Denuncia por “pinchazos” telefónicos en época Varela

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad, tendrán que enfrentar una denuncia criminal por la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de extralimitación de funciones. A ambos funcionarios se les vincula con los supuestos ‘pinchazos' telefónicos de esta administración.

La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público por los abogados Roniel Ortiz y Sofanor Espinosa, a título personal, aunque ambos han formado parte del equipo de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

El recurso presentado ante el Ministerio Público se suma a la denuncia pública y en los tribunales del exdirigente médico Mauro Zúñiga, quien asegura que sus conversaciones siguen intervenidas por el aparato del Estado.

El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares también abordó, a través de este diario, la posibilida de que su teléfono estuviera intervenido.

‘No me extraña, pero no tengo la certeza...por eso no hablo por teléfono', declaró en una reciente entrevista con La Estrella de Panamá.

Los abogados adelantaron que mañana querellarán al presidente de la República, Juan Carlos Varela, en la Asamblea Nacional, por el mismo supuesto.

Según los abogados, Varela estuvo presente en el edificio 150, sede del Consejo de Seguridad, el día que desapareció Ismael Pittí, exagente de esta instancia gubernamental. Ambos cuestionan la forma ‘irregular' e ‘ilegal' en que se hacen las supuestas interceptaciones, sin contar con una autorización judicial.

Los abogados sostienen que Alemán y López no han seguido los lineamientos legales cuando el Consejo de Seguridad procede a hacer interceptaciones telefónicas.

Los denunciantes piden la separación del cargo de ambos denunciados, y las medidas cautelares que la situación amerita.

Ortiz y Espinosa explicaron que el delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones de los deberes de servidores públicos está contemplado en el artículo 335 del Código Penal y señala que el servidor público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal, será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana.

Las prácticas de las interceptaciones telefónicas al margen de la ley no pueden ser permitidas dentro de un Estado de Derecho, por lo cual los demandantes consideran que se debe hacer una investigación profunda y determinar las sanciones que deben aplicarse.

El expresidente Martinelli está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestas intervenciones a las comunicaciones.

La Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado llamó a juicio a Alejandro Garuz, ‘Ronny' Rodríguez y William Pittí, todos vinculados en los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

‘Así como se está procesando a los del pasado Gobierno, con los actuales (funcionarios) se debe hacer lo mismo', sostuvo Ortiz.

De acuerdo con los abogados, cinco funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes son testigos, han declarado que se le está dando seguimiento a sindicalistas.

‘El expresidente de la República Ernesto Pérez Balladares dijo en La Estrella de Panamá que el presidente Varela recibía informes de los pinchazos que se hacían', recordó Ortiz.

En esas declaraciones. Pérez Balladares aseguró que el ahora presidente Varela tuvo conocimiento de las escuchas orquestadas durante la administración Martinelli, de la que él formó parte durante dos años.

‘Él no me pinchó (cuando era voicepresidente,), pero era parte del equipo de gente que recibía información de los pinchazo', dijo ‘El Toro'.

Los abogados consideran que las personas denunciadas han actuado con dolo, porque para poder realizar las interceptaciones de llamadas se requiere de artefactos sofisticados que se compran con ese propósito y generalmente son de venta controlada y restringida.

Para interceptar las llamadas telefónicas se debe contar con el permiso de una autoridad judicial, insistieron los letrados.

Entre los hechos que fundamentan la denuncia, los abogados alegan que el Consejo de Seguridad es la única entidad que tiene el equipo necesario para llevar a cabo este tipo de acciones, aún al margen de la ley.

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SEGURIDAD EN EL PAÍS

Por seguridad nacional, el Consejo de Seguridad puede intervenir

2-4 años es la condena, según el Código Penal, para el servidor público que abuse del cargo en perjuicio de otra persona.

1 Sola entidad en el país cuenta con todos los instrumentos para intervenir las conversaciones y es el Consejo de Seguridad.