Gobierno destinó $1,405.3 millones para enfrentar la pandemia

“La crisis económica causada por la pandemia ha sido devastadora”, dijo el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional este lunes. En sus palabras, “el costo social de poner limitaciones a la actividad económica y las restricciones a la movilidad han sido muy fuertes, no medibles hasta ahora”, añadió el experimentado economista. El tema es complicado porque a la crisis sanitaria se suma la financiera, y la social, lo que impactará en la recaudación de ingresos.

El MEF tiene el tiempo en contra. “Nos afectan las encerronas, cuarentenas, hablamos de la actividad económica y el costo social en las familias que han sido afectadas” que proyectan una caída en los ingresos hasta el momento no proyectada. No obstante, indicó Alexander, “el beneficio social de la vacuna es enorme. Razón por la que, a su juicio, este año una de las grandes prioridades del país, además de resolver el déficit de la Caja de Seguro Social, debe ser una vacunación rápida y eficaz, no solo en lo referente a la disposición de las dosis, sino en administrarlas.

El MEF ha destinado un total de $1,405.3 millones a instituciones para enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus. De ese monto, $1,151.9 millones devengados. De esa suma se hicieron pagos por un monto de $969.5 millones y $182.4 en cuentas por pagar.

Alexander desglosó que, de los $6,838 millones adquiridos en deuda, $1,405.3 millones se trasladaron a instituciones para enfrentar la pandemia. De ese monto, para el programa Panamá Solidario se desvió la suma de $1,068 millones; para el Ministerio de Salud, $291,6 millones; en seguridad, $35,9 millones, y en el renglón de otros $9,1 millones. De esos $1,405 millones, $969.5 millones se separaron y quedaron como cuentas a ser pagadas $435 millones.

Dejó en claro que, de ese último monto, se tienen los fondos para desembolsarlos este año y que dependerá de las instituciones procesar los mismos.

Ahora bien, de los $969,5 millones que se pagaron, $187,5 millones provinieron de préstamos específicos para el tema sanitario y el resto fue para apoyar el presupuesto de la nación.

De los $435 millones que se emplearon para pagos, $57,5 son de préstamos específicos del tema sanitario.

En el caso de Panamá Solidario, al cual se asignaron $1,068 millones, del pago que se hizo por $882,7 millones, $150 se originaron de préstamos específicos para ese programa. En el caso del sector Salud, del monto que se pagó para el sector Salud, $74,8 millones, la mitad de esa cifra provino de una fuente de préstamos específicos para este sector.

De tal forma que Alexander resumió que en préstamos específicos para el propósito de Covid-19 se totalizan $245 millones, de ellos $187 desembolsados en 2020 y $57,5 programados para este año.

“La diferencia de los pagos proviene del fondo común, uno que se alimenta de los préstamos como emisiones de bonos que sirven para financiar el presupuesto de la nación”, zanjó Alexander.

El economista Felipe Argote ha sido uno de los críticos más incisivos sobre el uso de fondos. “El resto del hueco (que el gobierno llenó con préstamos) se fue en planilla”, advierte. Aunque el profesional no incita al gobierno a hacer despidos, considera que el Estado tenía que haber empleado fórmulas similares a las que impulsó la empresa privada: reducir salarios, eliminar asesores, gastos, y otorgar vacaciones a los funcionarios. Si bien esto no cubre el déficit, por lo menos es un acto de economía del gobierno.

Durante 2020, el gobierno emitió en los mercados internacionales y el mercado local compromisos por $5,679 millones (CAF, BIRF, BID, OPEP, OFID, Y BIE) y para el medio año se incrementó a $6,838 millones, es decir, $1,159 más. Aunado a lo anterior, se agregó un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional por $518 millones.

Al Banco Interamericano de Desarrollo se le adeudan $3,195 millones; a la Cooperación Andina de Fomento (CAF) $1,821, es decir $595 más de lo que ya se había contraído en deuda en 2019. Con respecto al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, Panamá debe $1,185 millones, de los $1,256 que pidió prestado, es decir, disminuyó la deuda.

El Ministerio de Economía y Finanzas reporta un saldo de deuda total por $36,959 millones, de los cuales $8,178.6 corresponden a bonos del Tesoro, $21,126 a las multilaterales. Las cifras alcanzan casi un 60% en relación con el PIB, lo que podría poner en desventaja al país a la hora de contraer más deuda, si no logra controlar la pandemia.

Las calificadoras han otorgado una calificación con proyección negativa, que condiciona a la salida de la crisis en dos cosas fundamentales: una pandemia prolongada y retrasos en la distribución de las vacunas, son los riesgos para recuperar la economía que apuntalarían una consolidación fiscal en los próximos años.

