Balance del SPA: piden inversiones y reformas tras 4 años de implementación

Tras cuatro años de haberse implementado el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en todo el país, el balance que hacen los abogados es positivo aunque consideran que persisten las quejas relacionadas con las carencias de infraestructura, tecnología y atención a los usuarios, lo que relacionan directamente al tema salarial y a la falta de incentivos.

A esta conclusión llegaron abogados litigantes consultados por La Estrella de Panamá, quienes hicieron un análisis del funcionamiento de este modelo procesal garantista.

El Primer Distrito Judicial de Panamá, donde se concentra el mayor número de casos en el país, fue la última región en la que se implementó el SPA, el 1 de septiembre 2016. El sistema comenzó primero en los distritos judiciales de las provincias donde se registra el menor número de casos.

Aunque los litigantes reconocen que el sistema garantista es más eficiente que el anterior, están convencidos de que se requiere de reformas e inversiones para optimizarlo.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), no tiene dudas de que el SPA tiene mayores cualidades que el Inquisitivo. Sin embargo, para garantizar la operación efectiva se requiere de una revisión permanente del modelo de justicia, de evaluaciones de desempeño de los funcionarios judiciales y adecuaciones legislativas.

“También es necesario un mayor presupuesto y estabilidad para los operadores de justicia”, señaló el líder del gremio abogadil.

Ángel Álvarez, abogado especialista en derecho penal, opina que el sistema ha permitido avances significativos en celeridad y transparencia de los procesos, y en el respeto de los derechos humanos y de las garantías judiciales.

“El cambio de modelo implica un efecto positivo en el mejoramiento de la justicia”, dijo Álvarez. No obstante, a juicio del litigante, la implementación del SPA ha tropezado con dificultades de espacio, de salarios y de carácter tecnológico.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en el pleno de esta entidad, tribunales de mayor jerarquía en el país, por ejemplo, no cuentan con soportes electrónicos para la digitalización de los expedientes y la programación automática de peticiones y audiencias, argumentó.

Otro de los problemas que requieren soluciones inmediatas es la digitalización de las carpetas, que facilita la información a las partes y elimina la utilización de papel y visita física en los despachos. La carencia del servicio resta transparencia en los procesos al no permitir el acceso a los interesados de manera oportuna, advirtió el penalista Álvarez.

También recalca que aunque la ley permite a los defensores y querellantes realizar solicitudes para recabar pruebas para un juicio, en la práctica existe un filtro que controlan los fiscales y que pone en duda el espíritu garantista del sistema.

“Ha habido un avance, pero necesitamos continuar mejorando cada día los jueces, fiscales y abogados que participamos, porque todavía no existen consensos en múltiples teorías del sistema, como el control judicial de la imputación y otros criterios sobre la búsqueda y recolección de pruebas que impiden la efectividad plena del sistema”, concluyó Álvarez.

Ernesto Cedeño, abogado penalista, también calificó de “aceptable” el funcionamiento del sistema. A su juicio es mucho más expedito y existe una mayor mediación. Pero al igual que sus colegas, está convencido de que la norma requiere de ajustes por los vacíos que existen, que jueces y fiscales interpretan a su manera. Cedeño, además, considera que los operadores judiciales deben ser nombrados por concurso de méritos.

Por último, Alfonso Fragela, exvicepresidente del CNA, concuerda en que una revisión al Código Procesal Penal permitirá que el sistema responda a las necesidades que exige la sociedad.