Interponen demanda penal por contratos para alquiler de lanchas

Una demanda penal fue interpuesta en el Ministerio Público (MP) por el delito contra la administración pública, por tres contrataciones directas que hizo la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para el alquiler de lanchas para inspecciones de buques.

El 6 de junio de 2020, el abogado Yersil Sánchez puso la demanda y exige que se investiguen los contratos 3003 de 2020, A-3001 – 2021 y 3003 de 2022 - suscritos por el administrador general de la AMP, Noriel Araúz, y la empresa Stward, Inc, cuyo representante legal es Pablo Torres Chong.

El argumento de la demanda se sostiene en que las contrataciones podrían conllevar una serie de irregularidades que ameritan del conocimiento del ente de instrucción judicial para que determine la existencia o no de un delito.

El denunciante establece que se podría estar ante un “escenario de preferencia” en las contrataciones. Exige, además, que se investigue la razón por la que una actividad que contratada a nivel local debe cancelarse con una cuenta en el extranjero.

“Consideramos que no se motiva el origen de la necesidad de que el desembolso de una actividad que se pacta a nivel local, deba utilizar una cuenta ubicada fuera del país”, indica el abogado Sánchez en su demanda.

La cancelación de los servicios se realiza mediante una cuenta de la AMP en Nueva York, que debe ser utilizada para atender el pago de inspecciones a naves panameñas en el exterior.

El denunciante también pide al ente de instrucción judicial que investigue una posible transgresión a la Ley de Contratación Pública por desconocerse los criterios de selección de los contratos. Y al no especificarse la necesidad pública que lo justificó o si se ha hecho el procedimiento de seguimiento a la ejecución del mismo.

En junio de 2020, la Autoridad inició una sucesión de contratos a una sola empresa para brindar este servicio.

De acuerdo con la propuesta de la empresa Stward Inc, la contratación era por 150 horas mensuales. El primer contrato se pacta por un periodo comprendido entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2020, por la suma de $36.750.00 mensuales, a razón de $245 por hora, lo que representa $238.875.

No obstante, según la cláusula tercera, la AMP puede autorizar horas adicionales. Además, la cláusula cuarta establece que “...el cálculo del pago será realizado de la siguiente manera: Total de horas consumidas (Pacífico + Atlántico) por tarifa contratada”, establece el contrato. “Se desconoce cuánto es la cifra final que favorece al contratista ”, plantea el denunciante.

Los siguientes dos contratos A-3001 de 2021 y 3003 de 2022, con las mismas condiciones generales, suben la cifra a a $441 mil, a razón de 1.800 horas de servicio, esta vez anuales. Igualmente con la posibilidad de que la entidad marítima pueda autorizar horas adicionales para servir en el Atlántico y en el Pacífico.

“Sin que estén claros los controles previstos y aplicados para prevenir cualesquiera excesos, así como falta de control para la solicitud de horas adicionales por parte de la entidad, no tiene verdadero límite a nuestro criterio”, tal cual se explica en la demanda.

Estos dos últimos contratos, sin embargo, difieren del primero en que horas adicionales deben desarrollarse a través de adendas por petición del director de Marina Mercante y aprobadas por el administrador general de la AMP.

Otro de los puntos que destaca la demanda es el procedimiento administrativo, la AMP carece de un proceso especial de compras de servicios, sin embargo, existe la particularidad de que el administrador pida a la junta directiva autorizar los desembolsos de más de un millón de dólares.

“...De darse el fraccionamiento del contrato a razón de uno por cada año, el monto holgadamente sobrepasaría el millón de dólares en el tiempo que ya se ha cumplido, sin considerar los recargos que hayan podido causarse por los servicios en exceso de las horas previstas en los contratos... Lo mencionado podría tener consecuencias de naturaleza penal”, señala la demanda.

El denunciante deja claro que los actos a los que se refiere el documento constituyen un ejemplo de desviación de poder.

Guillermo Márquez Amado, exdirector de Marina Mercante y abogado especialista en derecho marítimo, consideró que la contratación era innecesaria. Además, asegura que estas contrataciones debieron justificarse en un informe técnico que acompañara la decisión del gasto al Estado, considerando que en el país hay varias empresas que prestan el mismo servicio que la contratada.

El abogado especialista en derecho marítimo y exdirector de Marina Mercante expresó que la contratación de cualquier servicio no debe dejar duda de transparencia, probidad y alejamiento de cualquier tipo de padrinazgo.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha monopolizado el servicio de alquiler de lanchas para inspeccionar buques, contratando tres veces seguidas a una sola empresa: Stward Agency, Inc, añadió.

Desde la AMP, por su parte, han comunicado que la selección de la empresa se dio de una terna de propuestas presentadas. Stward Inc, fue la que ofertó el precio más bajo.

La institución aseguró que desde 2020 a la fecha, únicamente han sido pagada a la empresa la suma de $224.849.10, en virtud de las horas de servicios de lancha efectivamente utilizadas.