Corrupción política: ¿hay algo nuevo bajo el Sol?

La corrupción es tan vieja como la humanidad, de la corrupción política podemos decir otro tanto. Sin embargo, esta última está definida históricamente por los distintos órdenes políticos y las diferentes estructuras de poder.

Significa que en su análisis, tanto la forma como el contenido están condicionados por el carácter histórico social de las diferentes modalidades de regímenes políticos. Ejemplo, regímenes absolutistas y dictatoriales tendrán modalidades de corrupción distintas a los democráticos. Pese a la certeza de lo anterior, el tema no está exento de problemas.

Para el sociólogo inglés A. Giddens, lo que él llama ‘reflexividad’ ha permitido que los límites de lo que entendemos por corrupción política hayan cambiado con el tiempo, con lo cual algunas prácticas vinculadas a estos desempeños sean valoradas hoy de modo distinto.

Actos que antes no se consideraban ilegítimos y corruptos hoy pasan a serlo. Adicionalmente, los análisis se enfrentan a una suerte de babel en lo que se refiere a la definición y tipificación de actos que por su intercambio se consideran corruptos, como a la diversidad de actores que participan en dichas acciones (Espinel Vallejo).

Con todo, pareciera que en Panamá el proceso analítico debe correr de manera inversa: actos que están tipificados como corruptos y eran repudiados con fuerza por la ciudadanía, de un tiempo acá parecen haber adquirido carta de naturalización a vista y paciencia de la sociedad.

La apropiación generalizada de bienes públicos, igual que el transfuguismo, serían unos de los tantos ejemplos.

LA IMAGEN PAÍS

Anualmente y desde 1995 se viene publicando el ‘Índice de Percepción de la Corrupción’ por parte de una de las ONGs más importantes en el tema como es Transparencia Internacional, organización creada en 1993. Mediante el nuevo índice, se clasifican los países en una escala de posiciones que van desde 0 (mayor corrupción) a 100 (menor corrupción).

Según el informe del 2012, dos tercios de los 176 países clasificados (un 60% aprox.) obtuvieron una puntuación inferior a 50, lo que los coloca en un nivel de extremo interés en lo que se refiere al tema.

Panamá está de 38 en puntuación, con 83 en la posición global y 15 en la posición América. Para efectos de las odiosas comparaciones, nuestro vecino Costa Rica tiene 54 de puntuación, 48 de posición global y 11 en la posición América. De acuerdo al ‘Índice’ somos más corruptos, casi en pareja a nivel internacional con Grecia, China o India.

El Informe establece como grandes corolarios para los países con buenos desempeños, el que en ellos existen ‘sólidos sistemas de acceso a la información y normas que regulan la conducta de quienes ocupan cargos públicos’.

Para los casos contrarios (altos niveles de corrupción), ‘la ausencia de instituciones públicas eficaces y líderes que rindan cuenta por su actuación’.

LAS PERSPECTIVAS

En lo particular, el fenómeno de la corrupción política tiene tal capacidad disolvente en los sistemas políticos democráticos, que puede poner en riesgo la propia estabilidad de los mismos al crear serios problemas de gobernabilidad.

La corrupción como riesgo sistémico en una sociedad descansa en el potencial de erosión, en el corrosivo impacto que ejerce en las bases de la legitimidad y credibilidad del orden político democrático, al ‘propiciar con el ejemplo’ conductas similares en otros ámbitos. Este proceso puede configurar un virtual estado general de anomia en la sociedad (deslegitimación de las normas de convivencia), con consecuencias directas en la gobernabilidad del país.

Sin embargo, dos perspectivas animan de manera importante los estudios sobre la corrupción política: la primera es la de la ‘modernización’, que considera la corrupción como un estado de situación propio de regímenes políticos no modernos o tradicionales, esto es, absolutistas o dictatoriales, hipótesis que no se compadece con los escándalos de corrupción en sociedades democráticas de los países industrializados: Italia, Francia, Inglaterra, etc.

La segunda perspectiva tiene a los marcos normativos como criterios para establecer la diferencia entre la fuerza coactiva de la norma (institucionalización de un sistema normativo positivo) y corrupción. Este enfoque descansa en la estructura de normas que se deben considerar para establecer esta distinción y las expectativas de sanciones acorde las necesidades del desarrollo institucional del país.

El problema está cuando se legisla para legitimar e institucionalizar la corrupción.

No obstante, con la corrupción política podemos establecer algunos criterios que permiten acotar su ámbito de realidad. Este ámbito estaría dado, por la naturaleza del actor (un sujeto político), por el propósito de la acción (reproducir una relación de poder u obtener un beneficio personal), y por sus consecuencias (menoscabo en la legitimidad del sujeto político o de la institución) (Ortiz Ibarra).

Desde esta perspectiva hay un elemento que atraviesa este conjunto de criterios y que de alguna manera tiene que ser explicitado, es el concepto de la política. De hecho la política está en relación con lo social en tanto tiene como propósito último la satisfacción de las necesidades sociales, y es en este vínculo con la ‘buena vida’ de la sociedad, donde destaca el carácter noble de esta actividad social (Dussel).

Dicho lo anterior, se entiende ahora el efecto degradante que tiene la corrupción en la política cuando reduce el poder a su solo ejercicio, como también al beneficio personal.

LA CORRUPCIÓN ORIGINARIA

Dussel plantea que el primer acto, el que da inicio a la ‘corrupción originaria’ es aquél que denomina fetichismo del poder, y es el que se genera cuando el actor político (ciudadanos o representantes) invierte la relación con el soberano (el pueblo) y cree que él o la instituciones políticas (presidencia, asamblea, justicia, etc.) son la sede o fuente del poder político.

Desconocer a la comunidad política o lo que llamamos el ‘pueblo’ como primera y última referencia, genera el marco cultural e institucional de la corrupción política y propicia una especie de anomia política con efecto disolvente en torno a la acción central de lo público: el bienestar general.

En sus características más destacadas, están los actos de quienes ostentan un cargo público de representación (asamblea legislativa); quienes desempeñan un cargo de autoridad pública con facultades discrecionales (gobierno e instituciones); y la acción pública (directa o indirecta) orientada por el interés personal. Es en este contexto donde se expresan, entre otras, las distintas modalidades o formas de la corrupción política: lobbies (beneficios al interés privado); relación clientelar (donaciones); aceptación de contribuciones no reguladas (ilegales o de origen dudoso); nepotismo (cargos a familiares y allegados); transfuguismo.

LO NUEVO

La posible existencia en Panamá de una anomia política referida a la ausencia de una estructura normativa e institucional que entienda las relaciones de poder, como funciones públicas éticamente orientadas al bien común, puede ser parte de un problema mayor.

Sin embargo, es la normalización de la corrupción política, su mimetización en una institucionalidad ineficiente, opaca y nada transparente, lo que constituye un riesgo sistémico que no coadyuva a la convivencia ciudadana y a la gobernabilidad del país.