‘Asamblea equivoca su estrategia’

La forma en que la Asamblea Nacional pretende separar a Gioconda Torres de Bianchini de la Contraloría no dará resultado. El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal le notificó al presidente de éste órgano del Estado, Adolfo Valderrama, que para seguir el debido proceso se debe solicitar al Ministerio Público (MP) la apertura de una investigación de oficio.

Bernal explica que la Corte solo tiene la responsabilidad de fallar para remover del cargo, o no, a la contralora, luego de que la Procuraduría de la Nación realice la investigación correspondiente y se la presente al Órgano Judicial.

El numeral uno del artículo 222 de la Constitución establece que son funciones del procurador ‘acusar ante la Corte a los funcionarios públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta corporación’.

‘Los diputados están tratando de ganar tiempo. Todo esto es un arreglo político entre el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) con la Contralora’, manifestó el constitucionalista Bernal.

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, coincide con Bernal y dice que el momento político que se vive tiene que estar determinado por el cumplimiento de los procedimientos y las formalidades para que impere lo que el derecho establece.

Araúz indica que si la Asamblea presenta a la Corte la resolución para remover a Torres de Bianchini, estarían actuando en desconocimiento del proceso jurídico correspondiente para estos casos.

Además, el vicepresidente del CNA recalcó que, de no respetarse el debido proceso, se estaría generando en la sociedad una falsa expectativa de que habrá justicia, cuando no será así.

‘No se puede jugar con la sociedad y pretender mostrar un ánimo de investigación cuando no se hace por los canales adecuados’, expresó el abogado.

La diputada independiente y exprocuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, considera que para los efectos se ha cumplido con el mandato legal.

A juicio de la diputada, el documento se ampara en el artículo 279 de la Constitución, que habla de la Contraloría y que en una de sus partes dice que el contralor ‘no podrá ser suspendido o removido, sino por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de causas definidas por la ley’.

A lo interno de la Asamblea, se maneja el criterio de que la determinación para enviar a la Corte Suprema la resolución es para que éste Órgano del Estado defina si existía la urgencia de tomar una medida preventiva con la contralora.

El documento

en el que se solicita a la Corte la remoción de Torres de Bianchini está por ser entregado a la Corte y se le está dando trámite a través de la secretaría de la Asamblea.

Dependerá de los diputados. Están a tiempo para considerar las recomendaciones de Bernal.