Proyecto de ley sobre salud mental propone derogar artículos del Código Sanitario

Actualizado
  • 16/10/2020 00:00
Creado
  • 16/10/2020 00:00
El Minsa prevé eliminar siete artículos en vista de que son discriminatorios, sin embargo, Anep muestra su preocupación sobre el tema

Desde hace un mes, el proyecto de ley 314, que establece políticas públicas de salud mental, se encuentra en espera de recibir una sanción o veto del Ejecutivo, luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.

El documento que presenta 21 artículos ha tenido la aceptación de especialistas y de las principales autoridades, ya que actualmente este campo de atención urge de una política estructurada.

El proyecto de ley, que tiene por objeto “garantizar el derecho a la salud mental mediante la promoción de esa salud, y la prevención y el tratamiento de trastornos mentales, conductuales y del neurodesarrollo”, también busca derogar siete artículos (123, 125, 126, 127, 128, 129 y 130) del capítulo tercero, instituciones especializadas de asistencia médico social, del título primero del libro segundo del Código Sanitario.

El jefe de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), José Calderón, indicó que los conceptos contradictorios encontrados dentro de cada uno de los siete artículos, llevaron a la necesidad de eliminarlos porque “no respondían al respeto de la dignidad humana de los pacientes”, así como a los convenios internacionales que Panamá ha firmado sobre derechos humanos, donde se reconoce la salud mental.

De acuerdo con Calderón, los puntos que se tomaron en cuenta para la derogación dentro del Código Sanitario con vigencia desde 1947 (73 años), fueron:

*Se utiliza la palabra psicópata como sinónimo de enfermo mental. Actualmente el término es un error conceptual.

*Se menciona la existencia de manicomios como centros de salud. Con los años, Panamá y el mundo han estado aboliendo esa idea.

*Se prohíbe la hospitalización de pacientes con problemas de salud mental en hospitales generales. La medida va en contra de las políticas que actualmente se tienen con respecto a la atención.

*Se restringe la entrada de extranjeros que tengan diagnóstico de salud mental.

*Solo se otorgará la ciudadanía a extranjeros que no presenten una enfermedad mental.

* Se promueve la segregación de los pacientes en instituciones que los declaraban incapacitados.

“En las consultas sobre si el proyecto de ley 314 contraponía alguna otra norma legal ya existente, fue el paso que nos permitió encontrar que en el Código Sanitario había esta serie de articulados que tenían conceptos discriminatorios e iban en contra de todas las cartas de derechos humanos que Panamá ha firmado y que las considera leyes de la República. Viendo la situación, se decidió incluir la derogación de los siete artículos para que así el proyecto de ley 314 tuviera un efecto claro y sin ninguna contradicción”, dijo Calderón a este medio.

Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación de Enfermeras (Anep), por su parte, expresó que le preocupa que un proyecto de ley de salud mental esté derogando artículos del Código Sanitario, un documento que rige el sistema de salud nacional. “Nuestra postura es que el proyecto de ley 314 no se sancione. La derogación que hace el artículo 21 de los artículos del Código Sanitario nos parece peligroso, por eso pedimos un veto parcial”, dijo la presidenta de la Anep.

Sobre si un proyecto de ley puede o no eliminar artículos de otras leyes existentes, Gabriel Silva, uno de los diputados proponentes del proyecto de la iniciativa, explicó a La Estrella de Panamá que “es importante saber que una ley puede derogar y modificar un código, porque es un derecho. Un código no está por encima de una ley”.

Reyes de Serrano criticó que el proyecto no fue ampliamente consultado con todas las partes interesadas. “Es necesario tener una legislación sobre políticas públicas en materia de salud mental, ese no es el problema, el detalle es que no fue ampliamente consultado con todas las partes interesadas; hasta donde entendemos solo estuvieron las instituciones de salud y algunas organizaciones, por ello criticamos la poca participación de psiquiatras, enfermeras especializadas y psicólogos. Nosotros conversamos con la presidenta del Instituto de Salud Mental y nos informó que solo tenía conocimiento de que había un borrador”, subrayó la presidenta de Anep, quien a su vez dijo que, de haberse dado los acercamientos pertinentes, no se hubieran dado las disconformidades al artículo 21.

El diputado Silva, sin embargo, señaló que para las discusiones se extendieron invitaciones al jefe de la Dirección de Salud Mental del Minsa, así como a sus psicólogos, la jefa del programa de salud mental de la Caja de Seguro Social, a la presidenta de la Asociación Nacional de Psiquiatría, miembros de la Asociación Panameña de Psicólogos, y psicólogos del sector privado.

El Coordinador Nacional de la Comisión Médica Negociadora Nacional, Domingo Moreno, indicó que ellos inicialmente tenían una contradicción sobre las derogaciones del artículo 21, que cambió cuando las autoridades y los diputados proponentes les explicaron a mayor detalle. “Indudablemente llegamos a ser conscientes de que el Código Sanitario tiene que adaptarse a las situaciones actuales y vigentes, por eso creemos que las modificaciones son adecuadas. Anep pide el veto, pero creo que hay que ser progresista y analizar bien si las contradicciones al artículo 21 no dejan que los otros artículos puedan llegar a reglamentarse”, dijo Moreno.

El jefe de la Dirección de Salud Mental del Minsa acotó que están abiertos a platicar con aquellos que puedan tener algún tipo de disconformidad sobre el proyecto de ley. “Con mucho gusto estamos abiertos a debatir los puntos que para otros no están claros, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Creo que la preocupación por la integridad del Código Sanitario es valiosa”, indicó Calderón.

Para Gabriel Silva, el proyecto de ley 314 se vuelve más necesario, ya que en medio de la pandemia la salud mental puede verse afectada por el confinamiento que ha durado siete meses. “En mi opinión, se puede sancionar tal como está. Es un proyecto noble y nos pone en el radar como uno de los países más sólidos en salud mental. Además, en sentido práctico no afecta el trabajo de atención de ninguna institución dedicada a estas áreas”, comentó el diputado.

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