MP indaga a más 80 en el interior por ‘diablos rojos'

El Ministerio Público (MP) realiza más de 80 indagatorias en diferentes puntos del interior del país como parte del proceso que se sigue por una compleja trama de corrupción relacionada el pago de compensaciones para sacar de circulación los buses ‘diablos rojos'.

Este medio de comunicación conoció que el 70% de los imputados han acudido a la agencia de instrucción para rendir sus descargos.

Los nombres de dos diputados y un suplente han salido a relucir dentro del proceso que instruye la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nacional.

Carlos Santana, miembro de oficialista Partido Panameñista, y Diógenes Vergara , del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y su suplente, han sido relacionados con la trama de corrupción. Incluso, el MP contempla compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que decida si los señalamientos contra los diputados ameritan o no una investigación.

En el año 2010, más de 2,700 autobuses, conocidos como ‘diablos rojos', que prestaban el servicio de transporte público colectivo en la ciudad capital fueron sacados de circulación para dar paso al ingreso del metrobús.

El Estado diseñó un sistema de compensación a cada uno de los propietarios de certificados de operación o cupos con el compromiso de que entregaran los autobuses para sacarlos del sistema.

A cambio, se le debía pagar una indemnización por cada unidad que contara con sus papeles en regla y que cumpliera con los requisitos legales.

La administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) creó un proceso de compensación para resarcir a aquellos transportistas que, por la implementación del nuevo sistema, dejarían de percibir ingresos. Este trámite estuvo plagado de irregularidades que llevaron a una compleja trama de corrupción en la que se han visto relacionados dos diputados y un suplente, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

Las pesquisas evidenciaron cómo dirigentes del transporte, en complicidad con funcionarios, armaron un esquema que permitió el cobro, de manera irregular, de $95.9 millones de los dineros públicos.