Leblanc: 'Somos las únicas instituciones cuyo fin es cerrar'

Pareciera una ironía, pero en realidad no lo es. Las únicas instituciones que están destinadas a cerrar sus puertas son las defensorías del pueblo. El día que se respeten los derechos humanos de las personas no se necesitarán abiertos estos despachos. “Nuestro fin no es existir, ¡ojalá! no tengamos que existir”, comenta Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, en una amena conversación con La Estrella de Panamá para la sección “Jueves de entrevista”.

En agosto de 2020, Leblanc fue elegido defensor del Pueblo para el periodo 2016-2021. En el corto periodo en el que ha estado en ese despacho, le ha dado dinamismo a una entidad que se mostraba pasiva ante las vulneraciones de los derechos humanos.

Desde esta trinchera ha denunciado los abusos policiales a periodistas, a la comunidad LGTBI+, entre otros. Y se ha atrevido a recomendar depurar la institución de seguridad pública para sacar a las “malas unidades”, las que están envueltas en actos delictivos, que manchan el uniforme y lo condenan al irrespeto y a la falta de credibilidad.

Y aunque no cita el refrán, deja entrever que “cuando las bardas de tu vecino veas arder“, pon las tuyas en remojo”, Panamá no puede caer en los casos de Chile, Argentina, Guatemala y Colombia donde se han dado enfrentamientos entre la población y los agentes del orden público.

Esas denuncias vienen desde el año pasado (2020) hasta el presente 2021.

Sí. Tenemos de todo: el tema de los chicos transexuales y de las lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI+) que se besaron fuera del Club Unión. Hay personas de barrios que han sido detenidas, violentándose el uso de la fuerza no letal. En la mayoría, los casos son por el uso de la fuerza no letal. Tenemos dos periodistas; un corresponsal extranjero y un periodista de La Estrella de Panamá. Los casos vienen de cualquier estrato social.

En Panamá existe discriminación. Lo que no puedo catalogar es que exista una discriminación de parte de la policía por estos dos temas. Tenemos que ver las manifestaciones de los grupos feministas y LGTB+, que han sido muchas, donde no se han reportado mayores agresiones de la policía. Salvo en algunas ocasiones en que se ha reportado violencia y ha habido agresiones de ambas partes. Por ejemplo, la que hubo por el orgullo gay, que se realizó de forma pacífica como usualmente realizan este tipo de actividades. Si hubiera discriminación de parte de la policía, ese hubiera sido un momento ideal.

Tenemos un caso que nos llegó hace unos meses cuando un policía arrebata una bandera, que estaba puesta encima de la bandera nacional. Hay una ley de símbolos patrios que, nos guste o no, hay que respetarla. El policía de una forma que puede ser cuestionada estaba haciendo valer la ley. De repente no era el mejor procedimiento, pero no hay una violación a los derechos humanos. Yo diría que por parte de la policía no podemos decir que existe una discriminación sistemática a los grupos LGTBI+. Creo que en Panamá nos falta mucho en ese tema, en el racismo, en la discriminación de las personas originarias. A pesar de que somos un crisol de razas, tenemos más racismo, más discriminación de raza y de origen, que en cuanto a orientación sexual.

Tenemos temas de discriminación. Sin lugar a dudas, la población está a la espera... Bueno, voy a hacer un preámbulo: yo soy respetuoso de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)... Pero sí puedo decir que parte de lo que promueven es la libertad de contraer un vínculo civil, un matrimonio, sin que esto esté relacionado a un tema eclesiástico. Esta también el tema de la discriminación, sobre todo en la población trans en las instituciones públicas. Hemos tenido casos en donde han sido sancionados y discriminados.

En cuanto al tema del matrimonio igualitario, el Estado panameño está pendiente de que la CSJ falle las tres o cuatro demandas. Y en ese punto he sido respetuoso del Órgano Judicial.

Ya quedamos pocos de los que recordamos ese episodio, los últimos días de la dictadura. Yo hablaba con el director de la Policía Nacional de Panamá de que la institución tenía altos y bajos. Y tuvo un bajón grandísimo después de la invasión a Panamá, donde el respeto que se le tenía era cero, por el pasado.

