Juristas en alerta por debate legislativo al proyecto de ley 245

Actualizado
  • 23/01/2017 01:00
Creado
  • 23/01/2017 01:00
A pesar de que la directiva del Órgano Legislativo decidió dar orden de prelación el proyecto de ley 245, el CNA dice que no se les consultó en el primer debate

El pleno de la Asamblea Nacional le tocará definir está semana el destino de la propuesta de ley 245, que reglamenta la posibilidad de que un imputado y el Ministerio Público celebran acuerdos de penas o de colaboración para los casos que quedaron vigentes con entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Mientras el Colegio Nacional de Abogados, sigue de cerca el debate.

La semana se vislumbra complicada para la Asamblea, el orden del día, además del proyecto 245, incluye el 292 sobre las reformas electorales que tienen más de un año en espera.

TRAYECTORIA DEL 245

El proyecto de ley estuvo meses engavetado y sigue a la espera de segundo debate.

Aunque no tomó relevancia hasta hace unos días, la iniciativa que fue presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, en septiembre de 2015 busca llegar a un acuerdo con las personas vinculadas a actos de corrupción.

POSICIÓN POLÍTICA

El PP sugiere fianza de cumplimiento

El Partido Popular (PP), mediante comunicado del colectivo, emitido ayer solicitó, que se busquen los mecanismo judiciales para que se pueda aplicar la fianza de cumplimiento en las obras que en estos momentos está realizando la empresa Odebrecht .

Además destaca el comunicado de prensa que se debe modificar la legislación para perfeccionar los mecanismo de ‘delación y delación premiada' que han usado los países que han enfrentado con éxito la lucha contra la corrupción.

En declaraciones a La Estrella de Panamá dijo que ‘ese es un mecanismo que permitiría atender la preocupación de que no se suspenden las obras, que no se pierda el empleo y sin embargo que siga Odebrecht con los contratos.

Si la empresa, no puede obtener el financiamiento para concluir las obras podría haber recisión del contrato', dijo Henríquez.

El 29 de ese mismo mes fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno. El 5 de octubre de 2015 ya estaba en el orden del día para continuar su segundo debate en el pleno Legislativo, sin embargo no fue hasta el miércoles 4 de enero de 2017 cuando se retomó la discusión en segundo debate. Esa misma fecha devuelto a la Comisión de Gobierno para hacerle otras modificaciones en primer debate. Fue entonces que se le incluyó la propuesta de modificación del artículo 220 del Código Procesal Penal que permitiría los acuerdos.

El 10 de enero ya estaba otra vez en el orden del día de la Comisión y el día siguiente fue aprobado en primer debate para regresar al segundo debate.

DE LA COLA A LA CABEZA

El pasado miércoles, 18 de enero, la directiva de la Asamblea le dio prioridad al proyecto de ley. Pasó del último punto, el #38 a ser el primer proyecto para segundo por encima de las reformas electorales. Quedó en el #7.

El proyecto de ley que pretende modificar el Código Procesal Penal, Código Penal y Código Judicial ha generado un debate nacional, justo cuando la empresa Odebrecht, se comprometió a devolver $59 millones en coimas que entregó a funcionarios panameños.

El Ministerio Público, ha citado el proyecto de ley 245, el cual dice permitirá el ‘acuerdo' tal como se hizo bajo el SPA en el caso de Alejandro Moncada Luna, proceso en el que no se conoció cuáles fueron los acuerdos entre la fiscalía (Asamblea Nacional) y el imputado.

DEBATE EN DUDAS

El presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, aseguró que la agrupación no fue convocada para la discusión del proyecto .

Como gremio, no avalan la aprobación de la norma considera que serviría para promover la impunidad y evitar que se haga justicia en el caso Odebrecht y muchos otros más.

A la opinión de Álvarez, se suma, Miguel Antonio Bernal, quien dice que lo que se busca es disimular los acuerdos pactados con Odebrecht.

Raúl Rodríguez, expresidente de la Asamblea y miembro del CNA, dice que realizar este tipo de acuerdos en Panamá, genera desconfianza.

POSICIÓN POLÍTICA

Contrario a esta posición, la diputada independiente y abogada, Ana Matilde Gómez sostiene que los acuerdos están dentro de todos los sistemas de justicia de otros países. Se pregunta por qué el miedo y destaca que estos acuerdos ‘son para los peces gordos'.

Tanto el oficialista partido Panameñista, como el Parido Revolucionario Democrático (PRD) está a favor a que se apruebe el proyecto de ley 245, el cual es rechazado por el opositor partido Cambio Democrático (CD).

El Partido Popular, aliado del panameñismo y con una curul en la Asamblea Nacional, se sumó a los grupos políticos que quieren la aprobación del 245 y en un comunicado dij que hay que modificar la legislación para perfeccionar los mecanismos de ‘delación premiada',

DECISIÓN DE EJECUTIVO

‘Odebrecht no podrá licitar', dice Varela

La empresa constructora brasileña Odebrecht, no podrá participar en la licitación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, ni en la Tercera Línea del Metro, pues será descalificada.

El presidente Juan Carlos Varela, reafirmó que tiene que ejecutarse las medidas expresadas en el Consejo de Gabinete del 27 de diciembre del 2016, en donde se vetó la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones estatales.

Varela indicó que Panamá debe avanzar en este proceso de justicia, pero que se tiene que proteger la economía nacional.

El mandatario agregó que se debe seguir evaluando la Ley de Contrataciones Públicas.

Según el Ministerio Público, actualmente se está investigando a cuatro personas cuyos nombres fueron mencionados por la multinacional, que en Panamá emplea a unas 8.000 personas y ejecuta diversos proyectos que superan los 3.000 millones de dólares, como la ampliación del principal aeropuerto y la segunda línea de metro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó en un informe difundido en diciembre pasado que Odebrecht desembolsó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, de los cuales 59 millones fueron pagados en Panamá entre 2009 y 2014, cuando gobernó Martinelli.

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