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27 de Jun de 2022

Política

‘Rastreo’ a segundo debate

PANAMÁ. El pleno de la Asamblea Nacional tiene programado debatir hoy en segundo debate el proyecto de ley No. 28 sobre ‘rastreo’ de l...

PANAMÁ. El pleno de la Asamblea Nacional tiene programado debatir hoy en segundo debate el proyecto de ley No. 28 sobre ‘rastreo’ de llamadas.

El documento que fue consensuado el pasado lunes obliga a las empresas de telefonía móvil, fija y similares, a conservar por 6 meses información de los clientes.

En el caso del correo electrónico por internet, se debe proporcionar el número de teléfono de origen, así como la línea digital.

Según el abogado Víctor Atencio, de la Red de Derechos Humanos de Panamá, el proyecto violaría derecho a la intimidad.

“La concesión de facultades al Ministerio Público de solicitar la información contenida en los archivos que tendrán las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, implicaría una violación del derecho a la privacidad de los panameños”, alegó.

Explicó que esas facultades contradicen un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre ese particular.

DEFENSOR SUGIERE AMPLIAR DEBATE

El defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, envió un comunicado dejando saber su posición sobre el proyecto de Ley número 28 que se discute en la Asamblea Nacional y conocido como “pinchazos telefónicos o proyecto de “rastreo de llamadas”.

El defensor del Pueblo señalá “que se debe considerar y legislar sobre qué tipo de investigaciones criminales y delitos pueden solicitarse la información y datos”.

El defensor señala que ha venido observando que el proyecto, no guarda relación con las interceptaciones, escuchas o los llamados “pinchazos” telefónicos, ni la revelación del contenido de las comunicaciones, como algunos han advertido.

Manifestó Vargas en su comunicado que lo que observa en el documento discutido por los diputados “se centra en el almacenaje, conservación y custodia de cierto tipo de información que representan datos personales”.

Vargas advierte que “debe quedar claro que el custodio de la base de datos, sería responsable de la violación de la Ley y asumiría las consecuencias jurídicas que la misma debe establecer, y no remitir al Código Penal que carece de una tipología y sanción específica”.