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20 de Ene de 2022

Nacional

Informe detecta 32 violaciones a estándares de cuidado en albergues

La separación de un niño de su familia debería ser la última opción o por el menor tiempo posible. La falta de una oferta de servicios del Estado ocasiona separaciones innecesarias, refleja informe de Relaf y Unicef sobre situación de albergues en Panamá

Informe detecta 32 violaciones a estándares de cuidado en albergues
El informe fue elaborado por Relaf y Unicef a solicitud del Mides, rumbo a la desinstitucionalizaciónArchivo | La Estrella de Panamá

Imagine por un momento que usted es un niño o niña, de la edad que se le ocurra, pero a raíz de la situación de pobreza en casa, no existir una escuela cerca, o por haber sido maltratado o abusado sexualmente por un cercano lo ingresaron en un albergue con manual propio, que carece de un programa de atención individualizada, o lo que es peor, que ni siquiera sepan cuál es su nombre y apellido, porque cuando llegó al albergue nadie proporcionó esa información.

Luego piense, que debería existir una autoridad encargada de supervisar su estadía temporal, pero que por falta de personal, de programas, de voluntad y dinero, usted, en vez de permanecer unos meses o días, continúa en ese sitio por años sin poder ver a su familia regularmente, solo los días específicos que fija el albergue. Y si acaso, porque sus padres viven tan lejos que no les alcanza el dinero para pagar el transporte.

Si le toca la mala suerte de que se cruzó la pandemia, no hay visitas, o se restringen, y pueden pasar meses sin ver a la familia.

Supongamos también que uno de sus hermanos fue ingresado en un albergue, pero por ser del sexo opuesto o porque rebasa la edad límite en donde usted fue ingresado, lo enviaron a uno diferente.

Informe detecta 32 violaciones a estándares de cuidado en albergues
El proceso de adopción es burocrático, y si el niño pasa de cierta edad, cierran el caso.A.S.I La Estrella de Panamá

De la comida ni hablemos, nada sabe a hogar, es simplona. El cuarto donde usted duerme debe compartirlo con desconocidos, a veces son hasta 25. No hay espacio para la intimidad, para llorar sin que lo estén viendo, o para cambiarse la ropa a solas, para reir, simplemente se hace casi imposible estar solo. Cuando finalmente le toca salir del albergue se siente perdido, porque nadie, nunca, le ha preparado para ese momento. Ha vivido en un ambiente con medidas desproporcionadas que pretenden justificar la seguridad: abundancia de rejas, candados, muros, alambres de púas que los separan del mundo exterior. En palabras simples, usted está privado de su libertad. Como si fuera una prisión, pero sin haber cometido delito alguno. Lo que es más dramático, vive encerrado por haber sido abusado o maltratado, por no tener dinero o porque la escuela está lejos de casa.

Luego, si sale del albergue a cualquier visita controlada requiere hacerlo con el uniforme distintivo del “hogar”, porque los directivos consideran que “es bueno” que la comunidad le vea así, cuando por dentro usted siente una vergüenza inmensa de que todos sepan que vive en un albergue y no con su familia, como lo hace todo el mundo.

Si se porta mal, el cuidador puede escoger un castigo “x”: no escuchar música, no poder llamar a tu familia, no poder salir el fin de semana, por decir los fáciles.

Por permanecer tanto tiempo en ese lugar, desarrolla una conducta problemática que los cuidadores no saben cómo tratar porque no están capacitados por la institución encargada de su bienestar, o porque el albergue no tiene dinero para contratar personal especializado. Entonces lo que hacen es ponerle a órdenes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para ser trasladado a otro lugar; así no tienen que lidiar con el problema.

Ahora piense que este escenario ficticio que acaba de recrear en su mente es la realidad que viven, y han experimentado por años cientos de niños panameños institucionalizados en la mayoría de los albergues del país.

Sistema fallido

El sistema de cuidado que se implementa en los albergues a nivel nacional, bajo la supervisión y monitoreo de Senniaf, viola 32 artículos de los estándares humanos aplicables a las instituciones de cuidados alternativos, basado en directrices sobre las modalidades alternas de cuidado de los niños.

Los hallazgos forman parte del informe elaborado por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a solicitud del Ministerio de Desarrollo Social que preside la junta directiva de Senniaf. El equipo visitó recientemente 50 albergues del país y plasmó los resultados en el documento: “Estado de la situación de cuidado alternativo de niños y adolescentes en Panamá, y recomendaciones de mejora”. La idea con este trabajo es marcar la hoja de ruta a la desinstitucionalización.

