Daniel Esquivel: 'Contrato entre estado y Minera Panamá se puede parangonar con la negociación del Canal de Panamá'

¿Cómo se arribó a las cifras pactadas entre el gobierno y Minera Panamá? ¿qué tan complicadas fueron las negociaciones para lograr un contrato más favorable para el país por el usufructo de cobre y otros minerales? Daniel Esquivel, asesor del despacho superior del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), quien participó en las recientes negociaciones compara el proceso con la reversión del Canal de Panamá, lo que da una idea de la complejidad de las conversaciones. El modelo más difícil, como era de esperarse, fue el económico. Minera Panamá salió ofertó una mínima alza de lo que establece la ley 9, por encima del 4%, pero el gobierno propuso un modelo entre el 12% y 16% según el precio internacional del cobre. Hubo 15 reuniones plenarias en las que participaron ambos equipos, 8 con asesores técnicos internacionales quienes elaboraron la oferta panameña. El contrato, no obstante, debe redactarse en los próximos días. El reto para el país es lograr instituciones fuertes capaces de fiscalizar las finanzas de la empresa con un equipo humano que concrete los beneficios económicos del estado.

El escenario fundamental era que nosotros teníamos que estar por encima del rango del 40% de la tasa impositiva media efectiva. El rango se usa en estos modelos económicos mineros y que determina el rango óptimo entre 40% y 60%. La propuesta final llegó al 40% para los beneficios que debía dar la minera al Estado.

Me siento más que satisfecho. Le digo eso porque la visión de este contrato no es que sea igual, pero se puede parangonar con lo que fue la negociación del Canal de Panamá.

Así es. Por eso en el equipo negociador hubo un par de asesores que participaron en la negociación del Canal de Panamá. Ese grupo se mantuvo muy compacto. Lo que hemos logrado para el país es para el futuro de las nuevas generaciones y de los gobiernos.

Para explicar eso debo hacer un resumen para hacer docencia sobre el concepto de regalías, que por lo general se interpreta erróneamente. Las regalías no son un impuesto, sino una contraprestación que se hace al estado por la pérdida de sus recursos minerales. Hay tres tipos de regalías. El más común es la regalía ad valorem, que es un porcentaje fijo sobre la venta de el mineral, en este caso el cobre. Es decir, la empresa genera un concentrado de cobre que va a una refinería y de ahí se saca el mineral cobre, oro, plata y molibdeno concentrados. En función de los precios internacionales de esos minerales la refinería le paga a la empresa y de esa venta se aplica el porcentaje fijo de la regalía. Eso es lo más común y lo que establece actualmente el Código de Recursos Minerales que es 5% para cobre y molibdeno y 4% para oro y plata. Sin embargo, hay otros dos tipos de aplicación de las regalías que son móviles. Es decir, que esos porcentajes varían. El primero es sobre el valor internacional del mineral en función de un rango que se establece del precio del cobre. Si el cobre vale de $3 a $4, te aplico una regalía del 2%. Si pasa a $5, por ejemplo, te aplico una regalía del 3% y así sucesivamente hasta un tope. La segunda forma es la regalía móvil, pero sobre el beneficio operativo de la empresa, es decir, lo que gana. En el caso de nosotros la hemos especificado de la ganancia bruta.

Sí. Porque el modelo de ad valorem no le permite al estado recibir los mayores beneficios cuando el precio del cobre sube. Las móviles si están en función del precio o de la ganancia, en este caso lo pusimos sobre la ganancia bruta con un porcentaje del 12% al 16% sobre la ganancia bruta. Siendo 16% un tope y 12% un mínimo.

Porque esos porcentajes son los que nos permitían estar dentro del rango medio de la tasa impositiva que nos explicaban los asesores internacionales, que tenían que estar entre 40% y 60% y nosotros llegamos al 40% que es lo que se establece que debe recibir el estado por el beneficio del usufructo de sus recursos minerales.

Esta tasa impositiva variable la aplican Chile y Perú. En esos países va de 2% hasta un 12% o 13% y en Perú más o menos igual.

Eso se establece en función de que debido a que el precio es variable, el ciclo de los precios internacionales del cobre fluctúa, arriba o abajo. Si baja mucho, la empresa gana menos y pierde rentabilidad, en dado caso el estado no puede exigirle tanto. Entonces se pone un aporte mínimo en donde se establece que $375 millones paga la empresa, aunque el cobre se cotice a menos de $2.75 la libra.

En función de los modelos económicos que nos dicen que ese mínimo está dentro del rango de la tasa impositiva media efectiva que es lo que llamamos los consultores, TIME (Tasa Impositiva Media Efectiva), por sus siglas en inglés.

Eso también no está muy claro o entendido por la comunidad. El proceso de la mina es para obtener un concentrado de cobre, que es el mineral principal, el yacimiento es de cobre. Tiene como minerales secundarios el oro, la plata y el molibdeno. Ahora bien, en el modelo económico se aplica el concepto del valor sobre la venta del concentrado del cobre que lleva menos cantidades de los otros minerales. Sin embargo, lógicamente que la empresa minera al obtener algunas cantidades del resto de los minerales, se le aplica lo establecido en el Código de Recursos Minerales. Eso cambió ahora. La tarifa del 12% al 16% es para el cobre, y para el oro es del 4% que es lo que dice el Código y para molibdeno también dentro del grupo móvil entre 12% y 16%. De la plata el 4%.

