¿De qué vivirán los suspendidos?

El ansiado y esperado día D, finalizada la crisis del Covid-19, traerá consigo una nueva realidad económica tal vez no tan alentadora como el anhelado momento de poder abrir la puerta de casa y dejar atrás la cuarentena.

Pasada la primera quincena de abril, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) deberá reforzar el personal y la capacidad de respuesta para la avalancha de peticiones por suspensión de contratos y despidos que parecen reproducirse a una velocidad mayor que el contagio del virus. Los empleadores encontrarán sus empresas sin ingresos, y nada garantiza que al abrir las puertas empiecen las ventas.

En una semana, el número de solicitudes de suspensión de contratos se triplicó. El 8 de abril, el Mitradel daba cuenta de 18 mil contratos suspendidos; cinco días después se registraron 33 mil; el 15 de abril pasado se contaron 50 mil, y para hoy es probable que se registren 70 mil solicitudes de suspensión de contratos, esto sin incluir la lista de educadores que engrosará esta fila luego del anuncio del Ministerio de Educación sobre la interrupción de las clases virtuales, que se apareja con el riesgo de que los padres de familia no puedan hacer frente a las mensualidades. Todos estos datos detallados, con el nombre, número de cédula, sitio de trabajo están tabulados en el Mitradel y llegan al despacho de la Presidencia actualizados cada día.

¿Con qué liquidez cuentan las empresas para hacer frente a los compromisos salariales y de otra índole, con los negocios cerrados, a partir del 16 de abril en adelante? Muy poca o nula. ¿Cómo vivirán estas personas a las que se les suspendió el contrato?

Un estudio efectuado en 2015 por la firma PMorgan Chase, que se explica más adelante en este artículo, evidenció que el colchón económico, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas es menor a un mes, mientras que las compañías más robustas, como el sector de bienes raíces, aguantaría aproximadamente 47 días.

El Gobierno tuvo acceso a $1,300 millones de una línea de crédito que pusieron a disposición las instituciones financieras internacionales. Estos fondos, además de luchar contra el Covid-19, podrían destinarse para el funcionamiento del Gobierno central y planillas, así como para cubrir el costo del plan Panamá Solidario que se traduce en bolsas de comida y bonos para la población más vulnerable. Pero también pueden servir para aportar un ingreso a esos trabajadores con contratos suspendidos.

Aunque hasta el momento el Ejecutivo no ha oficializado la ayuda a estas personas, se debe analizar la capacidad financiera del Gobierno para afrontar esta compensación, como ocurre en otros países.

El Ministerio de Economía y Finanzas facilitó la obtención de fondos del extranjero; qué hacer con ese dinero es una decisión que descansa en el Ejecutivo. El Mitradel tiene la lista identificada de trabajadores cesados. Es posible que el subsidio, a quienes se les ha suspendido el contrato, se active a través del mecanismo de la cédula, el monto, cuándo y cómo, deberá establecerlo el Gobierno.

Si el Ejecutivo otorga una cifra sustituta al salario de los cesados, por ejemplo de $400 mensuales para 100 mil suspendidos, representaría un monto de $80 millones al mes para este sector de la población afectado. En un escenario aún más dramático, suponiendo que se dispare el número de contratos suspendidos y alcance los 200 mil, se requerirán $160 millones tomando en cuenta la imaginaria cifra de $400 dólares por cada contrato suspendido. Si es manejable o no el monto, corresponde al Gobierno y a la mesa económica decidir, lo que definitivamente deberán analizar es cuál sería la situación en caso de no ejecutar esta acción y cómo impactaría a las familias, que ya incluyen a la clase media.

La única medida concreta que se ha anunciado en cuanto al destino de las líneas de crédito a las que obtuvo acceso el país, es el financiamiento para el sector agropecuario y las pymes, que aún se discute si será a través del Banco Nacional y/o la banca local, que suma $300 millones. Este dinero dará un oxígeno a las empresas que necesiten refinanciar sus deudas y requieran liquidez para afrontar el estado en que encuentren sus negocios cuando el Gobierno dé luz verde para su apertura.

“Los siete sectores que se verán mayormente impactados por la pandemia, y que han generado en los últimos cinco años tres de cada cinco nuevos empleos, se contraerán entre un 50% y 60%. Sus finanzas estarán golpeadas, por lo que es casi seguro que no podrán hacer frente a sus compromisos financieros y laborales”, manifestó el consultor empresarial René Quevedo.

Estos sectores representan 936,652 empleos, de los cuales el 45% (423,120) es asalariado. Por otra parte, los trabajadores informales que representan 716,113 y los asalariados que laboran para empresas de 10 o menos trabajadores (296,259) representan más de un millón de trabajadores (1,012,372), que se traduce en el 53% de la fuerza laboral panameña. “En este contexto, el Covid-19 es una real e inminente amenaza a la estabilidad económica, laboral y social de nuestro país”, añade Quevedo.

