La basura, otro problema de arrastre

Sí. Todavía hablamos de basura en Panamá. Es un flagelo que ningún gobierno, ni el boom económico ni la tercerización a empresas privadas, ha podido mitigar.

Panamá es uno de los países que más basura genera: dos kilogramos diarios por persona, según la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD). Y según el diagnóstico nacional de vertederos en Panamá que hizo la consultora internacional Ineco, contratada por la administración de Juan Carlos Varela, en todo el país se generan aproximadamente 4,372.72 toneladas de basura por día. A los vertederos llegan unas 2,536.18 toneladas diarias; es decir, el 57.8%. El resto, 42.20% de la basura que se genera, está “mal dispuesta”. Es la que termina quemándose ilegalmente o vertida en los ríos, quebradas o en el mar.

El diagnóstico de Ineco inventarió 60 vertederos a nivel nacional y dos rellenos sanitarios (Cerro Patacón y Río de Jesús). El total de áreas para disponer la basura en el país suma un poco más de 285 hectáreas. La recomendación del estudio es cerrar la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto.

La ambientalista Alida Spadafora fue artífice del programa Basura Cero en la pasada administración alcaldicia del panameñista José Blandón. Su opinión es que el país debe cerrar todos los vertederos y abrir plantas de tratamiento públicas.

La provincia de Panamá produce el 38% de la basura a nivel nacional. Pero mucha de ella no se recoge, a pesar de los 69 camiones operativos que tiene la AAUD, según cifras brindadas a La Estrella de Panamá por su gerente de operaciones, Omar Poveda.

El director de la institución, Pedro Castillo, también denunció, en una entrevista en televisión en días pasados, serias “irregularidades” en la flota de camiones, “actos vandálicos” dentro de la entidad y habló del deterioro del 50% de la flota. Sin embargo, Poveda matizó el hecho y dijo que “no fue exactamente una denuncia”; más bien que el director compartió la información para que la comunidad entendiera por qué había mermado la frecuencia en el servicio de recolección.

“El departamento de Asesoría Legal tiene toda la información y ellos procederán como corresponda”, adelantó.

Según Poveda, la flota “ideal” es de 107 camiones: Unos 97 rodando y los demás en stock para reemplazar los que entren en mantenimiento preventivo. Algo que el funcionario denunció que se dejó de hacer a la flota actual por un año entero. “La administración anterior no renovó el contrato de mantenimiento preventivo y por todo un año no se le dio el cuidado a la flota”, dijo. Heredaron solo 58 camiones operativos de la administración anterior, en cuya cabeza estaba Eladio Guardia.

Diariamente, la AAUD debería recoger entre 1,800 y 2,000 toneladas de basura en el área metropolitana. Poveda confirmó que el próximo año la entidad espera concretar la compra de al menos 20 camiones para reemplazar la flota de los que se compraron en 2017.

Sin mantenimiento, el tiempo de vida de los camiones es de dos años y medio y con mantenimiento, pueden durar hasta cinco años, explicó.

Un informe del Ministerio de Salud (Minsa) que analizó la situación sanitaria de la región metropolitana entre los años 2000 y 2016 esbozó que el mal manejo de los desechos sólidos en los hospitales representa un riesgo. Y estiman que el 10% de los desechos que generan son infecciosos y 5% son peligrosos.

Según el estudio del Minsa, poblaciones como Ella Puru o San Antonio, en Gamboa; Kuna Nega y Taboga depositan sus desechos sólidos en vertederos a cielo abierto, con lo que contaminan el aire, el suelo y cursos de agua; mientras que otras comunidades, como Pueblo Nuevo y San Pedro, en 24 de Diciembre, queman sus desechos.

Altos de Pedregal, Cerro Bandera, Santa Cruz, Santa Isabel, en Pedregal, queman o entierran sus desechos. Las fábricas, talleres y demás comercios de índole industrial que operan en la metrópoli, “en su gran mayoría no aplican las medidas necesarias que garanticen un adecuado control de sus emisiones contaminantes”.

De hecho, señala el Minsa, en los últimos 10 años se han presentado múltiples denuncias en comunidades como Juan Díaz, donde el área industrial es importante, sobre todo lo relativo al procesamiento de alimentos.

La administración entrante adoptó un nuevo acuerdo o “acta de compromiso” con la empresa Urbalia, concesionaria de la administración del relleno sanitario de Cerro Patacón, a pesar de reiteradas denuncias y reportes de mala disposición de los desechos, incumplimiento de contrato y mal manejo de los lixiviados que allí se generan.

El director de operaciones de la AAUD, Omar Poveda, dijo que están “analizando qué se va a hacer después de 2023”. Tras una visita que realizó al lugar junto con el diputado Crispiano Adames, presidente de la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional, determinaron que el área de reciclaje estaba “totalmente inundada de basura”, que habían muchas partes descubiertas y que no estaban dando tratamiento correcto a los lixiviados.

Pero se sentaron a conversar con la empresa. Le aplicaron multas por $360 mil —que la empresa se descontará de los $14 millones que le adeuda la AAUD— y tienen hasta el 15 de octubre para limpiar el área de reciclaje. El “compromiso” fue firmado por un año, y según el funcionario, los desembolsos se harán después de verificar que la empresa haya limpiado el área de reciclaje, haya arreglado el camino de acceso y haya implementado el tratamiento de lixiviados correctamente.

Poveda ignoraba los casos médicos reportados por contaminación en el área. Una investigación de la red periodística Connectas cita reportes del Minsa, denuncias del Ministerio Público e informes del Ministerio de Ambiente que sustenan casos de envenenamiento en las comunidades circundantes a Cerro Patacón. “Es muy difícil determinar que las muertes hayan sido por los lixiviados con la cantidad de contaminación que hay en el área. Pero puede ser, vamos a seguir investigando y las autoridades de salud deben meterse en el tema”, dijo.

El pago anual a Urbalia es de $2.5 millones por el tratamiento y la disposición final que incluye el cubrimiento con tierra, aplastarla para sacar los lixiviados que van a unos tubos y luego a unas lagunas y después son cubiertos, explicó Poveda.

La ambientalista Alida Spadafora cree que hay negocios e intereses detrás de la recolección “como se hace hoy en día”. Piensa que los contratos —la mayoría— no son conducentes a un manejo integral de los residuos. En el contrato de Cerro Patacón, el Estado se compromete a llevar mil toneladas diarias, cuando la tendencia debería ser a reducir, explica. “Es un sistema difícil de romper”, concluye la exfuncionaria con conocimiento de causa. Manejó el tema de la basura desde la alcaldía en la administración pasada.