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07 de Dec de 2019

Nacional

Productores en Barú denuncian coacción y retenes ilegales a favor de Banapiña

A través de la Alianza Estratégica Nacional, los productores de Barú denuncian que los ‘retenes ilegales' y la ‘coacción' para dejar de comercializar continúan en la nueva administración de Cortizo; y acusan a agentes del Senafront y autoridades locales de complicidad con la empresa Banapiña, tenedora desde 2017 de la concesión que arropa ahora los terrenos que ocupan

El conflicto vuelve a reactivarse en la zona bananera. Y es que la Alianza Estratégica Nacional (AEN) denunció que a partir del 15 de julio, con el nuevo gobierno, ‘se reinicia con mayor ímpetu' la aplicación de retenes policiales para el control de mercadeo de los productos del área por parte de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

En un comunicado con fecha de 20 de julio, la AEN dice que los ‘soldados' de Senafront, ‘supuestamente pagados por Banapiña, coaccionan y obligan a los trabajadores a tramitar un permiso con la Juez de Paz del corregimiento Rodolfo Aguilar Delgado (ubicado en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí), acto que definen como ‘ilegal y violatorio del libre tránsito de los panameños y de los derechos humanos'.

Por otro lado, en el mismo comunicado, denunciaron también la destrucción de más de 200 hectáreas de la Finca Palmito, en 25 parcelas de 30 familias, realizada en mayo pasado, hecho por el cual también responsabilizan a la empresa Banapiña, pero ‘apoyada por el gobierno de Juan Carlos Varela y respaldada por un destacamento del Senafront'. Hicieron alusión a un cerco económico que afecta los ingresos familiares, daños a la paz y la seguridad de la población, acoso a los productores, retenes militarizados y apagones.

Marvin Wilcox, vocero de los productores afectados de Barú, dijo que no se oponen a los retenes para garantizar la seguridad, pero sí a la restricción de comercializar sus productos bajo un permiso especial, y confirmó que tras reunirse con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, éste le indicó que tomarían las medidas para resolver el problema.

El contrato-ley entre Banapiña de Panamá S.A. (filial de la transnacional Del Monte) y el Estado fue presentado el 18 de abril de 2017 por el entonces ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán. En la exposición de motivos se cifraba una inversión mínima de $100 millones en un plazo no mayor de siete años y 3,100 empleos directos y 12,000 indirectos.

El área total de concesión a 20 años prorrogables a un monto de $9.9 millones, suma 5,804 hectáreas que se encuentran distribuidas en tres distritos: Barú y Alanje, en la provincia de Chiriquí, y el distrito de Chiriquí Grande, en la provincia de Bocas del Toro. En ellas había 1,770 hectáreas adjudicadas a extrabajadores de Coosemupar, que fue la cooperativa de trabajadores bananeros que heredó una parte de las tierras concesionadas a Puerto Armuelles Fruit Company-PAFCO (filial de Chiquita Brands) y que abandonó la actividad en 2002. Coosemupar firmó acuerdos de venta directa a la comercializadora norteamericana Chiquita Brands, con precios que a la postre ahorcaron la rentabilidad de la actividad. ‘Era más caro producir una caja de banano que no producirlo', reza la sustentación de motivos del proyecto de ley 488 de Banapiña.

La operación sufrió grandes pérdidas, por los costos de traslado de fruta, riesgo de la carga, pago de servicios no utilizados como patio y estiba ‘por un esquema de contrato que impedía que durante la vigencia del mismo se pudiera revisar el precio de costo de producción, conforme a la inflación en los precios internacionales de petróleo, entre otros aspectos', sustenta el mismo proyecto de ley que dio vida al nuevo proyecto de reactivación bananera ejecutado ahora por Banapiña.

Tierras en disputa

Sin embargo, las tierras que fueron abandonadas por Coosemupar (las 1,770 hectáreas que se titularon a una hectárea por trabajador) no son las que están en disputa. Wilcox, el dirigente bananero, explicó que las fincas en medio del conflicto son Malagueto, Ceiba, Cocote, Guayacán, parte de Lechosa, Jagua, Palmito y una parte de la finca Zapatero, que suman alrededor de 1,500 hectáreas, que están dentro de las otras 4,034 que abandonó Pafco en 1998.

Reactivación bananera

El contrato ley de Banapiña fue aprobado el 26 de abril de 2017 ‘con el voto unánime de las bancadas legislativas', según la Presidencia. Juan Carlos Varela lo sancionó en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses el 25 de mayo de 2017, augurando que ‘esta es una oportunidad que se nos presenta y hay que aprovecharla por el futuro de las presentes y futuras generaciones'.

La empresa está produciendo en unas 700 hectáreas, según Wilcox. Y en un comunicado de la Presidencia emitido en febrero, se informaba que el primer embarque de banano saldría desde Barú ese mismo mes.

Recursos legales

Sobre dicho contrato pesan dos demandas en la Corte Suprema de Justicia: una en contra de siete cláusulas del mismo y una segunda por tachar a los productores de ‘invasores' sin un juicio previo. Algo que debe dirimirse en la esfera agraria y no en la esfera de paz, subrayó el productor.

Se intentó conocer la versión de la empresa Banapiña, para lo que se llamó a sus representantes legales, el buffete Arias, Alemán y Mora. A la instrucción de la asistente, enviamos un correo con las preguntas, pero al cierre de esta nota, no se recibió respuesta. También se contactó a la oficina de Del Monte, y la recepcionista indicó que ‘no estaban asociados a esa empresa' —en referencia a Banapiña de Panamá.

La anterior administración de gobierno estimó una producción de cerca de 900 hectáreas cada año, con una productividad anual promedio de 2,725 cajas de banano por hectárea.

Productores de Barú piden titulación, pero el gobierno los tilda de ‘invasores'

DENUNCIAS

La Alianza Estratégica Nacional pidió al gobierno actual asumir la defensa del pueblo ‘ante las últimas nefastas actuaciones de la empresa, tales como destrucción de plantaciones, acoso y represión a productores y pobladores para que abandonen sus viviendas en las fincas, corte de luz masivo (en julio), daños a la salud de pobladores del área de Barú y a trabajadores, provocados por las fumigaciones aéreas intensivas en las plantaciones. También exigen la rescisión del Contrato 36-17, indemnizaciones y destitución de funcionarios como Carlos Motta, director Nacional de la Comisión del Banano. A su vez, piden la agilización y culminación del proceso de titulación de las tierras de todos los poseedores agrarios del Barú.

Extraoficialmente, una funcionaria del Ministerio de Comercio e Industrias indicó que se trata de ‘invasores', que quieren negociar indemnizaciones. Hirisnel Sucre, ex ministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y exlegislador, se refirió a ellos como ‘productores invasores' en un artículo de opinión publicado en el diario ‘La Prensa' el 31 de mayo. Mientras, las protestas recrudecen de tanto en tanto en el distrito de Barú, en el occidente chiricano, que apostó al regreso del monocultivo del banano —con sello extranjero— para resolver casi todos sus problemas.