Minseg y MP piden que extinción de dominio quede en la esfera penal

El Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Seguridad (Minseg), pidieron a la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional que la figura de la extinción de dominio permanezca en la esfera penal y no en la administrativa, como lo aprobó una comisión técnica de esta instancia legislativa.

Durante el inicio ayer del primer debate del proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de. dominio de bienes ilícitos, ambas entidades objetaron la propuesta de esta comisión técnica que avaló en su artículo 1 que esta jurisdicción sea de carácter administrativo, civil, judicial real sancionatorio y autónoma de cualquier jurisdicción.

En una carta remitida por el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, al presidente de la comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, este indicó que la contradicción del nuevo texto propuesto en el artículo del proyecto consiste en pretender someter a la sede administrativa o ámbito de acción del Órgano Ejecutivo, la decisión sobre el derecho real vinculado a bienes, cuya protección constitucional es innegable, “razón por la cual la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de los mismos debe recaer, únicamente, sobre el Órgano Judicial, ello con fundamento en el artículo 47 de la Constitución Política.

Este artículo 47 de la Constitución señala que: “Se garantiza la propiedad privada adquirida con apego a la ley por personas jurídicas o naturales”.

Detalla el procurador que desde esa perspectiva, la acción de extinción de dominio debe tener una naturaleza estrictamente judicial o circunscrita al ámbito de la administración de justicia, debido a que no nace de la producción u omisión de algún acto de la administración pública o de su relación con el administrado, sino de la existencia de bienes adquiridos conforme a las formalidades establecidas en las normas de carácter privado (civil y comercial), cuyo origen o destino se relaciona con los delitos que disponga la ley.

“Debido a dicha protección constitucional de la propiedad privada, adquirida conforme a la ley de orden privado, reitero que la jurisdicción de extinción de dominio encuentra su espacio adecuado en la esfera de la administración de justicia, razón por la cual los tribunales que atiendan los procesos que se originen deben ser de naturaleza jurisdiccional”, indicó Caraballo.

El procurador de la Nación también objeta el artículo 25 del proyecto modificado que le daría facultad al procurador de la Administración de nombrar al fiscal de extinción de dominio por un periodo de 10 años prorrogables.

“Lo antes indicado tiene la particularidad de ser contrario a la Constitución”, advirtió Caraballo.

Y dijo que una de las razones puntuales es que el procurador de la Nación es el funcionario con capacidad jurídica para nombrar fiscales dentro del Ministerio Público, y no es dable al legislador establecer un término fijo para el ejercicio de las funciones de un fiscal del Ministerio Público.

Por otro lado, señaló que es importante tomar en cuenta que, en derecho comparado, los funcionarios que ejercen la acción por extinción de dominio pertenecen al Ministerio Público Fiscal.

En tanto, el fiscal contra la delincuencia organizada, Rómulo Bethancourt, quien participó de la discusión en primer debate de este proyecto, comunicó la objeción del Ministerio Público por la exclusión de los delitos de corrupción en la jurisdicción de extinción de dominio.

En tanto, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, presentó ante la comisión de Gobierno una contrapropuesta a varios de los artículos del proyecto de ley de extinción de dominio que fue modificado por una mesa técnica de esta instancia legislativa.

En su contrapropuesta el Minseg pidió retomar la iniciativa inicial del proyecto para que la jurisdicción de extinción esté dentro de la esfera penal y no dentro de una instancia administrativa, tal como fue aprobada en la comisión técnica de Gobierno.

“Estamos proponiendo que esta jurisdicción especial tiene que estar dentro del Ministerio Público y que los primeros 40 artículos que se debatieron en la comisión, se pongan tal cual como se debatieron en los días de trabajo en la mesa técnica de trabajo”, indicó el ministro Pino.

Sobre lo planteado por el ministro Pino, el abogado Víctor Orobio, quien ha participado en las jornadas de discusión de este proyecto de ley, dijo no entender “las ganas de tener un instrumento de ley a tambor batiente, a lo salvaje y a lo presionado”.

“Creo que el país tiene muchos intereses conjuntos que ameritan que el Órgano Ejecutivo recapacite, retire el proyecto, lo someta a más discusión. Hay muchas organizaciones que inclusive han manifestado su gran preocupación como la Apede, la Cámara de Comercio”, precisó.

Sostuvo que lo que se quiere es una mayor discusión de esta propuesta, que sea un documento depurado y que en él se persiga al criminal, pero también que se respete el derecho de los ciudadanos.

El primer debate de esta iniciativa de ley continuará este martes desde las 10:00 de la mañana.