Janot: Porcell obstaculizó las investigaciones del Lava Jato

El exprocurador brasileño Rodrigo Janot, quien que puso en marcha la Operación Lava Jato, que ha llevado a prisión a decenas de empresarios y políticos de su país, reveló cómo la institución que dirigía su homóloga en ese entonces, Kenia Porcell, se rehusaba a colaborar con las investigaciones del caso Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción del último lustro.

La investigación "Lava Jato" desarrollada en Brasil descubrió una red de lavado de dinero multimillonario a través de la empresa semiestatal Petrobras, que se desencadenó en el hallazgo de un escándalo mayor, el caso Odebrecht —con dimensiones gigantescas y que vinculó a varios países de América Latina— en el cual se desarrollaron importantes movimientos fraudulentos en Panamá .

Janot se destaca por haber recuperado alrededor de 2 mil millones de dólares para su país y por haber solicitado la detención de senadores —entre ellos, al presidente de ese órgano del Estado— y expresidentes de la República, y entregó los acuerdos de delación de 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht dentro de la operación Lava Jato.

El haber acusado al presidente de turno, Michel Temer, de encabezar una red de corrupción y de obstrucción de la justicia, le costó el cargo y ataques legales contra su familia, evento que lo motivó a publicar un libro titulado 'Nada menos que Tudo' (Nada menos que todo), donde dedica un capítulo a Panamá.

Se trata del capítulo 14 denominado "La América en Llamas", donde señala que durante un año la exprocuradora Kenia Porcell obstaculizó las investigaciones que adelantaba Brasil sobre el caso Lava Jato, al retrasar con excusas irrelevantes la entrega de documentos requeridos para corroborar teorías criminales.

En el proceso de investigación de Lava Jato, la inteligencia financiera brasileña descubrió la existencia de una cuenta bancaria en el Istmo, que era manejada por una offshore (empresa fantasma) de la constructora Odebrecht y que formaba parte de un esquema para pagar sobornos.

En 2015, el equipo de trabajo de la investigación del caso Lava Jato solicitó de manera insistente a las autoridades panameñas los extractos de la cuenta bancaria. Incluso, para agilizar el trámite, los fiscales brasileños viajaron en dos ocasiones a Panamá. Pero todo parecía en vano.

“Los panameños, sin embargo, se rehusaban a facilitar los documentos, a pesar de que Brasil y Panamá eran signatarios de acuerdos de asistencia en materia penal, lo que los obligaba a dar esas informaciones”, destaca Janot en su libro.

Con el argumento de que los fiscales brasileños tenían que especificar las transacciones de las cuentas en las que estaban interesados, Panamá se convertía en el primer país que se rehusaba a compartir informaciones para esclarecer el escándalo de corrupción más grande del último lustro.

“Era como si los panameños dijeran: Lo que ustedes saben, nosotros lo entregamos, lo que ustedes no saben, no lo entregamos”, pensó el ex fiscal general brasileño, un hombre descrito como comprometido con el combate de la corrupción en su país.

Las autoridades judiciales panameñas evadían el compromiso pese a que estaban solicitando información para avanzar en las investigaciones del caso en Panamá.

Luego de que los intentos del fiscal Vladimir Aras no fueron respondidos, Janot decidió encargarse personalmente del asunto y tratarlo al más alto nivel. Pero tampoco le fue bien. Janot empezó a realizarle llamadas a Porcell, quien no respondía, a pesar de identificarse como el fiscal general de Brasil. La secretaría que atendía el teléfono lo hacía esperar un momento y posteriormente respondía que la procuradora estaba ausente, cuenta en las memorias de la obra.

