MP pide conducir a 76 transportistas por las compensaciones de los ‘diablos rojos'

Actualizado
  • 07/06/2019 02:00
Creado
  • 07/06/2019 02:00
La Fiscalía Anticorrupción mantiene activa una orden de conducción a choferes involucrados en trama de corrupción

Más de siete decenas de transportistas mantienen una orden de conducción para rendir indagatoria en una compleja trama de corrupción relacionada con el proceso de compensación que permitió sacar a los ‘diablos rojos' de circulación.

La Fiscalía Anticorrupción pidió conducir a 325 transportistas para rendir declaración indagatoria. Aún faltan 76 por cumplir esta diligencia, informó una fuente judicial ligada a la investigación.

Por este caso hay 15 personas en prisión preventiva de las 26 a las que se les ha impuesto esta medida. A ocho se les ha cambiado la medida, mientras que tres han salido con fianza.

En el año, 2010, más de 2,700 autobuses conocidos como ‘diablos rojos', que prestaban el servicio de transporte público colectivo en la ciudad capital, fueron sacados de circulación para dar paso al ingreso del metrobús. A cambio, se le debía pagar una indemnización a cada unidad que contara con su cupo o certificado de operación y sus papeles en regla.

La administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) creó un proceso de compensación para resarcir a aquellos transportistas que, por la implementación del nuevo sistema, dejarían de percibir ingresos. Este trámite estuvo plagado de irregularidades que llevaron a una compleja trama de corrupción en la que se han visto relacionados dos diputados y un suplente, según la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación.

Entre las numerosas irregularidades que se dieron para sacar de circulación a los ‘diablos rojos' destacan las de propietarios que no prestaban el servicio.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga comprobó que certificados de operación que recibieron compensación no prestaban el servicio de transporte público colectivo. Estos certificados de operación, según la fiscalía, debieron ser cancelados y no objeto de indemnización, lo que afectó el patrimonio estatal.

CASO PENAL

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

detectó una serie de irregularidades en la manera en el que se hicieron los pagos de compensaciones para sacar de circulación a los ‘diablos rojos'.

EL PROCESO PENAL PODRÍA DEJAR EN EVIDENCIA CÓMO

dirigentes del transporte, en complicidad con funcionarios, pudieron haber armado un esquema que permitió el cobro de $94.7 millones de manera irregular, por las compensaciones.

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