Las brechas entre lo que debería ser y lo que es, en la práctica se traducen en un Estado completamente ausente, omiso, descuidado e incapaz de atender las necesidades de los niños institucionalizados.

La mayoría de los que ingresan en albergues provienen de comarcas o del campo. En algunos casos los niños no saben hablar bien español y se enfrentan a un ambiente sin profesionales que conozcan su lengua o un enfoque intercultural. Los centros están lejos de casa, la falta de recursos por lo general impide las visitas. En el estudio se encontraron casos en que la familia dejó a su hijo en el albergue y no lo volvió a ver hasta el regreso.

Los albergues siguen siendo la primera alternativa por la que optan las autoridades a pesar de los programas de familias acogentes donde residen 21 niños. Pero en este último aspecto se presenta otra falla, no se cuenta con un banco de familias a las que se pueda acudir en caso de una medida de protección.

La separación de un niño de su familia debería ser la última opción, y si es temporal, por el menor tiempo posible. En este sentido, ser pobre o vivir lejos de la escuela no puede ser excusa para internarlos en un albergue. “Son separaciones innecesarias”, resalta el informe.

Además, cuando el niño ingresa se le impone un nuevo idioma, religión y cultura, no consideran que en su mayoría tienen una cultura propia. “Es una operación más bien de despojo y arrasamiento espiritual, psíquico e intelectual”, se lee. La educación no está asegurada, en general, lo que ha agravado la pandemia.

Los hermanos cuando ingresan en centros de cuidado deberían ir juntos, pero esto no se tiene en cuenta. Conocieron casos en los que hermanos se hallan separados por sexo o trasladados por criterio de edad.

Una de las grandes falencias que se transforma en un círculo vicioso de la institucionalización, es la falta de un programa para la reintegración familiar que tenga como centro el bienestar del niño, sobre todo que evite revictimizaciones que terminen en reingresos. Los especialistas observaron egresos compulsivos, sin apoyo ni seguimiento por parte de las autoridades y de los albergues.

La búsqueda de familiares no tiene fin. No hay un plazo determinado que dé por concluido este proceso. De acuerdo con los procedimientos de la Dirección de Protección Especial de Senniaf, deben ser 30 días para que el Departamento de Restitución de Derechos determine la alternativa familiar. Pasado el plazo, corresponde al Departamento de Convivencia Familiar continuar con la búsqueda, pero así pasan años antes de que se tome una decisión definitiva que garantice la restitución del derecho a la convivencia familiar.

La formación específica del personal del albergue permite detectar situaciones de abuso, descuido, explotación o abandono. Pero en el recorrido se percataron de que no se cumple este principio, incluso lo notaron en las reuniones de directivos, así como con los niños.

Se hacen traslados según la edad límite del niño en el albergue y luego cierran el caso, se tilda de no adoptable aún siendo pequeño. Al ser trasladados, tampoco se cumple con protocolos para preparar a los niños; las salidas son abruptas y se viven como nuevos abandonos.

No todos los albergues cuentan con un reglamento interno como lo dicta el Decreto 404 que se refiere a las funciones de la autoridad administrativa. En algunos casos trabajaban en esto por primera vez, en otros se manejaban con normas “del diario vivir”. Menos aún se comparte el contenido del reglamento con los residentes, no se toma en cuenta su opinión.

Los niños viven en un “encierro forzado”, entre alambres de púas, muros o candados que los separan del exterior. Les está prohibido salir aunque estén cerca de la mayoría de edad. No se les prepara para el egreso.

En cuanto a las medidas disciplinarias, a los especialistas les llamó la atención que una directora hiciera referencia a “la silla de reflexión” a la que envía los niños cuando se portan mal, sobre todo porque dirige un albergue para menores de cinco años. En otro centro se sanciona la mala conducta impidiendo la salida de fin de semana. Otra medida es prohibir el canto, escuchar música o no poder comunicarse con la familia durante la semana.

Se observó que no se ha puesto en práctica la figura de “padrino guía” que debe acompañar a los niños durante su transición en el albergue y ayudarlo a familiarizarse con las rutinas del centro.

El informe resaltó que desde hace años los albergues no reciben ninguna capacitación de la Senniaf. En su mayoría indicaron no contar con profesionales preparados para cuidar a los niños con conductas problemáticas, por lo que cuando reciben un caso que consideran difícil, eventualmente lo ponen a disposición de Senniaf para su traslado.

No se comprende que, en algunos casos, los niños que llevan largo tiempo institucionalizados desarrollen este tipo de conductas justamente como resultado de la respuesta que les ha dado el sistema.