensa del Órgano Judicial, el fiscal de Descarga Anticorrupción, Adecio Mojica Peña, sustentó el acuerdo de pena y enumeró los bienes, muebles e inmuebles que se adquirieron de forma ilícita, producto de los delitos antes mencionados y que no constaban en las declaraciones juradas de bienes patrimoniales del imputado.

El fiscal apeló la decisión del juez y corresponderá al Segundo Tribunal de Justicia resolver el recurso.

Orobio considera que la solución a esta situación consiste en que la defensa conteste la apelación de la Fiscalía y sugiera a los magistrados que comise todos los bienes que fueron desaprehendidos.

CONSIDERACIÓN DE PENA

Según el acuerdo, para la determinación de la pena de prisión se tomó en cuenta la existencia de agravantes y las atenuantes contenidas y aceptadas por el acusado, la defensa y el fiscal. Por tanto, las fiscalías Anticurrupción de Descarga, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta aceptaron no acusar a Guardia por cargos contra la administración pública y demás tipos penales que se le formularon dentro de los procesos identificados con todos los casos pendientes, quince en total.

La Fiscalía se compromete a no presentar cargos distintos a los acordados por los mismos hechos de la imputación que se encuentran en el acuerdo. Tampoco podrá imputar cargos en los casos que estén en investigación y en los que puedan surgir por sus gestiones al frente del PAN.

EL CASO EN NÚMEROS

La lesión patrimonial en el PAN superó los $150 millones

El juez Leslie Loaiza desaprehendió más de $100 mil que Rafael Guardia Jaén tenía en la banca local.

En cuentas a plazo fijo y corrientes, a Guardia Jaén se le han comisado más de $4.3 millones.

Guardia Jaén tiene a favor que en la pena acordada no se ha tomado cuenta su trabajo intramuros durante el tiempo que ha estado detenido, por lo que corresponde a una autoridad competente aplicar ese beneficio, lo que reduce aún más el tiempo que permanecerá detrás de los barrotes.

El exfuncionario se declaró culpable de dos delitos: blanqueo de capitales, cuya pena oscila entre 5 a 12 años, y peculado agravado, con 8 a 15 años de cárcel.

Pactó con la Fiscalía 60 meses. Partiendo de la pena de 96 meses de prisión para el delito de peculado, y de 84 para el segundo, el resultado no es inferior a una tercera parte de lo que corresponde al delito, y no excede de la máxima aplicable al delito, según el acuerdo.

La Fiscalía tenía la declaración de tres testigos protegidos que contaron a las autoridades las triquiñuelas en la compra de productos a través del PAN. Los arreglos que hacía el entonces director con los proveedores para lograr un beneficio económico de un 10 al 15% del monto total de los contratos, quienes, luego de cambiar los cheques, le hacían llegar el efectivo a Guardia Jaén.

Además, Jean Carlos Asprilla, encargado de la bodega del PAN, narró que nunca recibió mercancía. En cambio, se vio forzado a firmar documentos simulando que los artículos arribaban al almacén, una fachada que servía para malversar los fondos del Estado.

Guardia Jaén confesó que Adolfo de Obarrio, actualmente prófugo de la justicia, escogía los proveedores de bienes del PAN. Cuando se hacían las licitaciones, el mismo proveedor presentaba tres cotizaciones, con diferentes empresas y dignatarios. En ocasiones, se pedían empresas prestadas a otros proveedores sabiendo de antemano a quién se adjudicaría la licitación por mejor precio.

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LAS DECLARACIONES DEL EXFUNCIONARIO

El 14 de noviembre de 2014, Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional, sintió que el mundo se le venía encima. La Fiscalía Anticorrupción le imputó cargos por delito contra la fe pública, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.

La Fiscalía contaba con varias pruebas documentales que probaban el sobreprecio en las compras de artículos y comida que efectuó Guardia Jaén mientras fungió como director del PAN durante la administración de Ricardo Martinelli 2009-2014.

En un principio, el exdirector del PAN se acogió al artículo 25 de la Constitución, decidió no hablar a la Fiscalía. Después, contó de todo. Diecinueve órdenes de compra sobrepasaban los precios de mercado de los artículos adquiridos. Entre ellos, se cuentan más de dos mil quintales de arroz aproximadamente a $80 cada uno, mientras en el mercado se cotizaban a $30 o menos por unidad. El fiscal Adecio Mojica había comprobado que el arroz ‘Arrosísimo' que pagó el PAN no fue entregado, a pesar de que se pagó con los dineros del Estado.

La Unidad de Análisis Financiero remitió una nota de alerta por actividades sospechosas de cuatro sociedades anónimas relacionadas al confeso, que mantenían las siguientes cuentas corrientes: Inversiones Jarl, cuenta corriente, Inversiones Glora, Inversiones Almic, S.A., Grupo Plombino Holdings, además de un plazo fijo a nombre de la sociedad Grupo Plombino Holdings.

En estas cuentas, el exdirector del PAN depositaba las coimas -que oscilaban entre un 5% a 10% del valor de la compra- producto de las adquisiciones instruidas por uno de los primeros prófugos en el caso, el secretario privado de Martinelli, Adolfo de Obarrio.

Era dinero en efectivo que le entregaban a Guardia Jaén en algún estacionamiento o en sitios considerados seguros a través de mensajeros. Otras veces, el pago era en cheques de gerencia de bancos locales emitidos a nombre de cualquiera de estas sociedades creadas con este propósito.

Guardia Jaén tiene nueve cuentas en el banco Unibank, nueve en Banesco, cuatro en Global Bank, seis en el St. Georges Bank; en el Banistmo, una cuenta corriente y una tarjeta de crédito, y en Ficohsa, un plazo fijo.