Suspicacia en ratificación de magistrados de la CSJ

La ágil y reciente ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Olmedo Arrocha y Abel Augusto Zamorano en la Asamblea Nacional, y su juramentación el día de ayer a puerta cerrada para los medios de comunicación en el Palacio de las Garzas, mantienen las dudas y suspicacias entre sectores de la sociedad civil sobre la supuesta existencia de ofrecimientos a miembros del Legislativo.

Contrario al proceso de ratificación en estos puestos de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, duramente criticadas y cuyas designaciones fueron rechazadas por el Pleno en enero de 2018, las ratificaciones de Arrocha y Zamorano pasaron sin mayor obstáculo en el Pleno legislativo, dominado por diputados opositores.

Ningún diputado de la mayoría legislativa conformada por Cambio Democrático (CD) ni del Partido Revolucionario Democrático (PRD), intervino en el Pleno antes de que se ratificara a Arrocha y a Zamorano, ni siquiera los más duros críticos diputados del PRD, Zulay Rodríguez y Crispiano Adames, que estuvieron presentes en la sesión de ratificación realizada en la tarde del pasado lunes.

Otros como el diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, ni siquiera estuvieron en el Pleno.

HUBO ENTENDIMIENTOS

La diputada independiente Ana Matilde Gómez dejó entrever el levantamiento de la suspensión de las planillas de los diputados por parte de la Contraloría General de la República como una de las supuestas razones del cambio de actitud de sus colegas opositores para ratificar a Arrocha y a Zamorano como magistrados de la Corte.

Para el abogado Ernesto Cedeño, no se sabe a ciencia cierta qué motivó el entendimiento entre los diputados cuando por casi tres meses el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Sergio Gálvez, manifestó que ‘no había ambiente' para estas ratificaciones; ‘sí hubo entendimientos', afirmó.

Cedeño expresó que la ratificación de Zamorano tal vez es un asunto de justicia, y el hecho de que se hayan inclinado por avalar a Arrocha —cuestionado inicialmente por haber sido miembro del Partido Panameñista y por ser funcionario del actual Gobierno—, pudiera esclarecerse si el contralor de la República explica si dio o no el levantamiento de la suspensión de las planillas de los diputados.

‘El aspecto silente de la Contraloría sí genera la suspicacia de por qué ahora se avalaron estas planillas y por qué ahora también el Órgano Ejecutivo hace otro nombramiento de magistrado de la Corte que lo había mantenido en pausa', dijo Cedeño.

Al día siguiente de las ratificaciones de Arrocha y Zamorano, el Consejo de Gabinete designó a Luis Fernando Tapia como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a María Eugenia Pérez de Preciado, como nueva Fiscal Electoral (FE). Ambos nombramientos deben ser ratificados por la Asamblea.

PLANILLAS SUPERVISADAS

Ayer el contralor General de la República, Federico Humbert, se refirió a este supuesto levantamiento de las planillas 080 y 002, y afirmó que eso está alejado de la verdad.

‘Yo creo que eso es un comentario falso que no tiene ningún sustento porque la Asamblea Nacional en este momento tiene cerca de 800 funcionarios menos de los que tenía en diciembre pasado', precisó.

El funcionario agregó que ‘no ha existido una reactivación, la Contraloría General lo que ha logrado, y lo continuará impulsando, es asegurarse de que las personas que trabajan en la Asamblea y en cualquier otra institución del Estado cobren por un servicio prestado. Por eso, hoy la Asamblea Nacional tiene cerca de seis mil funcionarios menos de los que tenía hace un año'.