Los vicios de origen de la Constitución

El diario La Prensa ha venido promoviendo un excelente debate sobre la necesidad de una nueva Constitución. Destacados especialistas han dado sus opiniones y, desde luego, no existe un común denominador en cuanto a las alternativas. Para unos, debe convocarse una asamblea constituyente, originaria o paralela, que discuta y apruebe una nueva carta magna; para otros, el texto de 1972 merece acaso unas 12 reformas, las que deberían someterse a un referendo. No pocos sostienen que es indiferente el procedimiento y bien podría darse una constituyente o seguir las pautas de la cláusula de reforma. Estos juicios responden a una percepción académica sobre tan delicado asunto.

En el enfoque político, sin duda el más determinante, hay una notoria afinidad en las líneas del gobierno y de la oposición. Los sectores oficialistas consideran inoportuna una constituyente, la estiman perjudicial al clima de estabilidad institucional imperante y prefieren, por lo pronto, que siga vigente la Constitución de 1972. Sin embargo, el clima de estabilidad constitucional no se alteraría necesariamente por la convocatoria de una constituyente. En Colombia, cuando el presidente César Gaviria auspició la constituyente que aprobó la Constitución de 1991, no hubo alteración alguna, ni social ni política, a pesar de que el mismo Gaviria auguró que sus reformas provocarían un “revolcón político en su país”. El revolcón, como se sabe, desde hace rato se encuentra en otro sitio de Colombia y por otras causas. A su vez, los partidos coaligados en la oposición se inclinan por mantener el statu quo, porque son muy conscientes de que en esa obra está el sello paternal del “líder máximo de la Revolución”. Por lo visto no habría exageración si afirmara que en materia de reformas o de cambios constitucionales hay una alianza de hecho entre las fuerzas políticas para mantener como bien intocable la actual Constitución.

El tema constituyente tiene la edad de la Constitución de 1972, pues apenas fue expedida sus adversarios la señalaron como antidemocrática. En los últimos 30 años no ha habido pausa en la acción impugnadora de la Constitución y ha sido –y es– bandera de partido de entidades sociales y de ciudadanos que desean un cuerpo de normas fundamentales que responda a la voluntad de la nación. Dos han sido las recusaciones básicas y reiteradas hasta la saciedad: una, por razón de su origen y, otra, por razón de sus normas. Se recusa su origen porque se trata de una Constitución impuesta por un movimiento militar, que no fue sometida al cedazo del escrutinio del pueblo, y también se rechaza porque sus normas delatan una inspiración totalitaria, extraña a la tradición democrática de las instituciones patrias.

Los que se adhieren a la Constitución de 1972 evitan discutir los argumentos sobre su origen tan viciado y se limitan a ponderar las reformas que la aproximan a la carta de 1946. Su origen es un aspecto troncal que no debe soslayarse.

Para apreciar objetivamente el vicio de origen del texto de 1972, expongamos un símil de laboratorio. ¿Cómo se sentiría la oposición si la presidenta Moscoso derogara de un plumazo la Constitución vigente y le encargara a 21 asesores arnulfistas la redacción de una nueva carta, sin la participación de partidos y de la sociedad civil, y posteriormente fuera sancionada sin mayores trámites?

Solo de un análisis frío y objetivo de ese símil, la oposición actual se sumaría al reproche histórico que hoy existe por los vicios de origen de la Constitución torrijista. Mientras se tenga la convicción de que este país es de todos, no cabe la resignación de aceptar los hechos consumados de 1972.

En los argumentos que quedan expuestos descansa la exigencia moral de una constituyente que expida una nueva Constitución, con nueva nominación y con disposiciones correctamente discutidas y democráticamente aprobadas.

La oportuna iniciativa de invitar a los entendidos a discurrir sobre la importancia de una nueva Constitución, ha cosechado ya algunos frutos esclarecedores. Nadie duda que el buen desarrollo del Estado y de la sociedad, sus equilibrios internos, dependen muchas veces más del talante cívico de sus estadistas que de la excelencia de las normas. Ningún expositor en el pasado ni en el presente, como afirman los adversarios de la constituyente, ha hecho descansar las bienaventuranzas dignas del país en la expedición de una nueva Constitución. En recientes declaraciones, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi ha alertado con ejemplos relevantes sobre el probable equívoco que puede apoderarse de los neófitos en la materia. Las viciosas prácticas de la política, como bien lo ha dicho el distinguido constitucionalista, no encuentran ni su asiento ni su inspiración en las normas constitucionales. Asimismo, la existencia de los fraudes electorales, por ejemplo, no dimanan de una Constitución, sino de hombres siniestros. Y si los partidos democráticos y sus abanderados han sido víctimas del fraude, no se puede atribuir la extinción o derrota de un partido al contenido de sus banderas, sino a la aberrante conducta de quienes envenenaron las fuentes del sufragio. Sobre todo si por la naturaleza de sus banderas ejecutaron el fraude.

No se debe olvidar, como tarea adicional, que el desarrollo del sistema constitucional guarda íntima relación con la cultura política y democrática de un pueblo. Así como es impropio uncir bajo un mismo yugo a un buey junto a un ciervo para arar la tierra, con pasos para el desconcierto, tampoco pueden esperarse buenos resultados si solo nos apura un buen texto constitucional y poco se hace para la depuración de la política y de la misma sociedad tan infectada de autores, cómplices y encubridores.

La excelente docencia constitucional que viene auspiciando La Prensa sirve para que cada cual exponga sus respetables ideas. Es el preludio de lo que se debe hacer en una constituyente. Es el diálogo que no se dio al expedirse a golpe de ordenanza la Constitución de 1972. Esa es la diferencia y ella guarda relación con los derechos que tiene el pueblo de participar en la creación de sus instituciones fundamentales.