El tiempo de las ciudadanas

En las elecciones generales del 5 de mayo de 2019 están habilitadas para votar más mujeres que hombres. Una mujer aspira a la Presidencia de la República, por la libre postulación; dos mujeres son candidatas a la vice presidencia en nóminas de partidos políticos; más de 600 mujeres se postularon a cargos de elección popular.

Que lejos parece que quedó el año 1936 en el que sufragistas panameñas solicitaron la cédula de identidad personal para ejercer su derecho al voto y recibieron como respuesta del Secretario de Gobierno: ‘En Panamá' no hay ciudadanas sino ciudadanos'. Si, ocurrió un día como hoy, en las elecciones generales, hace 83 años. Ellas, tuvieron que esperar diez años más para lograr ser ciudadanas sin ningún tipo de restricciones, luego del proceso constituyente originario que concluyó con la proclamación de la Constitución de 1946.

Cada día que salimos a votar es un buen día para reconocer las décadas de luchas de otras mujeres por ese derecho fundamental de participación política que hoy damos por sentado. Al hacerlo, no solo redimensionamos a aquellas mujeres de quienes somos todas deudoras, sino también sus estrategias y alianzas para alcanzar ese derecho.

GRATITUD PERMANENTE POR NUESTROS DERECHOS POLÍTICOS

La participación política de las mujeres en Panamá es el resultado de un largo camino de incidencia y organización colectiva que se dilata por un extenso periodo de tiempo, y requirió la intervención de diversos actores clave y el aprovechamiento de coyunturas políticas.

En 1922, Clara González de Behringer, Sara Sotillo, Enriqueta Morales, Sara Barrera, Rosa Navas y Elida Campodónico de Crespo fundan en Panamá el Partido Nacional Feminista (PNF). Esta estructura política fue clave en el desarrollo de cambios legislativos fundantes de varios derechos de las mujeres panameñas, incluyendo las bases que luego permitieron la participación política de las mujeres.

De la mano del Partido Nacional Feminista se eliminaron artículos contenidos en el Código Civil y en Código Judicial (1917) que, entre otras cosas, prohibían a las mujeres ser testigo en procesos judiciales y contenían los impedimentos para ejercer el comercio, si no existía autorización previa y expresa de su esposo. Igualmente, gracias a este partido y a la incidencia directa de varias mujeres del movimiento feminista se logró la aprobación de la Ley N° 55 de 17 de diciembre de 1924, en la cual se reguló el ejercicio de la abogacía sin distinción de sexo. Antes, se negaba el ejercicio de la abogacía a las mujeres.

Es necesario recordar que el Artículo 56 (posterior artículo 60) de la Constitución de 1941 establecía que el legislador podía por ley conferir a las mujeres panameñas mayores de 21 años la ciudadanía con ciertas limitaciones, lo cierto es que dicho artículo fue desarrollado de manera restrictiva a través de la Ley 98 de 5 de julio de 1941. Dicha ley otorgaba el derecho al voto únicamente a las mujeres que poseían título universitario o con diploma vocacional, normal o de segunda enseñanza, limitando así enormemente el número de mujeres que podían efectivamente ejercer el voto. Por otro lado, no existía en dicha Constitución más limitante que la edad para que los varones ejercieran el derecho al voto.

En 1944, el Partido Nacional Feminista se transforma. Surge así el Partido Unión Nacional de Mujeres, que implementa a nivel nacional las llamadas Escuelas de Ciudadanía en las que se capacitaban a las mujeres en temas diversos, incluyendo los de ciudadanía y derechos políticos de las mujeres. Posteriormente, se lanza en el país un llamamiento a Asamblea Constituyente en el año 1945. Para este evento, se permitió el derecho al voto a algunas mujeres, a través de un Decreto Ejecutivo. Fue en esta coyuntura que Esther Neira de Calvo y Gumercinda Páez son electas como diputadas para el período 1945 a 1948. De hecho, Gumercinda Páez fue electa vicepresidenta de la Asamblea Constituyente, que tuvo como resultado la Constitución de 1946, que sí estableció plenamente el derecho a elegir y ser elegidas para las mujeres, al igual que otros derechos laborales tales como la protección de la maternidad y el principio de igualdad salarial.

Es importante reconocer como parte de nuestra historia que Panamá es uno de los pocos países de América Latina que ha tenido una mujer Presidenta de la República, Mireya Moscoso, elegida democráticamente en el periodo presidencial 1999-2004. También, que en las pasadas elecciones generales del año 2014, por primera vez, una mujer, Isabel de Saint-Malo, fue electa como Vicepresidenta de la República.

UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA DEMOCRACIA

Han transcurrido 22 años desde la incorporación en nuestra legislación electoral de la primera cuota indicativa del 30% de candidaturas de mujeres a puestos de elección que los partidos políticos debían garantizar en sus elecciones internas (Ley 22/1997). Sin embargo, lo máximo alcanzado hasta el momento es el 18.3% de representación en el poder legislativo, en las pasadas elecciones del año 2014. No hemos llegamos siquiera al promedio regional del 27% en participación política de mujeres.

Las últimas reformas electorales vigentes para estas elecciones mantuvo un diseño deficitario con un porcentaje de 50% meramente indicativo para las elecciones internas y sin incorporar los elementos claves de efectividad como lo son: un mandato de posición en las listas electorales y sanciones por incumplimiento.

Si bien es cierto que la participación política de las mujeres se da en el marco de nuestro sistema político electoral que de por sí tiene serias distorsiones y que contar con un diseño legal que potencie su participación es indiscutible; también lo es, que las condiciones de participación de las mujeres están marcadas por causas estructurales que producen discriminación social, económica y cultural que es necesario incorporar al análisis de la sub-representación política de las mujeres.

Todavía falta mucho camino por recorrer para fijar la imagen objetivo de la paridad política como un pilar fundamental de democracia panameña. Y, esta es la tarea impostergable.

‘Las mujeres están marcadas por causas estructurales que producen discriminación social, económica y cultural que es necesario incorporar al análisis de la sub-representación política de las mujeres'.

MISIÓN Y VISIÓN

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Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.