Susana Serracín: Operación minera sin contrato es un desacato abierto a la Corte Suprema

Para la ambientalista Susana Serracín, hay “fallas de origen” en la negociación entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, S.A., que explota uno de los principales yacimientos de cobre y oro en la región de Donoso, provincia de Colón.

Serracín fue la abogada que en 2009 puso una demanda en la Corte Suprema de Justicia, tribunal que en 2017 declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que amparaba el contrato entre el Estado y la empresa que explotaba la mina. Desde entonces la compañía opera sin contrato, una situación que, en opinión de la jurista, deja mal parada a la justicia panameña y la imagen internacional del Estado.

“Estamos en presencia de un desacato abierto; aquí los pronunciamientos de la Corte parecen ser una burla porque resulta que la compañía sigue operando sin tener ninguna base legal”, subrayó este lunes la ambientalista en el programa “Portada” de La Estrella de Panamá.

Serracín argumentó que la empresa, con sede en Canadá, ha tenido el aval de distintas administraciones “desde el primer día”, lo que según esta explicaría por qué la transnacional jamás dejó de funcionar en el territorio nacional.

Enfatizó que las particularidades climáticas del país no lo hacen apto para industrias extractivas “muy destructivas” como la minería a cielo abierto. Una postura compartida por gran parte de las organizaciones ambientales en Panamá.

En medio del debate y tras los cuestionamientos sobre los pocos dividendos que ha dejado la industria en relación con las ganancias, el Gobierno panameño adelanta una negociación de un nuevo contrato con la empresa. Este miércoles 14 de diciembre sería la fecha tope establecida por el Ejecutivo para la firma del nuevo convenio.

Pero según Serracín no se debe firmar un nuevo contrato minero; por el contrario, señaló que el Estado debe pedir la salida de este tipo de industria y exigir a la empresa que pague la indemnización por las afectaciones en la zona. Considera que Panamá tiene otras opciones de ingresos menos “dañinas” desde el punto de vista social y ambiental.

“Debemos plantearnos un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos que no ponga en jaque la seguridad humana ni los ecosistemas”, dijo.

Sobre el manejo institucional, la ambientalista cuestionó que el Ministerio de Ambiente no tenga la capacidad suficiente para el monitoreo adecuado que pueda prevenir casos destrucción ambiental. Esto, apuntó, agrava el problema en las regiones afectadas.

También, desde el punto de vista del sistema judicial, insistió en la importancia de mejorar la formación de los fiscales y jueces que ven los temas ambientales; “no les debe temblar la mano para colocar las sanciones correspondientes a los responsables”.