De los 'albergues' a instituciones de protección: una deuda pendiente del Estado panameño

A raíz de denuncias interpuestas en julio de 2020 por la Senniaf, sobre situaciones de violencia contra niños y niñas ocurridas en una institución de protección de la ciudad, se desata un clamor popular por conocer en qué otras instituciones se pueden haber dado situaciones como las denunciadas.

Es así, que la Asamblea Nacional crea una subcomisión especial para investigar los supuestos hechos de maltrato dados a conocer a través de medios de comunicación, señalando supuestas atrocidades que se han cometido contra menores de edad en los mal llamados “albergues de menores”. Ante las publicaciones se produce por parte de la sociedad panameña un serio cuestionamiento a la institucionalidad para la protección de la niñez, en especial a la Senniaf por un lado, y por el otro, cuestiona el estado actual de la justicia y la demora en la atención de los casos.

En este contexto, cabe preguntarse, ¿está el Estado panameño siendo garante de los derechos humanos de los niños y adolescentes? Antes de dar la respuesta lógica a primera vista, revisemos la situación.

Panamá ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño mediante Ley 15 de 1990. Luego de 30 años de vigencia de este instrumento jurídico de reconocimiento de derechos humanos de la niñez, Panamá se mantiene como el único en la región que le debe a sus niños y adolescentes una ley de protección integral de sus derechos.

El resultado de la ausencia de una ley de protección integral de niñez es la permanencia de estructuras y prácticas institucionales que son anteriores a la Ley 15 de 1990, sosteniendo un modelo tutelar para la protección de la niñez, tal como funcionaba el Tribunal Tutelar de Menores.

En la época del Tutelar de Menores se brindaba protección través de su internamiento en albergues como primera medida. En contraposición con el internamiento como primera medida, un sistema de protección integral insta al desarrollo de programas de fortalecimiento familiar, que acompañen a las familias en la superación de dificultades para el cuidado adecuado de sus hijos a fin de prevenir la separación familiar, así como el desarrollo de programas de acogimiento familiar temporal que eviten el ingreso a albergues. Sin embargo, la ausencia de marcos legales e institucionales adaptados al modelo de la protección integral de la niñez y adolescencia dificulta la implementación de estos programas y sostiene el internamiento como primera medida con débil o nula intervención familiar.

A la fecha hay 50 albergues y una población aproximada de 950 a 1,200 niños y adolescentes en albergues, siendo atendidos con prácticas y procedimientos obsoletos para la garantía de sus derechos, como ha sido evidenciado por el cuestionamiento social ante la muestra de las graves deficiencias del sistema de protección de la niñez, en especial de aquellos que se encuentran privados de un entorno familiar y víctimas de alguna forma de violencia.

Una revisión del marco normativo y del incremento de apertura de “albergues” demuestra que los programas y servicios sociales para prevenir la separación familiar de los niños, así como para asegurar restituirles su derecho a la convivencia familiar en los casos que corresponda, han sido fallidos. Una de las principales fallas ha sido la débil articulación institucional para la prestación de servicios, la organización de la oferta del Estado para la niñez y la familia, el abordaje frontal de la pobreza y la violencia, siendo esto lo que ordena un sistema de protección integral.

Obsérvese que, en el año 2009, cuando se crea la Senniaf, funcionaban 49 albergues y diez años después, para el año 2019, funcionaban 58. De lo expuesto por las autoridades actuales de la Senniaf, de agosto 2019 a diciembre 2021 fueron cerrados 8 albergues, lo que da un total actual de 50 centros. El aumento de “albergues”, a nuestro juicio, refleja un problema estructural y complejo que puede ser empeorado por los efectos de la “pandemia”, dado que se espera un incremento de desempleo, crisis económica en las familias y mientras se mantengan ausentes los programas de fortalecimiento familiar que eviten que la pobreza sea una causa de ingreso a un albergue.

De acuerdo con el estudio de línea base de Población en Albergues realizado en 2018, casi el 60% de esta población de niños recibe visita de sus familiares, lo que indica que la pobreza es la que ocasiona la separación familiar.

El análisis de la situación debe comprender tres ámbitos debidamente diferenciados, es decir, el ámbito de la responsabilidad penal de los autores de la comisión del delito en los albergues, la atención a las víctimas del delito, y por el otro, las graves deficiencias del sistema de “instituciones de protección”, relativos a modalidades alternativas de cuidado.

En cuanto al ámbito penal, el Ministerio Público como autoridad competente del descubrimiento de delitos cometidos contra personas vulnerables en dichos centros está realizando la investigación criminal, asumiendo la carga probatoria de destruir la presunción de inocencia contra las personas indiciadas en el proceso ante los tribunales de justicia.

En cuanto a la protección y restablecimiento de las víctimas, es de suma importancia identificarlas para que reciban atención y la reparación del daño por parte del Estado. Esta atención no se circunscribe a una mera reubicación, sino a recibir atención médica y terapéutica adecuada, en especial en materia de salud mental. Esta última atención es una responsabilidad compartida del Sistema de Salud y no exclusiva de la Senniaf.

El Comité sobre los Derechos del Niño, organismo de vigilancia de la CDN, ha venido haciendo de manera reiterada al país observaciones y recomendaciones, En 2018 (CRC/C/PAB/CO/5-6) y en el año 2011, (CRC/C/PAB/CO/3-4), las cuales deben ser de obligatoria lectura para los ciudadanos.

Los motivos de gran preocupación en estos informes son la falta de visión de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos consagrados en la Convención, la limitación sistemática del Estado quien presenta al niño como “un ser violento... y no como un titular de derechos...”, y en ese sentido, recomendó, entre otras cosas, que se “acelere la regularización de los albergues”.

El mayor reto que enfrenta el Estado panameño es superar la visión adulto-céntrica, tutelar e inquisitiva, estableciendo un sistema de garantías y protección integral de los derechos humanos de este grupo vulnerable, reformar el sistema de justicia dando derecho de acceso a la misma. Fundamental es “sacar de la pobreza a las personas menores de edad”, en lugar de abogar por su adopción, como primera opción. Asumir la “corresponsabilidad” en las obligaciones que corresponden a la familia, comunidad y Estado, bajo principios y garantías como son la protección integral, prioritaria, reconocimiento como sujetos de derecho, autonomía progresiva, igualdad, dignidad, no discriminación e inclusión, de forma que se puedan dar respuestas holísticas para prevenir y proteger las violaciones y restablecer los derechos humanos de las personas menores de edad.

Panamá requiere que todos se aboquen al estudio permanente y científico de los derechos humanos de los niños y adolescentes como única vía posible para la construcción de la democracia y la paz.

La autora es abogada, exmagistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia.

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.