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18 de Jan de 2021

Nacional

FCC busca responsabilizar al Estado por controversia de la Ciudad Hospitalaria

El planteamiento de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas S. A. (FCC), de solicitar a la Caja de Seguro Social (CSS) la disolución unilateral del contrato para la construcción de la Ciudad Hospitalaria de Panamá, acarrearía mayores costos monetarios para el Estado ante una posible demanda.

El planteamiento de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), de solicitar a la Caja de Seguro Social (CSS) la disolución unilateral del contrato para la construcción de la Ciudad Hospitalaria de Panamá, acarrearía mayores costos monetarios para el Estado ante una posible demanda.

Las obras de la Ciudad Hospitalaria tienen un avance general del 65%.Archivo | La Estrella de Panamá

A este análisis arriba Roberto Ruiz Díaz, exdirector de Contrataciones Públicas (2001-2003), quien explicó que “esto le da opciones (a FCC) para reclamar perjuicios, lucro cesante y cualquier otro, porque unilateralmente se está rompiendo el contrato”.

El exfuncionario considera que el mejor camino es la disolución de esta relación contractual a través de una negociación, o la cesión del contrato por parte de la empresa.

Agrega que así como la empresa ha incumplido, el Estado también lo ha hecho con la medida de suspensión de la obra durante la pasada administración de Juan Carlos Varela.

La CSS evalúa la respuesta que dará a la carta de la empresa FCC, aunque Enrique Lau Cortés, director de la entidad de seguridad social, adelantó que la misma será en función del interés nacional.

La constructora de uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim, planteó la disolución del contrato del megaproyecto licitado en 2012 durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, que tenía como fecha de entrega julio de 2015. Pero que instalada la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), se detectaron 36 irregularidades en la obra, que la entonces empresa española debía corregir.

Lau Cortés explica que la española envió una nota en la que argumentó que una situación de fuerza mayor los llevó a solicitar la cancelación del contrato.

La CSS manifestó su interés de concluir las obras con empresas panameñas y cancelar los trabajos efectuados por la española. Buscaban un acuerdo con los representantes de la constructora que permitiera concluir las obras.

“La carta llegó de improviso. Nosotros habíamos marcado algunos puntos y súbitamente nos presentan una carta... Eso obviamente tendrá una respuesta contundente y defenderá los intereses nacionales”, aseguró Lau Cortés.

FCC había presentado facturas en octubre de 2019 por la suma de $15 millones que la administración de la entidad no había cancelado. Adicional a la factura, la española presentó un reclamo por $65 millones en concepto de “permanencia extendida”, es decir, por estar en el proyecto más del tiempo estipulado en el contrato.

Este reclamo abarca el periodo de julio de 2015, cuando se debió concluir la obra, hasta diciembre de 2019. La contratista también reclama $7 millones por los planos del Instituto Oncológico que supuestamente no estaban autorizados por la CSS.

La CSS, por su parte, reclama a la empresa $30 millones en concepto de multa por no haber entregado la obra a tiempo. FCC sustentó que no se les pagaba a tiempo y se vieron obligados a desacelerar el proyecto.

Además, argumenta que la falta de definición del gobierno anterior sobre el proyecto, afectó el desarrollo de la obra. La Ciudad de la Salud tenía un costo proyectado de $517,507,127. Estaba concebida como un conjunto de edificios que albergarían especialidades médicas.

Las obras tienen un avance general del 65%. Pero se contempla que el costo final de la obra sería de $727 millones.

Investigan sobornos

El megaproyecto está sujeto a una investigación en España por supuesto pago de sobornos. A FCC se le imputaron cargos por corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. La investigación se originó en 2017 por una querella contra un asesor de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal, hechos cometidos entre 2009 y 2015.