La legalización del aborto, el inevitable y espinoso debate

En Panamá no está prohibido, hace décadas la legislación permite el procedimiento en determinadas condiciones, es decir, se puede realizar la interrupción; si se va a la valoración tiene consideraciones tales como terapeútico, eugenésico y ético. El tema es que las normas regulan un procedimiento médico, impidiendo en determinadas circunstancias su desarrollo, aunque se requiera.

Es un tema de salud pública que debe ser analizado e implementado por especialistas, la exigencia es que todas las personas tengan acceso a la información científica y oportuna para conocer su cuerpo, su sexualidad, y conocer los métodos de prevención de embarazos no deseados, y adicionalmente contar oportunamente con los métodos y productos que los prevengan. Ningún país propone que el aborto sea utilizado como método de anticoncepción, se propone que se ponga a disposición de quienes lo necesiten y sobre todo que se realice en condiciones de seguridad y que no sea una de las causas de muerte materna.

Entender que el país necesita implementar acciones urgentes en materia de salud pública en temas de sexualidad, que incluyen colocar en agenda los tópicos de educación adecuada, sensibilización a la población sobre la importancia de la planificación, dotar a todo el mundo de los métodos de prevención de embarazos no deseados y de las infecciones, pero sobre todo entender que toda la población tiene derecho a la atención de salud por especialistas conscientes de su deber.

Crucial, todo embarazo debería ser deseado, en caso contrario como país estamos generando un ciclo de problemas que afecta a un entorno, además está el hecho de no contar con una población educada de manera integral en el cuidado de su cuerpo, prevención de embarazos e infecciones, y sobre todo abandonando a su suerte a quienes vienen al mundo en estas circunstancias.

Responsabilidad social es más que acciones puntuales para sentirme un poco mejor por la situación de abandono en la que viven muchas personas; pensar en acciones que incidan en un cambio de vida y de condición, es la tarea pendiente. Educar integralmente a la población es una deuda, entender que la función pública debe tener el objetivo de desarrollar acciones sociales, aun cuando existan posiciones ideológicas que no se ajustan a la realidad.

Estamos en contra del aborto de embarazos que resultan de acciones consensuadas. En nuestro país se permite el aborto en forma excepcional, a saber: por violación, malformaciones del feto, y cuando esté en peligro la vida de la embarazada.

Nosotros no pensamos igual como pensaban nuestros abuelos y no puedo predecir lo que ocurrirá en 20 o 30 años. El mundo evoluciona, ya nuestros adolescentes no piensan igual que yo. Yo no sé qué pasará más adelante, solo le puedo hablar de cómo estamos hoy. Hay personas que creen en el matrimonio entre personas del mismo sexo, yo tengo amigos gais y está bien, pero que yo apruebe que se casen, no. Que hagan con su vida lo que desean, pero yo no apruebo una ley en ese sentido, quizá más adelante puede pasar, porque la humanidad evoluciona.

La posición de la ONU es el resultado de grupos de presión organizados a nivel internacional que no respetan los principios éticos y morales, religiosos y de la familia. Ellos promocionan a la comunidad LGTBI y están a favor del aborto. Consideran que a una menor que quede embarazada se le debe permitir el aborto, porque así puede continuar con los estudios y todo lo demás. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, lo que tenemos que hacer es primero hablar de prevención; si no logramos nada con la prevención, después hay que atender a esa niña y apoyarla para que pueda seguir los estudios y en algún momento de su vida, asumir su responsabilidad.

Contamos con la Ley 60 de 2016 sobre la prevención, atención y protección del embarazo adolescente, ahora toca que el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud le den prioridad a esta problemática. También que el Ministerio Público cumpla con su responsabilidad de investigar y enjuiciar a todo mayor de edad que mantenga relaciones sexuales con menores de edad.

La maternidad no puede concebirse como un capricho, como una forma de estatus social, que sea producto de un acto irresponsable ni mucho menos como un medio para adquirir ventajas económicas; por el contrario, es un acto sublime, máxima expresión de lo que es el amor y la continuidad de la especie humana. Cualquier atentado contra la maravilla de la gestación es una falta ética, moral e ilegal.