En el país viven 942 personas en condición de apátrida

Una cifra inesperada y contundente surgió en el Censo de Población y Vivienda en el 2023: 942 personas viven en Panamá en condición de apátrida. No tienen documentación de su país donde nacieron, tampoco del que residen, Panamá. Este hallazgo expone una problemática silenciosa y compleja que va más allá de la estadística: pone en evidencia una lucha constante del Estado por garantizar el derecho a la identidad y evitar que nadie quede fuera del sistema.

A los 942 casos de apátrida, se suma otra realidad del país: los nacidos en Panamá que, por condiciones sociales, no son inscritos y estos casos en el Registros Civil se denomina subregistro de panameños.

Sharon Sinclaire, directora nacional del Registro Civil, ha sido una de las principales voces institucionales en explicar los matices entre subregistro y la apatridia, dos conceptos distintos que a menudo se confunden, pero que tienen implicaciones jurídicas, sociales y humanitarias completamente diferentes.

La apatridia se define como la condición de una persona que no es reconocida como nacional por ningún país, de acuerdo con su legislación. El subregistro, en cambio, es un problema de omisión: personas que nacen pero no son registradas oficialmente en el plazo legal establecido. Mientras la primera puede afectar a generaciones enteras, la segunda, aunque grave, puede resolverse con mecanismos institucionales más directos.

En Panamá, el subregistro ha sido históricamente un reto, sobre todo en regiones de difícil acceso. Sin embargo, las estadísticas recientes reflejan un progreso notable. En 2011, el 14% de los nacimientos no estaban registrados. Para 2022, esa cifra bajó a cerca del 1%, gracias a medidas estructurales como el control de los partes clínicos desde los hospitales, que son enviados automáticamente al Registro Civil.

Sinclaire explica que el 90% de los nacimientos en el país se producen en centros hospitalarios, y el 100% de ellos se registran. En los casos donde los padres no formalizan el trámite en los primeros seis meses, el Registro Civil se encarga de completar el proceso con la información médica, asignando un nombre de uso común al recién nacido. Así, se asegura que ningún niño nacido en una instalación médica quede fuera del sistema.

En las regiones rurales e indígenas, donde el acceso a servicios de salud es más limitado, el Estado ha desplegado una red de registradores auxiliares. En 2023, más de 5,000 nacimientos fueron registrados por estos funcionarios, 2,300 de ellos en la comarca Ngöbe Buglé, donde históricamente se han concentrado los mayores niveles de subregistro.

El censo reveló que el 97.4% de los nacimientos estaban registrados, mientras que el 2.6% no lo estaban. Entre los no registrados, 12,511 eran menores de un año, y más de 8,000 aún estaban dentro del margen legal para ser inscritos. De todos los casos sin registro, el 38% correspondía a niños nacidos en la comarca Ngöbe Buglé, una región que, a pesar de los avances, sigue necesitando atención diferenciada.

Sin embargo, la cifra de 942 personas en riesgo de apátrida plantea un desafío distinto. Estas personas no nacieron en Panamá, no poseen nacionalidad reconocida en su país de origen y tampoco han sido documentadas en Panamá. No son casos de subregistro; son personas atrapadas entre legislaciones, conflictos y fronteras invisibles.

La mayoría de estas 942 personas son adultas —entre 600 y 700 según estimaciones del Registro Civil—, pero también se identificaron menores en riesgo: 11 niños entre 6 meses y un año, 8 entre 1 y 2 años, 60 entre 3 y 7 años, 69 entre 7 y 11 años, y 88 entre 11 y 17 años. No están concentrados en una sola región; se encuentran dispersos en distintas áreas del país, fuera de las comarcas indígenas.

Algunos podrían ser migrantes que ingresaron por Darién y no han logrado regularizar su situación. Otros casos, más complejos, corresponden a personas que llegaron a Panamá décadas atrás escapando de conflictos armados, especialmente desde Colombia, y que nunca pudieron obtener documentación de su país de origen, bien porque los registros se perdieron o porque nunca fueron inscritos en sus países natales.

El país ha desarrollado un marco legal para abordar esta problemática. Panamá ha suscrito las convenciones internacionales de 1954 y 1961 sobre la apatridia, comprometiéndose a prevenirla y reducirla. Este compromiso se concretó con el Decreto Ejecutivo 10 de 2019, que reglamenta el procedimiento para reconocer a una persona como apátrida.

La legislación panameña prevé que cualquier institución del Estado que detecte un caso sospechoso de apatridia debe notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este, a su vez, solicita al Tribunal Electoral verificar si la persona está registrada en Panamá. Si no lo está, inicia una investigación para determinar si la persona tiene derecho a otra nacionalidad o si efectivamente se encuentra en condición de apátrida.

Este proceso incluye, cuando es necesario, pruebas de ADN para confirmar vínculos familiares que puedan permitir la inscripción como nacional por derecho de sangre. Si no hay posibilidad de establecer ese vínculo o el país de origen no reconoce a la persona como ciudadana, se reconoce su condición de apátrida y se le otorga residencia permanente bajo ese estatus.

Reconocer la apatridia, sin embargo, no implica automáticamente la nacionalidad panameña. Para obtenerla, la persona debe iniciar un proceso de naturalización. Mientras tanto, el carné de residente permanente permite que el apátrida trabaje, se identifique y acceda a servicios básicos, aunque no recibe un número de cédula nacional, ya que este es un derecho reservado a los ciudadanos.

Desde que se implementó esta política en 2019, al menos 25 personas han sido formalmente reconocidas como apátridas en Panamá. Sinclaire subraya que cada caso es diferente y requiere un abordaje técnico y humano a la vez.

Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de un niño nacido en Ecuador, hijo de madre panameña, que regresó al país sin haber sido registrado. La madre no contaba con documentación del nacimiento y no podía obtenerla. El caso se resolvió con una prueba de ADN que confirmó el vínculo biológico. El niño fue registrado como panameño, evitando así quedar como apátrida.

Otro caso plantea un vacío legal entre Colombia y Panamá. En Colombia, los hijos de extranjeros en situación irregular no obtienen automáticamente la nacionalidad, incluso si nacen en su territorio. Si esos niños tampoco son registrados en Panamá, quedan sin nacionalidad. En respuesta, el Registro Civil panameño ha desarrollado estrategias para identificar y documentar a estos menores cuando es posible.

Las dificultades también se presentan con los nacimientos en albergues de migrantes. Sin embargo, la política panameña es clara: todo niño que nace en el país, sin importar la situación migratoria de sus padres, tiene derecho a ser registrado y, por tanto, a una nacionalidad.

La lucha contra la apatridia en Panamá es multidimensional. Involucra al Registro Civil, la Cancillería, Migración, el Ministerio de Salud, MIDES, SENIAF y otras instituciones. La tarea es titánica, pero necesaria. Cada persona que logra obtener una identidad jurídica deja de ser invisible ante el Estado y la sociedad.

Aunque la cifra de 942 personas en riesgo de apatridia parece pequeña frente a la población total, representa un llamado de alerta sobre la fragilidad de ciertos grupos humanos ante la falta de documentación. Para ellos, la nacionalidad no es solo un derecho abstracto; es la llave para acceder a salud, educación, empleo y dignidad.