'Picuiro', los ojos y oídos de Varela en el Gobierno

Rolando López, exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, estaba dispuesto a defender al entonces presidente Juan Carlos Varela “hasta la muerte en todos los sentidos”. Era un yes man. En todo lo complacía. Seguía órdenes expresas de su jefe, a quien llamaba “comando”, aún bajo el riesgo de saltarse la Ley.

En una ocasión, con el afán de identificar a un tuitero que había colgado mensajes ofensivos contra Varela desde Miami, Florida, Estados Unidos, “Picuiro” pidió apoyo al FBI para ubicarlo y tratar de bloquear su cuenta.

Los chats divulgados en el portal Varelaleaks.com muestran las supuestas conversaciones del expresidente Varela con diversas figuras gubernamentales, entre ellas el director del Consejo de Seguridad. Por considerar que se trata de funcionarios públicos, este medio reproduce las aparentes comunicaciones para que la sociedad las aprecie en su contexto.

López era más que los ojos de Varela en todas partes: en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en las redes sociales, en los casos policiales, en las manifestaciones y cierres de calles. Pero especialmente, era su radar en todos los movimientos del expresidente Ricardo Martinelli, recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Mantenía al “Comando” (así lo llamaba) al tanto del número de homicidios, capturas de droga, secuestros, ingreso al país de terroristas, protestas, cierres de calles que por lo general se registraban un mínimo de cinco diarias en todo el país, como parte de su responsabilidad.

Sin embargo, los hilos del poder en la administración de Juan Carlos Varela se entretejían entre el Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y la Procuraduría General de la Nación. Un supuesto chat entre el mandatario Varela y López revela cómo éste reportaba al presidente quién entraba al Ministerio Público, a quién apresaban, qué lugar allanarían, quién salía con medida cautelar...

Según el portal, el mandatario ordenaba a López “recoger” a tuiteros que lo insultaban en las redes sociales, cosa que enfurecía a Varela.

El cruce de información entre Varela y López muestra una manipulación de la administración de justicia y de los expedientes que pasan por los despachos de los magistrados de la CSJ para controlar los votos. Deja al descubierto conversaciones para trazar estrategias legales e impedir que los recursos prosperen en la Corte.

En septiembre de 2018, Martinelli interpuso un recurso de fianza que le fue negado.

Antes de conocer el resultado, “Picuiro” conversaba con el magistrado “Z” (Abel Zamorano, supuestamente). “Dice que la vaina está dura”, era el reporte del magistrado que reenvió a Varela.

Media hora más tarde, López comunicó a Varela: “no sale el capo”, según le había informado el magistrado Cecilio Cedalise.

“Espero que ganemos, ayer hablé con ellos”, pronosticó López, según el portal.

“Excelente, ¿cómo quedó la votación?”, preguntó el jefe.

“Picuiro” respondió: “6 a 3”, no sin antes acusar a la magistrada Ángela Russo de inclinar su voto a favor del expresidente.

En octubre, López notificó a Varela, a propósito de una fianza de excarcelación que había interpuesto el expresidente, que habló con el magistrado “Z”, y con JRF (Juan Ramón Fábrega). Además hablaría con “Cedalise” (Cecilio Cedalise) y “AP”, presuntamente Ayú Prado, para que no concedieran libertad condicional al exgobernante.

López negó a La Estrella de Panamá que buscó votos en la Corte para este propósito. Agregó que los chats de los “varelaleaks” están alterados.

La injerencia en la Corte no solo se evidencia en el caso de Martinelli, también con el del empresario Abdul Waked.

“¿Tú sabías que Zamorano aceptó la demanda al Estado del caso Waked?”, inquirió el mandatario.

“No, señor, hoy hablé con él y no me dijo nada de eso. La vez pasada había rechazado, pero hoy hablé con él sobre el caso del señor (supuestamente Ricardo Martinelli) y teme porque nos falta un voto. Me pidió hablar con usted”. La frase viene acompañada de la captura de pantalla que muestra la conversación entre el magistrado Zamorano y López, en la que éste justificó la admisión de la demanda porque había cumplido con los requisitos. El mismo magistrado añadió: “Que Rigoberto (González Montenegro, procurador de la Administración), apele”.

Emplear el poder del Estado desde el Consejo de Seguridad para detener y censurar a tuiteros que insultaban al presidente o posteaban fotos de ciertos allegados, era una de sus prácticas. Este tipo de mensajes, aparentemente, desesperaban, enojaban y herían profundamente a Varela. A tal grado de exigir a “Picuiro” identificar a los dueños de las cuentas. El director del Consejo les daba seguimiento, los capturaba, los trataba “duro”, los obligaban a bajar sus cuentas y luego los conducía con un Juez de Paz para sancionarlos con $5.

Así fue el caso de @edunar, quien posteó un mensaje insultando al presidente varela. “Picuiro” hizo un puente con uno de sus seguidores para solicitarle que baje el mensaje. Ante la negativa de @edunar, “Picuiro” decidió capturarlos a ambos y conducirlos a la autoridad.

“Es un anárquico”, calificaba “Picuiro”, al tiempo que informaba a Varela que había solicitado la información de las antenas del celular para ubicarlo. Ya había recorrido ocho lugares y no lo había encontrado.

