Mery Alfaro: desde la asamblea, justicia para la mujer

Mery Alfaro De Villageliú creció en la década de 1950 y 1960 con la percepción de que los hombres ejercían la autoridad y las mujeres obedecían y se ocupaban de los asuntos del hogar. Si necesitaban trabajar, podían hacerlo como enfermeras, maestras o secretarias.

En el colegio María Inmaculada, donde estudiaba, las monjas advertían a las niñas que las mujeres “debían atender debidamente a su marido” para evitar así un divorcio.

“Ella se lo buscó por sinvergüenza”, escuchó decir en varias ocasiones a una de las muchachas del servicio doméstico en torno a los frecuentes reportajes que hacían los tabloides sobre el asesinato de una mujer por su marido.

Afortunadamente, por las venas de Mery corría sangre rebelde.

“Era una adolescente cuando, sin conocer el término, me convertí en una feminista, dispuesta a luchar por los derechos de las mujeres”, expresa la exlegisladora.

A ello probablemente contribuyó su madre, una “política frustrada”, que acudía a escondidas de su esposo a actividades políticas y llevaba consigo a su hija mayor desde que ella tenía siete años.

“En esas reuniones supe que lo mío era la política; me fascinaba”, recuerda.

Sus aspiraciones políticas debieron esperar. Fue a finales de la década de 1970 y principios de 1980, cuando, después de 12 años de gobierno militar, Panamá experimentó un “veranillo democrático”. Una vez aprobados los tratados Torrijos-Carter, el general Torrijos permitió la creación de partidos políticos y se abrió un espacio para la libertad de expresión.

En esta coyuntura, Mery decidió unirse a la Democracia Cristiana, entusiasmada por la valentía, compromiso y mística de sus dirigentes y activistas.

“Apenas abrieron los libros, en 1980, me inscribí en el partido”, rememora.

Sí. En el partido se promovía y valoraba a las mujeres, pero la participación en la política estaba limitada por sus respectivas parejas y por sus responsabilidades familiares.

Más preocupante fue comprobar que las mujeres vivíamos en una condición de injusticia. Sufríamos maltrato y discriminación, pero estábamos a años luz de comprenderlo.

Recordé a las muchachas que trabajaban como nanas en mi casa. Sus ideas sobre el trato que daban los hombres a sus esposas no eran caprichosas, sino que estaban completamente adecuadas al Código Penal vigente desde 1922.

De acuerdo con el artículo 323 de este código, al hombre que mataba a su cónyuge, tras sorprenderla en flagrante delito de adulterio, se le eximía de toda pena, lo que constituía una condena de muerte, sin juicio, para la mujer adúltera.

De hecho, el adulterio de la mujer seguiría siendo delito hasta el año 1982, cuando, gracias a la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz, se aprobó el nuevo Código Procesal Penal.

Esto fue un avance, pero quedaban en nuestra legislación disposiciones discriminatorias y de impunidad hacia los actos contra la integridad física y psicológica de la mujer. Por ejemplo, la violencia doméstica no era un delito. Tampoco lo era la violación sexual dentro del matrimonio. La primera causal de divorcio era el adulterio de la mujer y, la segunda, el concubinato escandaloso del marido. El trato cruel era la cuarta causal, pero estaba condicionada a que peligrara la vida de uno de los cónyuges o de ambos.

Esto me llevó a la convicción de que si no se producía un cambio cultural, las leyes de paridad no servirían de nada.

Sí. Llegué a la Asamblea por casualidad. El partido me propuso postularme como legisladora suplente de Guillermo Cochez y yo accedí para llenar espacio en la papeleta, pero nunca pensé que ganaríamos y mucho menos que quedaría como principal durante el año que Guillermo se encargó de la Alcaldía.

Me encontré en esta posición y quise aprovecharla para contribuir a la derogación de las disposiciones discriminatorias contra la mujer. Tuve la suerte de contar con el apoyo de otros legisladores y del personal de la Asamblea, sobre todo de las abogadas Briseida de López y Aura Feraud, así como de Carmen Antony y Gladys Miller, quienes unos meses antes de mi llegada a la Asamblea habían publicado el “Estudio exploratorio del maltrato físico de que es víctima la mujer panameña”, documento que fue de gran ayuda para mi trabajo legislativo.

En algunas ocasiones sí. En otras no.

