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28 de May de 2020

Política

Asamblea aprueba recompensas económicas por denuncias de corrupción

La norma establece una recompensa entre el 10% y  30% del total recuperado de la lesión patrimonial al Estado

Asamblea aprueba recompensas económicas por denuncias de corrupción
Las personas que testifiquen no podrán tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los profesionales y el personal del Ministerio Público.

La Asamblea Nacional aprobó, este martes, en tercer debate el proyecto de Ley 215 que protege y retribuye económicamente a las personas que denuncian delitos relacionados contra la administración pública, es decir corrupción.

El proyecto, que debe ser sancionado por el presiente de la República, establece una recompensa entre el 10% y 30% del total recuperado de la lesión patrimonial al Estado. “El porcentaje a reconocer dependerá de la utilidad y eficacia de la información brindada, determinado por la autoridad judicial competente”, señala el documento.

Las personas que testifiquen no podrán tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los profesionales y el personal del Ministerio Público. A su vez debe aportar datos certeros y útiles que lleven a la convicción de que los hechos ilícitos y que permitan la identificación de los autores.

La norma establece que aquellos que testifique durante los procesos penales o denuncien  la presunta comisión de delitos patrimoniales que afecten al Estado, tendrán medidas de protección, como mantener reservada su identidad, domicilio, profesión, oficio o lugar de trabajo.

El proyecto de ley también contempla reformas al Código Penal, específicamente el artículo 387-B que quedará de la siguiente manera:  “El servidor público que despida, amenace, discrimine o tome represalias contra un denunciante o testigo con relación a los términos, condiciones, compensación, ubicación, beneficios o privilegios de su empleo o razón de que este denuncie, informe, altere, testifique o participe en cualquier forma o instancia de un proceso por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública o delitos patrimoniales que afecten al Estado, será sancionado con cinco a ocho años de prisión”.