Abogado defiende legalidad de venta de finca ‘fantasma'

El abogado Eduardo Guevara, en representación de Roberto Roy Ortega, que junto a Luis Carlos Solís Adames, vendió una finca que la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati) dice que no existe, defendió la legalidad de la operación, por la que su cliente está siendo procesado.

Según el letrado, la finca tiene acreditada ‘su existencia y ubicación' en el Registro Público. La propiedad 38184 fue vendida por $343 mil a la sociedad anónima Inversiones Manfersa, S.A., representada por Aldo Mantini Aponte, que interpuso querella cuando no pudo encontrar los planos originales de la propiedad.

Roy Ortega y Solís Adames enfrentan cargos por estafa agravada por la venta de estos terrenos de 5 mil metros cuadrados en Juan Díaz. La Fiscalía Tercera de Descarga, a cargo de Vielka Vargas de Byrne, ordenó indagatoria para ambos considerando que existen pruebas que demuestran que se cometió un delito.

Pero, según Guevara, este contrato de compraventa cumplió con los requisitos legales para su validez jurídica. En su argumento señala que ‘según el Registro Público, la finca 38184 se encuentra inscrita a nombre de Inversiones Manfersa, S.A'.

El defensor añade que el artículo 1764 del Código Civil, establece que el Registro Público, a través del Registro de la Propiedad, es la institución competente para certificar, con idoneidad legal, los títulos de dominio sobre bienes inmuebles.

La parte querellante, por su parte, alega que la finca mantiene problemas de traslape que no fueron mencionados por los vendedores, que es una propiedad ‘inexistente' y que nunca le fueron dados los planos originales.

Guevara, sin embargo, asegura que el informe pericial, suscrito por Eufemia Acevedo consigna que la finca madre 22332 existía de acuerdo al plano 31 de los lotes agrícolas de 1945. Esa finca fue segregada en tres nuevos terrenos: 25485, 29092 y 38184. Y sostiene que a la investigación penal fue incorporada la copia autenticada del plano 83 de afectación de la finca 38184, por la segunda fase del Corredor Norte y que fue utilizado por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). ‘Ese plano acredita, con claridad, la existencia y ubicación del inmueble (...) No es cierto que la finca No.38184 sea la finca No.22332', aseguró.

Sin embargo, un informe de la Anati, del 17 de enero de 2017, establece que la finca fue inscrita sobre otra finca, lo que ‘significa que la finca 38184 no existe'.

El abogado añadió que su defendido ha brindado su cooperación a las autoridades del Ministerio Público durante la primera investigación penal, pero las diligencias practicadas para la reapertura del proceso se han realizado sin haberles sido comunicadas, violando el derecho al contradictorio, añade el abogado.

La firma forense aclaró que no incorpora a sus códigos de práctica profesional debatir procesos judiciales ante los medios de comunicación.

Guevara concluye explicando que su cliente no fue notificado en debida forma de la diligencia indagatoria, por lo que no se puede inferir que no asistió a la diligencia cuando ni siquiera había sido legalmente notificado.