¿Cómo crear una política de seguridad ciudadana?

PANAMÁ. La inseguridad ciudadana, de acuerdo con todas las encuestas realizadas en los últimos años, es percibida como el mayor problema de los panameños. A diario, los titulares de los principales medios de comunicación dan cuenta del incremento de la violencia y la criminalidad. Por ello, el tema se ha constituido en la mayor fuente de preocupación de autoridades, organizaciones de la sociedad civil y de la población en general.

Con la desarticulación de las Fuerzas de Defensa y de las instituciones de seguridad creadas por los militares (como el Departamento Nacional de Investigaciones) tras la invasión militar de 1989, se crean nuevas instituciones para el combate de la criminalidad. De los gobiernos que han sucedido de esa fecha a la actualidad, el de Mireya Moscoso y el de Martín Torrijos tomaron acciones claves para el diseño de una estrategia nacional de seguridad pública y ciudadana, con alcances tanto para la atención interna como la defensa externa del país.

La administración Torrijos propuso el Programa de Seguridad Integral (PROSI) con el objetivo de lograr la disminución de la creciente participación de jóvenes en actividades delictivas.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la seguridad ciudadana es un derecho de la población, que va desde la atención del delito (en su fase preventiva y de control) a la percepción misma por parte de la gente (percepción de seguridad).

A su vez, el Gobierno Nacional entiende el concepto en tres dimensiones:

a. ‘La protección que se genera por mecanismos de control penal y mantenimiento de la paz pública’, función principal de instituciones como la Policía Nacional y el Sistema de Justicia.

b. ‘La acción que desarrolla el Estado con la colaboración de la ciudadanía para asegurar su convivencia pacífica’, que busca la integración y participación de la comunidad, especialmente en la prevención del delito (Programas como Vecinos Vigilantes y Comerciantes Vigilantes).

c. La percepción ciudadana de inseguridad, entendida como ‘una sensación psicológica que demuestra la falta de protección ante la posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial’.

EN PANAMÁ LAS ESTADÍSTICAS DEL CRIMEN VAN EN AUMENTO

La existencia de una situación objetiva de inseguridad ciudadana se refleja en las estadísticas que presenta el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2009, que muestra un aumento significativo de la tasa de homicidios en Panamá.

La tasa de homicidios registrada para el año 2007 fue de 13 por cada 100 mil habitantes, mientras que para el año 2008 fue de 19 por cada 100 mil.

Según el Sistema de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad, para el año 2009 se registró una tasa de 23 homicidios por cada 100 mil habitantes y se estima que para el año 2010 aumente a 26 de cada 100 mil. Esto demuestra un ritmo de crecimiento alarmante jamás conocido en la historia del país.

Sin bien las cifras panameñas todavía están por debajo de las centroamericanas, se destaca un ritmo de avance de los homicidios que no se presenta en ninguno de los otros países de la región. Es decir, mientras en los países centroamericanos las tasas se mantienen más o menos estables, en Panamá se avanza a pasos sin precedentes.

Basados en estas estadísticas, en nuestro país se comete al menos un homicidio cada 24 horas.

Es importante resaltar que muchos de estos homicidios son producto de lo que se conoce como ‘daños colaterales’, donde personas inocentes se convierten en víctimas de la criminalidad y la violencia que ella desata.

POBREZA Y MARGINALIDAD, CALDO DE CULTIVO DE LA DELINCUENCIA

La falta de alternativas económicas para los jóvenes de los barrios más pobres y marginados ha contribuido a su creciente utilización como soldados del narcotráfico y del crimen organizado. La falta de oportunidades, la deserción escolar, el desempleo, el trabajo infantil, la desintegración familiar; es decir, la cada vez mayor desigualdad y exclusión social funcionan como caldo de cultivo para reproducir la participación de jóvenes en actividades delictivas y el incremento del pandillerismo en los barrios.

También, la falta de institucionalidad, la corrupción, la carencia de un presupuesto adecuado, la poca coordinación interinstitucional, la desconfianza de la población hacia las instituciones, así como el desconocimiento de la complejidad del fenómeno delincuencial actual, juegan un papel importante en el proceso de configuración de la inseguridad ciudadana, lo que impide el abordaje integral con márgenes aceptables de eficacia.