Sí, porque el precio fundamental es el del cobre.

Los otros dos elementos fundamentales que se consideraron en la propuesta económica fueron el impuesto sobre la renta que antes no pagaban y las exenciones fiscales que antes tampoco pagaban. Esas se eliminaron.

El momento más difícil fue el ensayo que se hizo junto con la empresa del modelo económico. Ellos al principio no lo entendían tan bien pero luego los asesores les explicaron y no les convenció mucho el modelo. Entonces ahí fue un impasse que se logró mejorar con aclaraciones y mejoras.

No. Eso es importante recalcarlo. El equipo del gobierno fue muy coherente, compacto. Llegábamos a consenso antes de presentar propuestas y esa actitud fue la que nos valió mantenernos firmes.

De parte de la minera ellos fueron un equipo que escuchaba, tenían su posición que al principio fue muy rígida, pero fueron comprendiendo poco a poco y llegamos a puntos intermedios.

La oferta de ellos siempre se basaba más o menos en lo que tenía el contrato. Ellos trataban de mantenerse un mínimo más arriba del porcentaje, no más que eso. En ese momento fue crítico, pero se superó.

Sí, porque ellos se mantenían en eso. La contra oferta que presentaron el gobierno la rechazó. Les dijo que la propuesta de Panamá era la que tenían que aceptar para compensar. Hay una cosa importante, el contrato Ley 9, que es el que regía para la minera, fue evaluado por el Fondo Monetario Internacional en 2019 y su evaluación en la parte económica fiscal determinó que era muy ventajoso para la empresa y poco para el estado.

No es que descubrieron eso, sino que confirmaron lo que los asesores internacionales decían. Definitivamente que ese contrato no era favorable para el país.

El tope fue superar el 40%, llegamos casi a 45% o 50% pero después ajustamos.

Era un poco difícil.

Hay tres yacimientos en este momento. Entre los tres se puede calcular que pueden tener, si no me falla la memoria, casi parecido a lo que tenía Cerro Colorado, que eran 25 millones de toneladas de cobre con una vida útil de 30 a 40 años. De esa cantidad se calcula que anualmente puede producir 320 toneladas anuales, 1.8 millones de onzas de oro, 100 mil de palta y 3,500 toneladas de molibdeno. Eso era lo que se concibió al hacer la evaluación del yacimiento. Esos son elementos que en la medida que se va avanzando se va confirmando el estimado.

Lo que entiendo de la consulta pública es que se trata de una consulta en las comunidades sobre el mismo proyecto. No es una consulta ambiental, sino del proyecto que establece una ley específica. Esa consulta se hace en los municipios que se van a afectar directamente del proyecto.

Ahora mismo ese es un tema que se está estudiando en el gobierno para definir cómo se va a emplear ese recurso.

No hay restricción aún. Lo que se tiene que hacer es un uso colectivo que beneficie al país y eso está por determinarse. Se está diseñando. Aún lo tiene que definir el gobierno antes de terminar su periodo.

Lo del Código vale la pena aclararlo. Sabemos que data de 1964 y siempre hemos pensado que es obsoleto. A través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos hecho una consultoría y una revisión integral técnica comparativa del Código nuestro con las normas de otros países mineros, tanto de Asia y América Latina, sobre todo. Esa evaluación técnica comparativa nos ha dado como resultado, porque ya se entregó el informe, nos dice que el Código que tenemos no es obsoleto porque contiene lo fundamental que se necesita en las normas internacionales. Claro, requiere mejoras específicas. Por ejemplo, lo de las regalías fijas pasarlas a las móviles que es la que estamos usando ahora. Este contrato va a dar la pauta para todos. Se van a reformar algunos aspectos específicos, entre ellos los números, pero hay otras cosas que se van a mejorar.

Ese es otro aspecto poco conocido en la norma. Este gobierno en su plan estratégico de gobierno que se publicó en julio de 2019, cuando inició la gestión de Laurentino Cortizo, estableció en el pilar tres del plan que se enfoca en economía competitiva y generación de empleo el sector minería, una tarea específica que se define el fortalecimiento institucional del sector. Eso lo estamos haciendo.

Eso no se pudo avanzar en la velocidad que se quería por la pandemia.

El fortalecimiento institucional contiene tres elementos, entre los que se menciona definir una institucionalidad capaz, eficiente…

La acción es tratar de fortalecer el sector minero para que haya una mejor gobernanza por parte del gobierno con una institución que sea capaz de fiscalizar, pero requiere una política minera.

Requiere mucha capacitación. En estos dos años la dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio ha recibido mucha capacitación internacional. El problema es que hay que mantener a esos profesionales en el sector para que puedan seguir haciendo la labor de fiscalización con los conocimientos que han adquirido.