Convergencia Sindical pide veto a ley que crea régimen para empresas manufactureras

La agrupación obrera Convergencia Sindical pidió al presidente de la República, Laurentino Cortizo, el veto del proyecto de ley 355 que crea el régimen especial para la operación de Empresas Multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la Manufactura (EMMA).

Convergencia Sindical advierte que este proyecto de ley exonera del pago de cuotas a la Caja del Seguro Social (CSS) para el personal extranjero que las multinacionales traigan a laborar en Panamá; descarta el límite de 10% que establece el Código de Trabajo, para la contratación de extranjeros y extranjeras con relación a los y las nacionales; y elimina los domingos como días de descanso semanal obligatorio, con el pago del respectivo recargo de 50% sobre el salario, cuando se tiene que laborar ese día.

Advierten que este proyecto, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 6 de agosto, impone el establecimiento de un sistema laboral en permanente violación de derechos fundamentales de la clase trabajadora en Panamá.

De igual manera, asegura la agrupación, que el documento establece un régimen fiscal que concede una serie de privilegios y beneficios para estas corporaciones manufactureras.

Dentro de estos beneficios señalan la exoneración del pago del impuesto sobre la renta durante 5 años, después de los cuales pagarían solo 5%, mientras que la clase trabajadora debe pagar 11% y el resto de las empresas 25% del impuesto sobre la renta.

Además se les exonera del uso de máquinas registradoras fiscales, obligatorio para todas las grandes empresas, el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), el pago de impuestos, tasas o derechos de importación sobre todo tipo de mercancías, el pago del impuesto de aviso de operaciones, el pago del impuesto sobre la renta por la venta de residuos objeto de reciclaje y el pago de impuesto por dividendos y del impuesto complementario a las sucursales.

Convergencia Sindical señala que, de ser sancionada esta ley, se darán abusos contra la clase trabajadora y la economía nacional para beneficiar a las multinacionales maquiladoras que, en países de Centroamérica y del continente asiático, han creado condiciones sociales y labores precarias.