Existen algunos indicadores que nos permiten sugerir la relación entre la situación económica – social de los grupos sociales y la incidencia del crimen en Panamá. Veamos los datos correspondiente entre los años 2001 y 2008.

En el análisis en su conjunto del movimiento de los indicadores de crecimiento económico y delincuencia se sugiere una relación entre ambos, donde la desigualdad social, la exclusión social y marginalidad podrían ser algunas de las causas. De la misma forma, si se analiza la tendencia de los indicadores de homicidios con la cantidad de droga incautada, se observa que en los últimos años existe un aumento drástico de ambos indicadores en la misma dirección, sugiriendo nuevamente una relación entre drogas y homicidios.

En general y sobre la base de estas estadísticas podemos afirmar que como país, a pesar del crecimiento económico continuo y sostenido, mantenemos altos niveles de desigualdad, exclusión social y marginación (a pesar de las cifras que indican que la pobreza ha disminuido); el narcotráfico penetra en las comunidades de pobreza y pobreza extrema ofreciendo alternativas económicas, principalmente a nuestros jóvenes, involucrándolos en distintos tipos de delito (incluidos homicidios) y en la participación de pandillas.

La diversidad de carteles dedicados al trasiego de la droga o a su venta, y la competencia entre ellos, ha creado figuras como los ‘tumbadores’, fomentando el sicariato (como forma de ajuste entre bandas y carteles distintos) y el secuestro.

ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD

En este contexto de desigualdad social, exclusión, aumento de la criminalidad y debilidad institucional, se presenta como alternativa viable la creación de una política de seguridad ciudadana que contemple la participación de distintos actores sociales, identificando roles específicos en los niveles de prevención, intervención y atención del problema.

La sociedad civil, los medios de comunicación, instituciones estatales –gobierno, Policía Nacional, Sistema de Justicia, Sistema Penitenciario –, así como a nivel más local, los municipios, son actores que entrelazados en una política de seguridad bien pensada y consensuada pueden reducir los niveles de delincuencia en que nos encontramos.

Los municipios y el fortalecimiento en su seno de los liderazgos comunitarios tienen un papel fundamental en el diseño y gestión de políticas de seguridad ciudadana en el ámbito de la prevención. Esto hace necesario emprender un proceso de descentralización que garantice la dotación de los recursos adecuados para que las comunidades puedan realizar acciones de lucha contra la inseguridad.

Veamos algunas recomendaciones de Manuel López Rey y Emilio Langle, en el libro Teoría Política de la Criminalidad, que nos parecen útiles para el desarrollo de una política de seguridad ciudadana en Panamá:

‘Debe utilizar los resultados obtenidos de la experiencia e inspirarse en los sistemas científicos más adelantados’. Se recomienda, para la creación de una política de seguridad ciudadana sería necesario utilizar las experiencias exitosas en el ámbito del desarrollo comunitario, atención a la criminalidad dentro y fuera del país; verificando dentro de estas experiencias las posibilidades de aplicación en la realidad panameña. Así mismo, las investigaciones científicas deben arrojar información necesaria en los niveles de prevención, intervención y atención, que permitan desarrollar estrategias y acciones de impacto en la situación del país.

‘Restringirá el elemento puramente lógico y la superabundancia de las definiciones’. En este punto se hace necesario discutir, definir, delimitar y operacionalizar el concepto de Seguridad Ciudadana; esto permitirá el acercamiento lúcido a una realidad, el entendimiento del fenómeno y la claridad de las acciones.

‘Debe asegurarse la participación amplia y directa de la comunidad, en la prevención y aplicación del sistema penal’. Esta participación, como un postulado necesario para la creación de una política de seguridad ciudadana.

Como aporte personal, una política de seguridad ciudadana debe pasar por una evaluación institucional. Es importante evaluar y fortalecer las instituciones de intervención del crimen y la atención en el sistema de justicia, reduciendo la corrupción y ampliando la eficacia en las acciones que permitirán intervenir en las acciones criminales y procesar eficientemente los efectos de las acciones de las instituciones policiales.

Con la coordinación adecuada por parte de las autoridades y con la voluntad política de desarrollar un proyecto a nivel nacional, la seguridad ciudadana en Panamá puede cambiar y nuevamente afirmar que nuestro país es uno de los países más seguros del continente.