Entre los sectores más afectados se encuentra el comercio al detal que emplea al 17% de la fuerza laboral, el de logística y transporte (11%), hoteles y restaurantes (9%), servicios administrativos y de apoyo (7%), actividades financieras y de seguros (4%) y entretenimiento (2%).

No obstante, el otro lado de la moneda del Covid-19 genera un impacto positivo sobre actividades relacionadas a la pandemia: salud (10%), negocios desde el hogar (5%), agricultura (4%), explicó Quevedo. (Ver tabla de la Contraloría sobre la población ocupada mayor de 15 años por categoría de ocupación hasta agosto 2019).

En otros países, los gobiernos han optado por subsidiar la falta de ingresos de los trabajadores con un cheque que llega a su casa. Pero en Panamá, a pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha conseguido fondos internacionales para hacer frente a la crisis, el Gobierno cuenta con recursos limitados. Si es verdad que en la actual crisis los gobiernos han adquirido un rol protagónico en salvar las economías e inyectar capital al sector privado, no puede mirarse como una piñata en la que cada quien recoge su bolsa de dulces.

El mes pasado los ingresos del Estado cayeron por la mitad debido a la paralización a consecuencia del Covid-19. Pero para abril, según algunos analistas consultados, podrían caer hasta en un 80%. Entre las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para paliar la crisis financiera, se menciona la reducción por $2 mil millones en el presupuesto, paralización de inversiones, además de congelar los salarios y los nombramientos.

Aunque el Gobierno libere la restricción para algunas actividades y permita reabrir algunas áreas de la economía para echar a andar el motor, se establecerá la oferta pero no así la demanda. Esto afectará a un sector de estas empresas y trabajadores que no son sujetos de crédito y no podrán contar con los planes gubernamentales para aliviar la crisis de sus empresas o situación laboral, no así a quienes han cumplido con su historial de crédito y se encontraban al día antes de la pandemia.

La tercera fase de la crisis se centra en la reactivación económica que se acompaña de la recuperación del empleo, que la mayoría, a criterio de Quevedo, será en el sector informal, cuatro de cada cinco nuevos empleos entrarán en esta categoría. A corto y mediano plazo, sugiere el consultor, deberán instrumentarse acciones para estimular el consumo, requisito indispensable para la viabilidad y sostenibilidad financiera de empresas, independientemente de su tamaño, y trabajadores independientes e informales.

¿Cómo van a pagar estas personas sus compromisos bancarios y servicios? Como diría un banquero consultado por este medio, “un banco lo último que quiere es quedarse con la garantía del préstamo de su deudor, o embargar su casa. Todo es revisable, no se trata de venir con un hacha en las manos para quitarle la casa o el negocio a los clientes. Hay que llegar a acuerdos con los deudores, porque también hay que proteger a los depositantes”.

A medida que pasa el tiempo de cuarentena se agota la liquidez de las empresas para permanecer en el mercado mientras dura la tormenta del virus.

En marzo pasado, la especialista en negocios y comercio al detal Kate Taylor escribió en Business Insider sobre un análisis del Instituto JP Morgan Chase, en el que descubrió que de febrero a octubre de 2015, de 597 mil empresas pequeñas solo la mitad tenía reserva en efectivo lo suficientemente grande como para soportar 27 días sin negocios, la otra mitad no.

JPMorgan Chase, después de hacer los respectivos cálculos, concluyó que la mayoría de ellas se quedaba sin días de amortiguación en un mes. El promedio de efectivo en estas pequeñas empresas fue de 27 días. Una cuarta parte de ellas tenían efectivo para soportar 13 días de reserva.

De acuerdo con la industria calcularon el colchón de liquidez que podrían tener esas empresas para paliar la crisis: Restaurantes: 16 días; servicios de reparación y mantenimiento: 18 días; comercio al detal 19 días; construcción: 20 días; servicios personales: 21 días; comercio al por mayor: 23 días; fabricación de maquinaria: 28 días; servicios de salud: 30 días; manufactura de alta tecnología: 32 días; servicios profesionales: 33 días; servicios técnicos: 33 días y bienes raíces: 47 días.

A manera de comparación, en Panamá, solo en comercio (mayorista y detallista) y hoteles y restaurantes, dos áreas severamente impactadas por el Covid-19, trabajan 451 mil personas

Como aspectos negativos, según el criterio del consultor Quevedo, es previsible un aumento de la desocupación de la población joven y el agravamiento de la delincuencia, en un país que ya vive la más alta tasa de desempleo juvenil y peor explosión delictiva de su historia.