"Como Kenia Porcell no me atendía comencé a apretar. ¿Pero quién responde en ausencia de ella?. No es posible que no haya un vicefiscal ahí", preguntó. Después de mucho insistir, conversó con un "gestor" de la procuraduría, el equivalente al secretario general de Brasil, quien es responsable de los temas administrativos. El funcionario le pidió disculpas con la excusa de que se estaba experimentado mucha presión mediática. Pero la respuesta del exprocurador fue tajante: "quien va a empezar a hacer presión con los medios de comunicación soy yo. Voy a comenzar a decir como ustedes se están rehusando a cooperar…".

En efecto, las autoridades judiciales brasileñas aumentaron la presión contra la Procuraduría General de la Nación de Panamá a través de entrevistas en medios de comunicación internacionales en los que pedía a los panameños compartir las informaciones. La fiscalía brasileña también elevó la petición a través de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT).

En ese entonces, los fiscales brasileños tenían información que comprometía a Panamá. Los delatores de la constructora habían revelado pagos por el orden de $59 millones en el país, desde 2004. André Luiz Campo Rabello había declarado que parte del dinero lo habían recibido familiares del expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal.

La presión que se ejerció dio sus primeros frutos en septiembre de 2016, cuando una delegación panameña viajó al país sudamericano para discutir el tema. Al final del encuentro, la delegación panameña dijo a los medios que Brasil había pedido disculpas. La versión de la delegación panameña fue desmentida en una comunicación oficial del Ministerio de Justicia de ese país.

En otra comunicación oficial, el Ministerio Público expresó que sus fiscales no habían sido recibidos como se esperaba y no se le había brindado la información que requerían para avanzar en la investigación.

Al final, los panameños terminaron cediendo. En una reunión en Lisboa, en octubre de 2016, Porcell "con las manos sudorosas" compartió una memoria de USB y la puso en manos de Janot. "Está ahí", dijo Porcell. "Esto no es cooperación", respondió Janot. La información debía ser enviada por los canales formales. De esa manera, y después de muchas presiones, las informaciones de la cuenta bancaria de la Constructora Internacional del Sur llegaron a Brasil.

El encuentro quedó registrado en una foto y un comunicado emitido por el Ministerio Público de Panamá, en donde se destaca que los procuradores de ambos países terminaron comprometiéndose a actuar con eficiencia y transparencia y asumir las medidas para avanzar en la asistencia judicial en el contexto del caso Lava Jato.

Cuatro meses después del encuentro, Porcell estuvo en Brasilia. Después de haberse resistido a entregar documentos, formó parte del grupo de procuradores de Chile, Perú, Argentina, México, Ecuador, Colombia, Portugal, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que firmaron la Declaración de Brasilia para promover la cooperación jurídica de manera amplia, eficaz y rápida en el caso Odebrecht y Lava Jato. Ese fue un hecho histórico. Pero, para entonces, se había revelado que la constructora y su subsidiaria Braskem habían pagado $1,000 millones en sobornos a autoridades y líderes de partidos políticos en más de 100 obras ejecutadas en 13 países.

Después de aquel bochornoso incidente, la colaboración con Panamá se desarrolló sin mayores inconvenientes. Más adelante incluso proporcionaron información a los brasileños que permitió llegar a una empresa offshore en Alemania, manejada por Milton Lyra, supuesto colaborador del senador Renan Calheiros.

En noviembre de 2019, Porcell presentó su renuncia al cargo de procuradora. Su decisión se produjo después de la publicación en un portal de internet de las supuestas conversaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela por la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp.

En las conversaciones, que habrían ocurrido entre 2017 y 2018, Varela y Porcell ventilan temas de casos judiciales y opiniones personales de eventos ocurridos en el país. Los diálogos han sido interpretados por algunos sectores como una presión de Varela para orientar investigaciones de casos de corrupción, como el escándalo de Odebrecht.

Mientras que la actuación de Zuleika Moore, fiscal designada por Porcell para instruir los sobornos que pagó la constructora en Panamá, generaron dudas de transparencia y objetividad en el manejo del expediente donde se vincularon a funciones de las administraciones de Martinelli y Varela.