El 44% de los detenidos en Panamá no puede aspirar al trabajo comunitario

Casi la mitad de la población carcelaria del país está tras las rejas en espera de un juicio, en fase de investigación o preventivamente. Para ser más precisos, 7,487 de ellos -el 44%- no puede si quiera pensar en pedir un reemplazo de pena por trabajo comunitario porque ni siquiera ha sido condenado.

La cifra es significativa ante las avalancha de críticas que recibió esta semana el reemplazo de cárcel por trabajo comunitario al empresario Raúl de Saint Malo, hermano de la ex vicepresidenta Isabel de Saint Malo.

El empresario fue condenado a 60 meses de prisión por el caso Odebrecht. No pisó la cárcel un solo día. Finalmente, esta semana le fue conmutada la pena por 960 días de trabajo comunitario que realizará todos los viernes de 8:00am a 4:00 pm en la Junta Comunal de Ancón.

Allí, según la Jueza de Cumplimiento que le conmutó la pena, Irma Arosemena, expiará la pena por blanqueo de capitales, porque “el Sistema Penal Acusatorio considera que es más práctico que quien lastima a la sociedad trabaje para ella como una forma de resarcimiento”, dijo la jueza durante la sustentación del cambio de medida.

Y hubo más. Este diario recogió las citas más importantes emitidas en dicha audiencia. Entre ellas la siguiente: “No es un secreto la crisis carcelaria que se vive en Panamá, y los que nos dedicamos a esto sabemos que la cárcel no ha podido resolver el problema de resocialización”.

Si para una persona condenada tras confesar un delito es 'difícil resocializarse', qué esperanza tendría siquiera una persona que ya está en la cárcel sin haber sido condenado, a expensas de “enfermedades físicas y psicológicas” -en palabras de la Jueza Arosemena; de seguir con su vida si es declarada inocente. Y esto puede pasar meses, incluso años después de iniciarse un proceso.

Y es que la detención preventiva es necesaria y legal en muchos casos. El hábeas corpus garantiza -en teoría- que una persona no puede pasar más de 24 horas detenido sin ser acusado. Pero el mal sabor que deja a la sociedad las últimas decisiones judiciales en casos de alto perfil -con acusados de alto perfil también- no ayuda a recomponer la imagen de una Corte Suprema de Justicia que hasta el 30 de abril tenía 84,596 casos por fallar.

Hay otros casos de alto perfil que en pasadas administraciones también abonaron a la sensación de impunidad que revivieron estos fallos en las últimas semanas. Y es que las sentencias no absuelven a los acusados. Los declaran 'no culpable' porque la ocurrencia del delito es indiscutible. Lo que pasa en el camino, entre casos mal sustentados, poco presupuesto para el Ministerio Público, los quiroprácticos políticos que pululan entre la Asamblea y el Ejecutivo y los tecnicismos son los que terminan liberando -vía 'no culpabilidad' o sobreseimiento provisional o definitivo- a los investigados.

Los casos donde la ciudadanía esperaba sanciones ejemplares -y se decepcionó- son muchos. El caso del sistema SAP en la Caja de Seguro Social durante la administración de Saéns-Llórens, la denuncia de fraude por evasión de cuotas que denunció el ex director Alfredo Martiz, el caso de la Carretera de Chitré, el caso Financial Pacific, el caso de falsificación de visas durante la administración de María Cristina González en Migración, la venta de terrenos en Tocumen de la Universidad de Panamá, Riegos de Tonosí, el Programa de Ayuda Nacional, bolsas navideñas, el caso de la Caja de Ahorros, el caso de las bolsas de comida, los radares, la Ciudad Hospitalaria, Buko Millonario, Pandeportes...la lista es larga. La mayoría se cerró con sobreseimiento provisional o definitivos.

De hecho, de los 109 casos de alto perfil que reportó el Ministerio Público en su página web, el 52% está estancado en el Órgano Jucial, el 23% está 'en investigación', el 21% de ellos fue cerrado con sobreseimiento provisional y solo el 4% terminó con una condena. Aunque una condena no es siempre sinónimo de justicia.

Las cárceles panameñas están sobrepobladas en un 12% según las estadísticas del Sistema Penitenciario. La capacidad de las cárceles es de 15,222 personas y ya hay 1,967 por encima de su capacidad.

A nivel regional el flagelo tiene la misma cara. Los resultados preliminares de un estudio sobre cárceles en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) da cuenta de En América Latina y el Caribe que en la región hay un millón y medio de personas encarceladas. Que esas cárceles están repletas de personas que esperan una sentencia; que no hay divisiones apropiadas entre delincuentes de diferentes niveles de peligrosidad; que a veces faltan alimentos y espacios; que el 42% de los presos duerme en el suelo; que el 20% no tiene acceso regular a agua potable; que sólo un tercio ha podido realizar una llamada telefónica a sus familiares y un escaso 17% ha recibido visitas personales en alguna ocasión.