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22 de Oct de 2019

Nacional

La crisis de lo público como crisis sistémica

Se ha construido un sistema de clientela y corrupción donde el robo de los bienes públicos se alimenta de la desigualdad social y la impunidad

Si algo tienen los problemas políticos del país, además de su acumulación permanente, es su interdependencia. Sin embargo, asumen la peculiaridad ideológica de presentarse como si fuesen cuestiones aisladas. De hecho, se piensa que la crisis del sector agropecuario no tiene relación con la matriz socio-económica comercial y financiera del país, y que el colapso del sector es el producto únicamente de las acciones corporativas de determinados actores económicos y políticos. O que la crisis de institucionalidad es solo un problema del oportunismo y obcecación de personalidades políticas y no de un orden político agotado.

En complemento a lo anterior, está en el imaginario colectivo que los temas de corrupción son meramente individuales, sin vínculo con un sistema político y una institucionalidad sin capacidad de contención, penetrada por una cultura que fomenta el consumismo y el lucro a toda costa. En realidad estamos frente a una crisis de larga duración que se remota a la forma y contenido de la institucionalidad que emerge en el país a raíz de la invasión del 20 de diciembre, acontecimiento que definió la modalidad del orden político y la naturaleza de la política económica neoliberal hasta nuestros días.

EL ESPESOR DE LA CRISIS

El Estado tiene su materialidad más concreta –mediada institucionalmente, claro—, en quienes manejan administrativamente la conducción política del país. En esta cúpula yace la responsabilidad de darle forma al mandato que sobre ellos recae cada cinco años. No obstante, esta institucionalidad democrática presidencialista—régimen político— descansa en eso que algunos llaman ‘fe pública'; otros ‘confianza ciudadana', y que es en buenas cuentas un tema de aceptación en la conducción intelectual, moral e institucional de quienes nos gobiernan (los tres poderes incluidos). Es el descrédito de esa institucionalidad y en quienes ejercen el mandato constitucional lo que está por el suelo y le otorga densidad a la crisis. Es el descrédito que alcanza a partidos políticos y a políticos; al órgano Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Veamos los aderezos de esta crisis.

PROCESOS Y ACONTECIMIENTOS

El 1 de julio el gobierno entró es su etapa final, y se le dio forma a un año de gestión política signado por el escalamiento de procesos y acontecimientos definidos por el conflicto: Conflictos sociales e interinstitucionales de naturaleza política; deficiente sistema judicial articulado a una profundización de la corrupción, y un deterioro en el desempeño socio-económico del país. Revisemos.

El rechazo por parte da la Asamblea Nacional de las dos magistradas nominadas por el Ejecutivo a la Corte Suprema (Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar); aunado al nombramiento de una ‘directiva opositora' en el último año de sesiones de la Asamblea, configuran una de las expresiones visibles de la crisis en la dimensión política. Estas acciones rompen el llamado ‘pacto de gobernabilidad' que el gobierno tenía con el principal partido de oposición PRD, e instalan el dominio opositor en este órgano político especialmente a puertas de un año preelectoral.

La reelección de Yanibel Ábrego como presidenta del legislativo se da en el marco del escándalo en el empleo de los fondos de las planillas de la Asamblea (en especial la 080), que servía a propósitos no institucionales y en abierta función clientelista de los propios diputados. Se suma la negativa de la presidenta de impedir que la Contraloría realizase una auditoría forense de la planilla, que contiene la descripción de uso del personal de confianza de los diputados. Exhibir las irregularidades de las planillas de la Asamblea es parte del detonante.

En este contexto de contradicciones entre órganos del Estado, la Contraloría General remite al Ministerio Público un total de 186 auditorías sobre las transferencias de partidas circuitales efectuadas a juntas comunales entre 2009 y 2014 que totalizan un monto de $247 millones y que cerca de 70 diputados manejaron de manera irregular en el período. Se procede a la reapertura de los expedientes que fueron sobreseídos y posteriormente reabiertos, en un ir y venir de cierres y reaperturas que expresa falta de voluntad para investigar la descomunal lesión patrimonial.

La constructora Odebrecht acepta la existencia de una estructura de corrupción por $788 millones en 12 países. Para Panamá la constructora confiesa pagos por cerca de $60 millones. Sin embargo, la Fiscalía Especial Anticorrupción corrige la cifra elevándola a $102 millones en una investigación que alcanza a tres gobiernos: Torrijos (2009-2009), Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019). Este megaescándalo abre una caja de Pandora en el país al poner en evidencia una estructura de coimas y sobornos de naturaleza sistémica.

El pleno de la Corte Suprema (7 a 2) se declara incompetente para seguir juicio en el caso de Martinelli por los espionajes y escuchas, realizados durante su gobierno. No obstante, declaró válidas las actuaciones del magistrado juez de garantías J. Mejía en la fase intermedia. Diversos sectores de la sociedad civil y víctimas de los pinchazos señalaron contradicciones y falta de valor de los magistrados; y ser presa de la extorsión, como denunciara en su momento la procuradora de la Nación Kenia Porcell.

En la coyuntura, una reducción de la inversión extranjera directa (IED) en un 16% ($2,190 millones) tras dos años de crecimiento sostenido potencia la crisis. Contribuye también, una tasa de desempleo del 6% con un aumento del empleo informal de 2.8%. De acuerdo con la Contraloría, a agosto del 2018 se identificó la existencia de 679,166 empleos informales no agrícolas, lo que significa que aproximadamente 44 de cada 100 ocupados tuvo un empleo informal.

Productores del sector agropecuario denuncian el desequilibrio que se produciría al importar arroz en cáscara en cantidades que sobrepasen la producción nacional en época de cosecha. Sin embargo, la importaciones en distintos rubros (carne bovina, cerdo, queso…) se han incrementado desde 2006. Este conflicto que ya tiene expresiones de violencia pone a los productores en desafío frontal con el gobierno.

Protestas de funcionarios de Aduanas, veterinarios, jubilados y pensionados, más productores agropecuarios cierran el balance de las protestas sociales contra el gobierno panameñista del presidente Varela.

En lo estructural, la crisis es también la expresión de una economía articulada a actividades que no demandan mano de obra de manera importante (comercio y servicios), donde el desplome del sector agropecuario, la reducción del sector manufacturero y la pérdida de dinamismo de la construcción han limitado la demanda ‘formal' de mano de obra, fomentando la precariedad, los malos salarios y la inseguridad laboral.

EL AGOTADO MODELO

El clientelismo, el robo de bienes públicos y la extorsión se alimentan de instituciones deficientes. También de un entorno socioeconómico marcado por la desigualdad social y la pobreza, factores que le son funcionales a la manipulación moral y política. Uno de los elementos estructurales, fundamento de la desigualdad social ha sido, la estructura y desregulación del mercado laboral que abona a la inseguridad económica con los bajos salarios y la informalidad que ella genera.

Esta institucionalidad en proceso de colapso disuelve los límites entre lo público y lo privado, permitiéndole a una élite política y económica manejar los recursos del Estado como si fueran propiedad de quienes están en el poder. La clientela, la prebenda, la transacción y la cooptación por medio de bienes públicos, se constituyen en los medios que permiten construir las falsas imágenes o apariencias de inclusión. La pérdida de la confianza institucional y política, la falta de transparencia en la representación partidaria y la acumulación de contradicciones sociales, hacen del año 2019 un año electoral conflictivo.

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) es un organismo regional, instituido por la Unesco para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa Flacso-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.