Posteriormente empezaron a calar en la sociedad, pero creo que estamos en un momento de otra baja de la credibilidad. Creemos que es producto de las redes sociales, donde la población se entera mucho más rápido de las cosas que están sucediendo. Y si me preguntas a mí, sí está socavada la credibilidad por sus acciones y por aquellas que no quedan registradas en la Defensoría del Pueblo. El procurador hizo una redada donde capturó a un capitán y otros, por presunto crimen organizado. Hay una sensación de falta de credibilidad de la Policía Nacional y tocará hacer una autodepuración y sacar a esas malas unidades y recuperar la imagen de la institución.

¡Totalmente! Ellos son los que están para proteger y servir. Entonces, eso es preocupante. Tenemos una sociedad que cuestiona mucho, unos jóvenes llenos de ímpetu que cuestionan mucho al servidor público y a la Policía Nacional de Panamá. Esto es muy difícil y lastimosamente la Policía está pagando por lo que están haciendo unos pocos.

Se produce un caldo perfecto. Tenemos Chile, Argentina, Colombia, Guatemala, y tenemos los chalecos amarillos en Francia. Es preocupante, pero lo que no puede ocurrir es un llamado a la anarquía, a la desobediencia civil. No puede ocurrir que impere el desorden. Tenemos algunos lugares con reportes de nuestros homólogos, en los cuales se han atacado comunidades de defensores de los derechos humanos, de la defensoría del pueblo, donde no le hacen caso a la policía, donde han tenido que sacar el ejército a las calles. ¡Es difícil! Lo que le comentamos al ministro de Seguridad, al director de la Policía, es que hay que llegar al diálogo, depurar las fuerzas del orden público para evitar que se llegue a esos momentos. En Panamá manejamos niveles aceptables, pero es importante pelar el ojo a nuestros vecinos. El tema nos pasó por encima: Chile, Argentina, y pasó a Guatemala. Ahora lo tenemos en Colombia, lo cual es peligroso.

Los procesos están andando. Esa denuncia se puso en 2019. Los albergues que tenían esos problemas ya están cerrados. La Defensoría ha participado bajo el llamado de una Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia a atender el tema, que integran nueve miembros. Hace tres semanas fue la primera reunión. El tema de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) venía caminando desde 2019. Ha habido cambios internos. Han entrado personas especializadas. Al tema se le está dando un seguimiento cercano. Y puedo ver que se están moviendo en cuanto a la calificación y verificación de los albergues de una manera más cercana. Desde la comisión vamos a hacer nuestro trabajo para que estas cosas no se repitan.

Al llegar aquí empezamos a estudiar la ley. Por cierto, vamos a aprovechar esta coyuntura para presentar una reforma y comenzamos a escudriñar cómo podíamos hacer para levantar la imagen, para hacer la Defensoría lo más cercana al pueblo, para que se definiera en realidad la oficina. Encontramos algunos artículos que no estaban siendo bien aplicados, entre ellos, uno que faculta a este despacho a notificar a las autoridades pertinentes y a presentar las acciones penales.

Estamos presentando los oficios. Ya hemos presentado denuncias por desatención de los deberes del funcionario porque su deber es contestar a la Defensoría del Pueblo. Lo otro que estamos haciendo es que apenas nos encontramos alguna vulneración de derechos humanos y si es posiblemente la comisión de un delito, le corremos traslado al Ministerio Público. Es decir, estamos judicializando los derechos humanos. Tenemos esa capacidad por esa norma de hace 24 años de poder accionar judicialmente, y para que se nos respete y para que el funcionario cumpla su función de responder. En la misma ley de la Defensoría del Pueblo hay un artículo que establece que el defensor tendrá las consideraciones de una alta autoridad del Estado. Eso suena muy romántico, pero en ciencias políticas y diplomacia eso quiere decir que el defensor tiene el rango de ministro. Nosotros no nos podemos achicopalar ante otros ministros, ante un director de una institución. Sí, lo respetamos, pero pedimos que ellos también lo hagan. Y no es un tema de ego, es de darle la posición a la Defensoría, porque el día de mañana el único que tiene el tiempo contado soy yo. Es darle a esta institución esa seriedad y el carácter que merece.

En esta administración siete casos se han puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Es un trabajo en equipo. Yo me estoy leyendo un libro muy interesante que dicen cuáles son las funciones de los defensores del Pueblo, que dice que somos las únicas instituciones que nuestro fin es cerrar, y eso me impactó.

Sí, es que cuando cerremos no va haber violaciones de derechos. Nuestro fin es no existir. ¡Ojalá no tengamos que existir!