¿Qué reformas constitucionales desataron las protestas en la Asamblea y quiénes las propusieron?

Las universidades oficiales perderían su función de acreditar los planes de estudio y carreras en todas las universidades del país. Además, se incrusta la "asistencia financiera" a universidades particulares, lo que a la postre se traduce en apoyo financiero a la ya rentable actividad de educación universitaria particular.

Estos, de aprobarse dos propuestas de un bloque de diputados de la Asamblea Nacional que fueron presentadas el jueves pasado en la coyuntura de las discusiones para reformar la Constitución. 

Los diputados proponentes de la modificación son:

La primera propuesta de los diputados crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior de Panamá. Sería un organismo con autonomía administrativa, académica, personería jurídica y patrimonio propio.

Actualmente existe el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) que está formado por universidades oficiales y particulares y otras entidades. Su presupuesto lo maneja del Ministerio de Educación y es la que acredita las carreras de las distintas universidades del país. La acreditación es optativa y ocurre seis años después de creada una carrera, explicó la exdirectora de Coneaupa, Mariana de McPherson. 

La aprobación de la carrera, en cambio, es obligatoria y sujeta a la Comisión Técnica de Desarrollo Académico, que está formado por las cinco universidades oficiales del país: a UP, la UTP, Udelas, Umip y la Unachi. 

La segunda propuesta de los diputados es al Artículo 104 de la Constitución que garantiza la dotación de recursos a las universidades oficiales para su operación. El nuevo artículo detalla que todas las universidades, oficiales y privadas, estarán exentas de todos los impuestos, arbitrios y contribuciones. Además, extiende a las universidades privadas las asistencias económicas "para el cumplimiento de sus propios fines".

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, calificó como "nefastas" ambas propuestas. Dijo que buscan quitar a las universidades oficiales la potestad de ser la fiscalizadora de la educación superior y además, canaliza recursos "que tanto requieren las universidades publicas" al negocio de las universidades privadas.

Los estudiantes de las cinco universidades oficiales, la UP, la UTP, Udelas, Umip y la Unachi, declararon ayer a los diputados proponentes como "enemigos de la educación superior en Panamá". Los dirigentes estudiantiles dieron plazo a la Asamblea hasta el 25 de octubre para que se retire a las universidades particulares de la modificación del Artículo 104 de la Constitución, que les extendería la asistencia económica estatal. 

Ante las protestas de los estudiantes que este mediodía se tomaron los predios de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, anunció en Twitter que ambas propuestas serán eliminadas.

McPherson vaticinó horas antes a este medio que la presión ciudadana impediría que se aprobaran las propuestas. Pero indicó que en otros países las universidades acreditadas reciben más apoyos del Estado, que no necesariamente tienen que ser en dinero. Esto, sostiene, puede ser un incentivo para elevar la calidad educativa universitaria, porque tendrían que competir por fondos con resultados, algo que ya tienen aseguradas las universidades oficiales por ley.