Piden reintegrar a trabajadores despedidos por denunciar abusos en albergues

La Escuela y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Panamá (UP), expresaron su total repudio contra los supuestos actores de hechos lesivos cometidos por adultos e instituciones en contra de niños, niñas y adolescentes en alberques u hogares bajo la administración del estado panameño, de organismos privados y otras entidades.

En un comunicado firmado por la Directora del Departamento de Trabajo Social, la Magister, Nixa Delgado Antúnez, ambos entes universitarios señalan que el estado panameño ha incumplido los compromisos internacionales del sistema de protección a la niñez y la adolescencia. 

“No es un secreto que hace décadas Panamá tiene una mora en el cumplimiento de normas que garanticen el restablecimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, los cuales son sujetos de derechos y como tal, se deben respetar y proteger”. 

Plantean que el Estado, aún cuando intente menoscabar la importancia de su actuación y el papel que debe jugar, es el responsable por mandato constitucional, de la seguridad y bienestar de la familia, de quienes la integran y por ende, de sus miembros más vulnerables, entre ellos-as niños, niñas y adolescentes desatendidos por sus familias, en condición de riesgo social y en orfandad. 

Precisan que la Ley 14 de 2009, hace corresponsable al Estado por la indefensión en que se encuentran las familias en situación de pobreza; por tanto, en aras del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, debe garantizar su protección y desarrollo, sin que medien intereses particulares de ningún tipo, o lo más grave, una indiferencia cómplice que revictimiza esta población triplemente: en su familia, en los supuestos “albergues” y en una sociedad que les descuida. 

“Es inadmisible que, en aras de cumplir con los mandatos éticos de la profesión y los que les adjudican las normas, algunas trabajadoras sociales y otros profesionales hayan sido despedidos de sus puestos de trabajo por denuncias contenidas como parte de su Informe Técnico Social”, aseguran.

Frente a esta situación, la Escuela y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Panamá exigió el cumplimiento por parte del Estado de su responsabilidad de dotar de los recursos económicos, tecnológicos, infraestructura y personal idóneo para el buen desempeño y supervisión de las instancias responsables de velar por el buen funcionamiento de los entes encargados de la seguridad física y emocional de la niñez.

De igual manera, que los garantes del cumplimiento de las leyes de protección de la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional (MIDES, SENNIAF, Órgano Judicial, Ministerio Público, entre otros), deben abordar de manera sistémica e integral, elevando a agenda de Estado, la atención especializada de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, el seguimiento de cada caso, y la exploración de la gradualidad de las rutas de intervención que abran la posibilidad que le sean restituidos a sus familias de origen, previo fortalecimiento de la célula familiar, cuidando potenciales situaciones de riesgos. 

También piden que los organismos privados, corporaciones y entidades de diversa índole, a quienes se confiere la atención de niños, niñas y adolescentes, lo hagan bajo estrictas concepciones técnicas y científicas, supervisados estrechamente por el Estado, y que cuenten con los necesarios recursos humanos calificados, tales como, especialistas en educación, atención del cuidado, de la salud, Psicología, Trabajo Social y otros, como lo mandata la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás disposiciones nacionales e internacionales. 

Exigen además que las autoridades del Ministerio Público agilicen los trámites e investigaciones necesarias, que conduzcan al reconocimiento y condena de quienes resulten culpables de los hechos denunciados; ética y socialmente la impunidad esintolerable en todo delito comprobado, pero inadmisible en la vulneración de una población de tan alto riesgo social.

Consideran de igual manera, que es necesario articular estrategias con el gremio de Trabajo Social de Panamá, egresados/as de la Universidad de Panamá y otras universidades, para exigir, el respeto al ejercicio profesional idóneo del Trabajo Social y otras disciplinas, que hacen su intervención para el logro del bienestar social, sobre todo de la familia y sus actores, especialmente, aquellos en mayor grado de vulneración social, como son los niños, niñas y adolescentes. 

“Demandamos en cumplimiento a las leyes, en un estado de derecho, el reintegro a sus puestos de trabajo, de los profesionales que fueron destituidos en cumplimiento de su deber ético, ciudadano, humanista, el pago de los salarios caídos, y aclaración pública con sus descargos. La afectación psicológica, emocional, laboral, familiar y su convivencia con la comunidad se han visto afectadas”.