Durante los 13 meses que estuve en la Asamblea, me aprobaron las leyes de prorrogación de intereses preferenciales y exoneración de mejoras; la de modificación de las causales de divorcio, que equiparaba la causal de adulterio e introducía el trato cruel, físico o psicológico, sin la condición de que peligrara la vida de uno de los cónyuges o de ambos; la eliminación de todos los artículos discriminatorios del Código Civil, entre ellos el artículo que le daba al hombre, al momento de la separación, la facultad de “poner a la mujer en casa de una familia honrada, bajo el cuidado de una matrona”; el artículo que impedía a la mujer contraer matrimonio hasta pasado un año desde la separación; y el artículo que le quitaba el derecho de la tutela y la curatela a la abuela que estuviera casada con un hombre que no era el abuelo de los niños.

La primera experiencia negativa en la Asamblea surgió con el proyecto que modificaba el derecho a testar. Entonces el Código Civil permitía dejar el 100% de los bienes de forma voluntaria, lo que en algunos casos significaba que el hombre dejara todo a su concubina, a su nueva esposa o a los hijos de esta, inclusive cuando eran de otro hombre, dejando a su mujer y propios hijos sin nada. En el proyecto que presenté incluimos una disposición que garantizaba un mínimo de la masa testamentaria a la esposa y a los hijos. La ley fue aprobada en primer debate, pero en el segundo, muchos legisladores amenazaron con no aprobar ninguno de los artículos contenidos en el proyecto, si insistía en mi propósito de este punto. Después supe que se habían recibido muchas llamadas, incluyendo algunas de allegados al presidente Guillermo Endara.

Fue una organización que fundamos algunas mujeres del partido y otras simpatizantes. Entre ellas estábamos Teresita Yániz de Arias, Briseida de López, Peggy Zubieta de Alemán, María Majela Brenes, María Esther Typaldos de Chamorro, Albalira Franco de Linares, Rosario Arias de Galindo, Mayra Calderón de Báez, Irene Escoffery, y otras.

Nuestro principal propósito era trabajar para concienciar, hacer cambios a la legislación y ayudar legal y psicológicamente a las mujeres víctimas de maltrato. También creíamos necesario capacitar a las mujeres para elevar su autoestima y ser menos dependientes del hombre.

Hicimos varias campañas con los medios de comunicación; tuvimos programas de radio, reuniones, giras. Recorrimos el país promoviendo un nueva conciencia, centrada en eslóganes como “Mujer, no llores, habla”; “La pobreza tiene cara de mujer”; “El maltrato a la mujer no es un asunto privado”; “Ser ama de casa no te quita el derecho de ser dueña de casa”.

Uno de nuestros más importantes logros fue que muchas mujeres víctimas de maltrato dejaran de sentir culpa y vergüenza y se animaran a acompañarnos a presentar las denuncias. Logramos cambios importantes en las vidas de muchas mujeres y sus familias, través del Centro de Asistencia Legal, del Programa de Promotoras Legales Comunitarias, del Programa de Desarrollo Rural, del Centro de Capacitación para el Empleo y de los cursos de Sexo, género y autoestima que se impartían a las beneficiarias de todos los programas.

Urge desarrollar políticas públicas en cumplimiento con los convenios y protocolos de los que Panamá es signataria y de las leyes que reconocen y protegen los derechos de la mujer en el plano educativo, sanitario, reproductivo, profesional, laboral y político.

Habría que empezar con la Ley 82 del 24 de octubre de 2013, que tipifica el feminicidio y adopta medidas de prevención de la violencia contra las mujeres, especialmente, la que obliga al Estado a educar con perspectiva de género, que no es otra cosa que inculcar el respeto hacia las mujeres y a sus derechos. Es imperdonable que, en siete años, no se haya implementado.

En la ruta para lograr la igualdad de la mujer, hemos logrado avances importantes en materia legislativa. Ahora corresponde modificar patrones culturales mediante la educación. Seguir dilatando algo tan elemental y tan obvio nos condenará a la pobreza con su secuela de vicios, males y sufrimiento.

Considero que uno de los principales obstáculos son las instituciones religiosas, principalmente las iglesias católica y evangélica, ambas con una maquinaria de mercadeo finamente articulada, que empieza en el púlpito y abarca los medios de comunicación masiva más sofisticados, desde donde se promueve la discriminación y el odio hacia las mujeres.

He escuchado en FeTV al padre Francisco Verar decir cosas absurdas como alarmantes. La última vez que vi su programa dijo, palabras más, palabras menos, que el diablo se sentía satisfecho con la labor que había realizado en Europa y ahora venía para América por medio de las feministas y su ideología de género para acabar con la humanidad.

Por razones que no alcanzaríamos a tratar aquí, el feminismo, que no es otra cosa que un movimiento que exige para la mujer igualdad de derechos, representa una amenaza para ciertas instituciones.