04 de Oct de 2022

Nacional

El IDAAN, con mayor monto objetado en sus licitaciones

Las objeciones se dan en los actos públicos de selección de contratistas en los cuales algunos proponentes creen que se les ha vulnerado algún derecho, y creen que no se han respetado las reglas del juego

El IDAAN, con mayor monto objetado en sus licitaciones
El IDAAN tiene seis reclamos que suman $22.9 millones en monto objetado.

Al menos seis entidades estatales se encuentran entre las que más accciones legales de reclamo se han presentado en su contra por los actos de contrataciones públicas que realizan, de acuerdo con un informe del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP).

Según datos estadísticos, las instituciones más recurridas ante este tribunal por cantidad de reclamos y cantidad de dinero por proyectos licitados objetados son el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) con $22.9 millones en monto objetado y seis acciones legales en su contra; le sigue el Ministerio de Educación con nueve recursos presentados y $3.89 millones en monto impugnado; además está el Ministerio de Salud con siete procesos y $3.6 millones en reclamos.

PRESUPUESTO

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

Para la vigencia fiscal de 2019, esta entidad que debe velar que existan los principios de integridad y de transparencia en las contrataciones públicas por parte de todos los actores que en ella intervienen, tendrá un presupuesto de $2.4 millones.

En esta lista también está el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con un recurso presentado en su contra y $17.7 millones en monto objetado; el Ministerio de Vivienda con dos acciones legales en su contra y $5.4 millones en monto cuestionado y el Municipio de Panamá con tres acciones legales y $6.5 millones recurridos ante el Tribunal Administrativo de Cuentas.

En total, de enero a julio de 2018, las acciones presentadas ante este tribunal representan un total de $60.4 millones en monto recurrido ante esta instancia.

QUEJAS Y RECLAMOS

De acuerdo con el magistrado del Tribunal Administrativo de Cuentas, Diógenes De La Rosa, estas acciones de reclamos se dan en los actos públicos de selección de contratistas en los cuales algunas partes participantes o proponentes creen que se les ha vulnerado algún derecho, y creen que no se ha respetado algunas reglas del juego en el proceso de contratación.

‘Quienes reclaman pueden tener algún tipo de consideración subjetiva del proceso, pero nos toca a nosotros verificar si tienen o no razón dentro del marco de la objetividad', precisó De La Rosa.

Detalló que las instituciones mencionadas son las más sensitivas, ya que muchas de ellas requieren de más inversión por parte del Estado y posiblemente tengan más procesos de contrataciones realizados y por eso también podría ser que recurran más a este Tribunal.

El funcionario manifestó que por año llegan 200 casos, ya se han resuelto cerca de 150 y se tienen pendientes 48. ‘Así es el mundo económico, muchos quieren ganar y muchos creen que se les infringió un derecho y nosotros tomamos la decisión al respecto'.

FACTOR HUMANO

Al ser preguntado si han existido o se han detectado irregularidades o incumplimientos a las normas legales en estos procesos de seleccion de contratistas; De La Rosa expresó que siempre está el factor humano, siempre hay errores; algunos más justificados que otros.

‘Siempre hay errores, lamentablemente las leyes no pueden cubrir las deficiencias producto de la naturaleza humana', precisó.

PRESUPUESTO 2019

De la Rosa acudió recientemente a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional a sustentar el presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal de 2019.

Y aunque este Tribunal solicitaba una partida de $3.5 millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo le recomendó $2.4 millones.

De La Rosa explicó que requieren $1.2 millones adicionales para la contratación de personal y compra de tecnologías para cumplir a cabalidad con lo recomendado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el tema de la lucha contra la corrupción.

‘Se nos han impuesto un silencio administrativo positivo de dos meses, en donde expedientes que duraban seis meses los estamos resolviendo en dos; eso conlleva a un desgaste del personal y requerimos todo el apoyo en ese sentido', precisó.