'Sepultan' otro proyecto de ley anticorrupción

Actualizado
  • 25/04/2018 21:03
Creado
  • 25/04/2018 21:03
El proponente del proyecto, el panameñista José Antonio Domínguez culpó a las bancadas del PRD y CD de “sepultar” esta propuesta

Las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Cambio Democrático (CD) aprobaron este miércoles devolver a primer debate el proyecto de ley 215 que buscaba recompensar económicamente y proteger a quienes denuncien actos de corrupción en la administración pública.

El proponente del proyecto, que se discutía en segundo debate en el pleno legislativo, el panameñista José Antonio Domínguez culpó a las bancadas del PRD y CD de “sepultar” esta propuesta porque ya no hará tiempo de discutirlo en este periodo.

Domínguez cuestionó que en un descuido que tuvo para atender una entrevista con algunos medios de comunicación, diputados de la mayoría legislativa aprovecharan para devolver el proyecto a primer debate.

“Ya me habían propuesto bajarlo en el orden del día y les dije que yo no iba a caer en ese jueguito. Ya el Ministerio Público les había dicho que el proyecto era una excelente herramienta para ellos poder combatir la corrupción. El PRD no quería este proyecto desde el día uno y la pregunta es porqué ”, aseguró Domínguez.

El diputado del PRD, Leandro Ávila respondió y explicó que el proyecto se devolvió a primer debate porque la representante del Ministerio Público durante su sustentación en el pleno dijo que algunos puntos del proyecto podrían correr el riesgo de ser vetados por el Ejecutivo.

El documento establece que los ciudadanos que denuncien la comisión de delitos contra la administración pública por actos de corrupción de servidores públicos, tendrán el derecho de reclamar el pago del treinta por ciento del total del dinero recuperado por el Estado.

La recompensa también se hará efectiva cuando la pena impuesta por el ente competente, tenga una parte de multa. La recompensa en estos casos subirá hasta un treinta por ciento de lo cobrado por el Estado.

Además señala que los organismos competentes, deberán implementar los mecanismos necesarios para proteger la identidad de los informantes, de conformidad a lo que establezca la ley.

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