La contralora ya empezó a mudar su despacho

Luis Felipe De Icaza confirmó ayer que la contralora Gioconda Torres de Bianchini, a quien por mandato constitucional debe sustituir en el cargo por ausencia programada o forzosa no ha delegado en él funciones y que, cuando —brevemente— lo ha hecho, lo ha dejado inhabilitado de poder y mando. ‘Me ha dejado maniatado’, recalcó De Icaza, tras confirmar a La Estrella de Panamá que su próxima ausencia del despacho es inminente.

‘Si me deja a mí o no encargado, con las limitaciones de siempre, me enteraré por Gaceta, también como siempre. No me lo comunica directamente’, recalcó.

De Icaza dijo que en más de una ocasión la contralora ha viajado al extranjero y lo ha dejado encargado, pero inhabilitando su capacidad de coordinar o dirigir la labor de la Contraloría. Tampoco podía tomar medidas para regular la fiscalización de los fondos del Estado u ordenar investigaciones sobre el manejo de los recursos y fondos públicos, según excepción escrita de atribuciones marcadas por ley.

No le extrañaría, por otra parte, que dejara a cargo a Roger Cerrud, director Nacional de Fiscalización, que ha sido su más estrecho colaborador durante estos años. Según el funcionario, ante el inminente cambio de gobierno, él mismo invitó a la contralora a facilitar la transición y dejar el cargo voluntariamente, para que la Contraloría no sea un obstáculo en el cambio y evitar las tensiones entre la institución y el nuevo Ejecutivo.

REPRESALIAS

El subcontralor informó a La Estrella de Panamá que producto de una nota que publicó este diario, la administración de la Contraloría inició un proceso disciplinario contra cuatro funcionarias a quienes se suspendió empleo y sueldo responsabilizándolas de haber filtrado la información, ‘solo porque estaban entre mis amistades. Las dañaron a ellas por no poder dañarme a mí’, dijo. Las funcionarias separadas del cargo sin que se haya probado aún ninguna falta son Amy Reyes, con treinta años de servicio; Judith Guardia, con 14 años, ambas secretarias. Igual que las abogadas Elsa Santos, con tres años en la institución, y Yaneth Medina, con 18 años de servicio.

El subcontralor confirmó, además, que en medio del proceso tuvo que renunciar Alfonso Camarena, colaborador y asesor legal de Torres, sin ser abogado.