“Me avisas cuando arrestas a esos imbéciles”, decía supuestamente Varela, según el portal.

López lo tenía ubicado, pero pendiente de captura.

“Que lo lleven al juez, lo sancione y borre eso. Y como se refiera más al tema, que lo vuelvan a conducir”, demandó Varela. “Tienen que respetar”, exigió. “Sí, señor”, acató López.

Por su parte, el seguidor colgaba los mensajes en Miami, Florida, así que para atender la demanda del “Comando”, López decidió solicitar apoyo al FBI.

Capturado el tuitero en Panamá, accedió a borrar el mensaje en el Juzgado de Paz, donde fue multado con $5.

“Lo tratamos duro, pero estos jueces son una basura. Hubiese sido acusarlo (sic) en una fiscalía, lo único que iba a demorar en bajar el mensaje hasta que se le detuviera”, describió López, quien sugirió al mandatario evaluar una querella en su contra.

En varios casos López repitió la misma práctica con otros tuiteros. Se apoyaba en informes de inteligencia para armar un perfil. Localizaba el IP de la computadora gracias a la ayuda del equipo tecnológico del Consejo, ubicaba al sujeto y lo obligaban a tumbar las cuentas.

El tiempo que esto tomaba desesperaba a Varela, que al otro lado del teléfono no cesaba las órdenes: “Ubíquenlo. Que los baje”. Mientras López le aconsejó que debía presentar una denuncia por difamación.

“Solo hacerlo con fuerza y prudencia para no agrandar el ataque”, instruyó Varela.

Acciones de este tipo algunos juristas las interpretan como terrorismo de Estado, debido al recorrido intimidatorio y la violación a la libertad y movilidad ciudadana.

El tuitero @edunar denunció que había sido secuestrado por cuatro agentes de seguridad sin ningún tipo de orden legal, que lo esposaron de manos y pies y lo condujeron a un juzgado, “supongo que por órdenes del Presidente”, escribió.

También hay registro del caso de @reneforde28 que llamó “hipócrita y basura” al mandatario.

“Mandalo a buscar”, decretó Varela. “Ya lo están buscando, le presento foto esposado”, respondió su fiel ejecutor.

López estaba al tanto de las personas que acudían a indagatoria en el Ministerio Público y todo lo reportaba al “Comando”. Así ocurrió cuando Marta Linares de Martinelli arribó a la Fiscalía Superior Anticorrupción citada por el caso Blue Apple. La vinculaban por una cuenta a su nombre, pero ella se acogió al artículo 25. De esto le informó a Varela.

En otra ocasión, el 21 de septiembre de 2018, reportó al “Comando” que Melina Cano, asesora del exministrode Obras Públicas Federico Suárez, procesada en el caso Blue Apple, rendía indagatoria y que era posible que fuese aprehendida. Dos horas más tarde, López confirmó que el fiscal Aurelio Vásquez decretó medida cautelar de detención preventiva en perjuicio de Cano.

Este medio pudo confirmar que en noviembre de ese año, Cano recibió una medida cautelar de casa por cárcel en reemplazo de la detención preventiva.

De igual forma, chateaba al mandatario de los allanamientos que hacía el Ministerio Público.

¿Por qué usted estaba al tanto de lo que ocurría en el Ministerio Público?, inquirió “La Decana” a López.

“En las postrimerías de las audiencias, cuando se daban a conocer los veredictos y se enteraban las partes procesales, entonces me informaban a mí y yo al Presidente, por cortesía y por lo que pedía antes. Lo demás son alteraciones del chat”, dijo ayer López. No obstante ,el Consejo de Seguridad o la Presidencia no hacían parte de los procesos.

Los Varelaleaks.com no son más que una confirmación del trabajo de investigación publicado por este diario titulado “La mano paralela de la justicia”, en el que se reveló la injerencia del Ejecutivo en la investigación en casos de corrupción puntuales.

Casi al final de septiembre, López notificó a Varela que había recibido un mensaje de la Mayor Damaris, sobre la salida de un equipo con tres unidades hacia San Carlos para una diligencia con la fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore, para aprehender la finca del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.

A los pocos minutos, López notificó al presidente que el fiscal Vásquez ordenó la conducción de Suárez. Pronto le informaría que había sido detenido en un hotel de la localidad. Las conversaciones entre ambas figuras ocurren entre septiembre y octubre de 2018.

Martinelli podría ocupar todo un capítulo entero en el chat de Varela y “Picuiro”. Da la impresión de que tenía obsesión por conocer todos sus movimientos en prisión: con quién conversaba, la lista de abogados que lo visitaban, extranjeros, familiares, las notas en papel amarillo que escribía, su condición de salud... Incluso el manejo del reo, a quien llamaban “Ruiseñor”, y los supuestos beneficios de los que gozaba motivaron a Varela a remover al director del Sistema Penitenciario, Abel Price, “porque no tenía diploma”.

Siempre estaba presente la idea de trasladar a Martinelli a La Gran Joya. Pero nunca sucedió, en parte porque “Picuiro” y Varela no lograron obtener del Ministerio de Gobierno una nota justificando la medida a causa de un motín.