27 de Feb de 2020

Política

Balance de las políticas de seguridad ciudadana

Tres programas en quince años han hecho de Panamá el tercer país más seguro de la región, pero no han incidido en la tasa de homicidio

El tema de la seguridad ciudadana se ha mantenido dentro de los problemas más sentidos de la sociedad panameña. Los gobiernos, desde el periodo democrático, han realizado acciones que configuran la institucionalidad y resultado en la atención del problema de inseguridad en el país. Dentro de la región centroamericana, Panamá se encuentra como uno de los países más seguros, sólo detrás de Nicaragua y Costa Rica.

A pesar de eso, los niveles de avance en la violencia, delincuencia, criminalidad y sus factores asociados, han estado presentes y han aumentado paulatinamente en la última década, llevándonos a crear espacios y percepciones que han modificado las prácticas sociales de la vida cotidiana del panameño común.

Es así, que en los gobiernos democráticos en Panamá, se iniciaron acciones que crearon una institucionalidad nueva para atender este tema, acciones que se constituyeron en documentos particulares de política gubernamental de seguridad ciudadana.

En ese sentido, en los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares no hubo política oficial pero se generaron condiciones de fortalecimiento institucional principalmente en las instituciones de represión de crimen, sin contemplar la prevención como parte de la situación de inseguridad.

EVOLUCIÓN GUBERNAMENTAL

Debemos considerar que los gobiernos posteriores establecieron documentos dirigidos a la seguridad ciudadana.

La administración de Mireya Moscoso creó un documento denominado Fundamentos de Política Panameña de Seguridad, aprobada en Resolución de Gabinete Nº 34 del 21 de junio de 2000. En este documento oficial reconoce el concepto de seguridad integral.

Este manuscrito hace énfasis en la situación regional de Panamá con respecto a la seguridad. Temas como el Canal, fronteras, crimen organizado y política exterior se encuentran explícitos en sus objetivos.

Por otra parte, durante el gobierno de Martín Torrijos, se genera otro esfuerzo formal de política, en este caso dirigida al tema criminológico. Este documento se denominó: Lineamientos Generales para una Política Criminológica del Estado Panameño. Fue aprobado como Decreto Ejecutivo Nº 260 del 8 de junio de 2006.

Los ejes centrales o principios rectores de este documento establecían los derechos humanos, la participación ciudadana, la prevención, el desarrollo sostenible y la cultura de paz como temas a tomar en consideración en las acciones y estrategias para minimizar o influir de manera positiva en la situación de inseguridad en el país.

Por otra parte, apartado de este documento, se propuso desarrollar el denominado Programa de Seguridad Integral (PROSI), como una acción general adoptada por el gobierno en ese momento.

Desde nuestra perspectiva, y a pesar que este programa compartía algunos elementos de los principios rectores de la política aprobada, este funcionó realmente como la política del gobierno de Torrijos.

El funcionamiento de este programa dependía del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Los temas de prevención y acciones se orientaron a localidades municipales que en ese momento presentaban las cifras más adversas de delitos.

Durante la primera etapa del gobierno de Ricardo Martinelli, el Programa de Seguridad Integral se mantuvo vigente, se reorganizó y se estableció una nueva dirección, con el objetivo de retomar las acciones, además de extender el financiamiento para el sostenimiento.

En muchos casos este programa fue la única acción real aplicada para enfrentar el tema de la inseguridad en las localidades. Los gobiernos locales y sus autoridades parecían desorientados en el conocimiento e intervención de la problemática.

En la segunda parte del gobierno de Martinelli, se genera un tercer documento. Este fue denominado Estrategia de País de Seguridad Ciudadana, aprobado en Resolución de Gabinete Nº 84 del 24 de junio de 2012 y adoptado como política de seguridad en Panamá.

Este instrumento presentaba como principios rectores el entendimiento que el problema de seguridad Ciudadana se debe abordar de forma integral, además del respeto de derechos humanos en la ejecución.

También, los ejes centrales contemplaban el fortalecimiento institucional, la prevención y la resocialización.

Como resultado de la aplicación se fijó una meta al año 2015 de una reducción del 15% en la tasa de homicidios por 100,000 habitantes.

Por último, el gobierno de Juan Carlos Varela, ha adoptado varias acciones de política y ha reconsiderado la aplicación de la Estrategia de País de Seguridad Ciudadana con las adecuaciones respectivas. Durante el primer año de gestión se ha aplicado el Programa denominado ‘Barrio Seguro', con el objetivo de intervenir en la realidad de violencia en los jóvenes de los barrios de las ciudades más importantes del país.

Este programa ha sido la punta de lanza en el tema de seguridad ciudadana, hoy cuestionando sus resultados reales en los indicadores de criminalidad.

RELACIÓN CON LA TASA DE HOMICIDIOS

Durante los 15 años de política oficial de seguridad en Panamá, parece que esta no muestra una relación con las cifras de homicidios. Según la gráfica adjunta, si bien en los últimos tres años las tasas han disminuido, las acciones que se han tomado no guardan relación con lo propuesto en los documentos mencionados. Se ha fortalecido las instituciones represivas con escasas medidas de prevención.

A nuestro parecer el efecto de disminución es resultado de medidas atenuantes dirigidos a la represión. Dejando de lado elementos importantes sobre prevención previstos en la estrategia.

OPINIÓN SOBRE EL FRACASO

En nuestra opinión, el fracaso en la ejecución de las políticas públicas de seguridad ciudadana, se debe, entre otras razones, a factores políticos que no han establecido una coordinación para atender el tema como problema de Estado, con el acuerdo y participación de actores sociales involucrados.

Además, los documentos que se han creado establecen la prevención como necesaria para influir y determinar un cambio significativo de la realidad de inseguridad, pero en la aplicación real se ha hecho mayor énfasis en la represión del crimen, y no en la prevención de estos generando las oportunidades necesarias para la población.

Una coordinación entre política social, política criminológica y la resocialización adecuada, son los ejes para establecer una política de seguridad ciudadana.

EXPECTATIVAS HACIA 2016

Con la renovación de la Estrategia de País y los llamados a la coordinación de liderazgos nacionales y locales, es posible desarrollar lo que en documento se ha plasmado, garantizando que haya cambios significativos en los indicadores de seguridad. Creo importante establecer una sistematización científica de las experiencias pasadas y recurrir a las lecciones aprendidas y buenas prácticas que garanticen cambios en la realidad y percepción en el tema de seguridad ciudadana en Panamá.

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