La Asamblea tiene la última palabra en nuevas designaciones

El pleno de la Asamblea Nacional, conformado por 71 diputados, es el ente que define si los dos abogados que elija el Consejo de Gabinete podrán completar el camino para llegar a la Corte Suprema de Justicia, el 2 de enero de 2016, como nuevos magistrados.

Una vez concluya el escrutinio —que estará a cargo de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia y este brinde sus observaciones al Consejo de Gabinete— de los diez aspirantes para las dos posiciones de magistrado de la Corte, el presidente de la República y sus ministros elegirán el reemplazo de Harley Mitchell y Nelly Cedeño, como lo establece la Constitución Política.

EN EL LEGISLATIVO

Una vez el Ejecutivo complete el proceso de nombramiento, debe presentarlo a la Asamblea Nacional para su ratificación.

El Reglamento Interno de la Asamblea, que es Ley de la República, dispone en su artículo 212 que para la ratificación de un magistrado de la Corte se necesita una mayoría absoluta, que equivale a 37 votos.

El oficialismo no cuenta con esa mayoría absoluta. Una frágil alianza legislativa ha logrado que la mayoría de las propuestas y nombramientos del Ejecutivo sean aprobados sin problemas.

La alianza oficialista la integran el panameñismo, que tiene 16 diputados, y un diputado del Partido Popular.

RECHAZO LEGISLATIVO

La historia democrática reciente de Panamá (posinvasión, de 1990 a la fecha) registra solo una postulación para magistrado de la Corte propuesta por el Ejecutivo que no fue ratificada por la Asamblea. Se trató del expresidente Guillermo Endara Galimany, nominado por la presidenta Mireya Moscoso.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), hoy Partido Popular (PP) y aliado del oficialismo, objetó la designación de Endara Galimany como magistrado de la Corte.

Para entonces aún estaban abiertas las heridas por la ruptura de la alianza de gobierno Panameñismo-PDC en 1992, cuando el mismo Endara acusó al PDC de ‘espiar' o ‘pinchar' sus conversaciones telefónicas.

El voto del PDC era definitivo y no permitió que Endara llegara a la Corte.

El Ejecutivo tuvo que buscar un candidato de consenso y optó por designar a Adán Arnulfo Arjona, quien, años más tarde, estremeció al país cuando afirmó que sus colegas magistrados vendían fallos a narcotraficantes, entre otros.

Producto de esta denuncia en el 2005 surge el Pacto de Estado por la Justicia, organismo que, a partir de hoy, entrevistará a dos aspirantes por día.

PROCESO EN LA ASAMBLEA

El presidente del Legislativo, Rubén De León, recuerda que este órgano del Estado ‘tiene que cumplir su papel', porque la Constitución dicta que la Asamblea debe ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo.

La Asamblea debe evaluar a los nominados, no solo en lo académico y su ejecutoria profesional, sino también la parte personal, agregó.

‘Espero que la Comisión de Credenciales haga el trabajo y las consultas necesarias para que este tema sea abordado con rapidez', agrega el diputado presidente de la Asamblea, que está a la espera del llamado a sesiones extraordinarias.

La Comisión de Credenciales es el primer filtro al que se someten los nominados. Allí se verifica toda la documentación, a fin de constatar si están calificados para ocupar las vacantes en la Corte.

Una vez lleguen los nombres de los dos abogados, la Asamblea, según se dispuso para la designación del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, se deben publicar los nombres en medios impresos para que cualquier ciudadano pueda emitir su opinión o presentar objeciones.

El listado de los diez elegidos, junto con las hojas de vida de cada uno, fueron entregados a los miembros de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia por Salvador Sánchez, director jurídico de la Presidencia.

El cronograma del Pacto de Estado por la Justicia, explicó Rigoberto González, procurador de la Administración y quien actúa como secretario del Pacto, dispone que luego de las entrevistas, se elaboran los informes de los aspirantes que se presentarán al Ejecutivo.

‘Que no se sienta que vamos a hacer unas preguntitas que no tengan sustancia, porque está de por medio la imagen y credibilidad de la justicia', advirtió González.