¿Oficialismo juega con la política?

PANAMÁ. La campaña política está al rojo vivo con la proximidad de las elecciones primarias presidenciales de los principales partidos políticos y las denuncias contra uno y otro grupo están por doquier.

Pero el tema que acapara los principales titulares de los medios son las del uso de los bienes y recursos del Estado para proselitismo político. La primera fue la crítica por la llegada del presidente Ricardo Martinelli a un evento político en el avión presidencial, luego los cuestionamientos a varios de los ministros precandidatos presidenciales de Cambio Democrático que prefieren acogerse a una licencia de trabajo en lugar de renunciar.

La última acusación tiene que ver con una foto que circula en las redes sociales en donde supuestamente se ve una camioneta ford color negro, propiedad de la Dirección Administrativa del Ministerio de Vivienda, aparcada en los estacionamientos del hotel donde se realizó la reunión de la Junta Directiva del partido gobernante en la ciudad de Santiago.

Las tres acciones del oficialismo son cuestionadas duramente por miembros de la sociedad civil. Aunque estas denuncias no son nuevas. Los partidos que han estado en el oficialismo siempre han aprovechado la ventaja de tener acceso a las arcas del Estado para sacar ventaja en sus campañas, dijo Miguel Antonio Bernal.

Una actuación que es ‘reprochable’ para el presidente de la Asociación Panameña de Eejctuvos de Empresas (APEDE), Roberto Troncoso.

VIOLACIÓNA LA LEY ELECTORAL

El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado recordó que el Código Electoral prohíbe el uso de recursos del Estado para actividades políticas.

Así se lee en el artículo 32 del capítulo IV del Código Electoral: ‘los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos...’.

Por ello el tema ha escandalizado a miembros de la oposición, quienes han expresado su preocupación, porque a las puertas de un periodo electoral el uso de bienes del Estado es —sin duda— una ‘tentación’ para los funcionarios del gobierno que aspiran a algún cargo de elección popular.

Para algunos opositores, el panorama se torna aún más comprometedor cuando media docena de ministros anunciará sus intenciones de participar en las primarias de su partido como candidatos presidenciales.

A esta lista se añaden algunos alcaldes, diputados y concejales oficialistas que también han mostrado su interés por reelegirse.

EL REJUEGO POLÍTICO DE LOS MINISTROS

Sobre este último aspecto, Troncoso calificó como ‘inmoral’ y ‘una viveza’ de los ministros la posibilidad de no renunciar a sus cargos y tomar una licencia, lo que dejaría la puerta abierta para volver a sus puestos, de llegar a perder las primarias en sus partidos. ¿Será que están jugando a la política?, se pre gunta el jurista.

Por su parte, el diputado panameñista José Luis Varela cree que todo es producto de la ley de causa y efecto. Este tipo de actividades abre la puerta para que los funcionarios utilicen los autos oficiales, así como también programas como el de Ayuda Nacional, para promoverse.

¿Y LA FISCALIZACIÓN?

Y aunque todos los planteamientos tienen como hilo conductor el hecho de que se utilicen fondos públicos o bienes del Estado para actividades políticas, ¿quién le pone el cascabel al gato?

Mariano Mena, del Frente por la Defensa de la Democracia, se pregunta dónde está la fiscalización de la Contraloría General de la República, que al parecer prefiere ‘rendirle culto al silencio’.