En una de las peores crisis económicas que vive el país, los diputados de la Asamblea Nacional citaron a tres ministros de Estado: Héctor Alexander, de Economía y Finanzas; Francisco Sucre, de Salud, y Erika Mouynes, de Relaciones Exteriores, con el propósito de que respondieran un cuestionario de 21 preguntas relacionadas con la pandemia.

Respondieron un solo cuestionario de 21 preguntas para los tres funcionarios, por lo que cada uno debió responder las preguntas relacionadas con su cartera.

El primero fue Sucre, quien esbozó que la pandemia requiere de un equipo interinstitucional y la participación ciudadana. Panamá es uno de los únicos países del mundo en donde se mantiene una cuarentena total los fines de semana.

Sucre justificó la implementación de la cuarentena del 1 al 14 de enero, establecida mediante Decreto del 28 de diciembre de 2020. Dijo que las medidas se tomaron basadas en criterios epidemiológicos y de salud pública, mientras proyectaba una gráfica que ilustraba en retrospectiva el número de casos desde el 9 de marzo de 2020, fecha en que se anunció oficialmente que el contagio del SARS-CoV-2 había llegado a Panamá.

En diciembre se registraron 3,500 casos, lo que de acuerdo con Sucre llevó a analizar las futuras medidas para bajar el tiempo de duplicación de los casos.

Anticipaban que a raíz de las fiestas de fin año los contagios se multiplicarían y decidieron adoptar medidas preventivas. Un asunto devastador para varios sectores de la economía, como restaurantes y bares, que por insistencia en los medios y redes sociales lograron que el Minsa adelantara la apertura una semana.

La decisión del Minsa, aunque fue aplaudida por los afectados, motivó cuestionamientos sobre qué bases científicas emplea la entidad para decidir abrir o no una actividad económica, y en este caso, por qué una semana justificaba el sustento científico.

El ministro Sucre indicó que gracias a la pasada cuarentena se evitaron las proyecciones catastróficas de 150 muertes por día para el mes de enero, en cambio, el máximo de muertes que se alcanzó fue 50 en un día.

Sucre responsabilizó a la ciudadanía por el incumplimiento de las medidas, luego de que circularan imágenes y videos en redes de reuniones sociales en diferentes barrios, a pesar de que la mayor parte de la población acató las normas.

Llegada de las vacunas

La canciller Mouynes confirmó que arribarán al país la próxima semana 450 mil dosis de la farmacéutica Pfizer BionTech, garantizadas a partir de la próxima semana, como lo ha confirmado la casa farmacéutica. Con respecto al esfuerzo multilateral con Covax, “entramos en la primera vuelta con 216 mil dosis de vacunas que debemos recibir en marzo”, indicó Mouynes, sin precisar la fecha exacta. De igual forma, el contrato con AstraZeneca dice que debe hacer el primer envío en el mes de marzo.

Agregó que se contará con 1,200 equipos de vacunación, a los que se añaden 1,200 técnicos que se encargarán de la parte administrativa.

Se instalarán varios equipos de enfermeras que vacunarán al mismo tiempo. Se tiene programado atender a San Miguelito, según el perfil epidemiológico, por ser el sitio que más casos, más morbilidad presenta. Aproximadamente 228 enfermeras apoyadas por técnicos en enfermería pretenden vacunar en cinco días y medio a alrededor de 58 mil habitantes durante la segunda fase, que corresponde a los mayores de 60 años.

Los cálculos sobre la cantidad de personas a vacunar se basan en la experiencia del equipo del Programa Ampliado de Inmunización en experiencias como la influenza, por ejemplo, cuando se aplican 60 mil dosis al día.

Pero en esta ocasión dependen de la disponibilidad de dosis que envíen las farmacéuticas, por lo que será “poco a poco”. La capacidad comprobada es la administración de 120 dosis de vacunas en una jornada de trabajo sin mayores problemas.

Por las características de la vacuna de Pfizer, que debe mantenerse a una temperatura específica, es necesario cuidar la cadena de frío de forma efectiva.

Sobre la cantidad de vacunas adquiridas y el precio, fue la viceministra Ivette Berrío quien respondió que el gobierno realizó negociaciones en dos vías, una de ellas multilateral y la otra bilateral. En la primera “formamos parte del acuerdo con el consorcio Covax, mediante el cual se adquirieron 1,112,400 dosis”, exclamó.

En las bilaterales, 3 millones de dosis se negociaron con Pfizer; con AstraZeneca 1,092,000 dosis y con Johnson y Johnson 300 mil dosis.

Al mecanismo multilateral Covax se le pagaron $11 millones 84 mil, mientras que la inversión con Pfizer totaliza $36 millones, y con AstraZeneca, $4 millones 370 mil. Berrío aclaró que con Johnson y Johnson aún se encuentran en negociaciones.