PRD arremete contra la procuradora Kenia Porcell

Nubes negras se posan sobre la procuradora Kenia Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad Rolando López, luego de que el secretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, señalara que en el caso 'El Gallero', se empleó la justicia para “arremeter contra el principal partido de oposición”.

El secretario general del partido oficialista denunció que el caso en el que se vinculó al entonces alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez, a una organización criminal y que posteriormente el tribunal de juicio lo halló no culpable de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos, “es una prueba más de la politización del sistema judicial, principalmente del Ministerio Público que lidera Porcell. Ahora queda en evidencia no solo que Pany Pérez no tenía vinculación con los hechos, sino que el Ministerio Público no tuvo la capacidad de probar, sobre ninguno de los imputados, las acusaciones que se les hicieron”, indicó en conferencia de prensa.

González dijo que han podido corroborar que “se utiliza la justicia para vincular a personas no relacionadas en lo que se puede identificar como doble juzgamiento”, una “práctica reiterada” en el Ministerio Público, que también afecta al representante de Viento Frío, miembro del PRD, Hidalgo Jaramillo, quien tiene tres años de estar detenido “de manera ilegal sin que se le pueda probar su vinculación con los hechos”.

Lo que se ha hecho en ambos casos, añadió, “ocurre a diario, y nuestro compromiso era de adecentar el sistema judicial”. González destacó que las reformas constitucionales buscan crear un sistema judicial que responda a los intereses de la justicia, con independencia, sin presiones de carácter económico o político.

“Pany” Pérez, por su parte, indicó que su nombre fue manchado, que sufrió daños económicos, políticos, morales, cuando él pensaba que vivía en un país democrático.

Denunció que el Ministerio Público se “orquestó” con el Consejo de Seguridad para “armar este mamotreto”, y alertó a cualquier político del peligro que puede sufrir si les “montan” una como la que le hicieron a él. Enseguida Pérez denunció que en medio de la audiencia, uno de los implicados o supuesto cabecilla de la banda, narró al tribunal que lo sacaron de la DIJ en Ancón, lo metieron en una camioneta gris en la que se encontraba el entonces director del Consejo de Seguridad, Rolando López, quien llamó al fiscal y “le ofrecieron arreglarle todos sus casos legales siempre y cuando dijera que me estaba dando dinero a mí”.

El caso que la Fiscalía de Drogas había anunciado en 2017 con bombos y platillos, situándolo en un pedestal como una de las investigaciones icónicas contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, no convenció al tribunal compuesto por Katia Rodríguez Alvarado (presidenta), Aldo Jonhson Gobern (relator) y Marysol Osorio, que declaró este miércoles no culpables a los 15 imputados.

Los jueces no dieron valor a la licitud de las pruebas, decretaron que hubo violación en la cadena de custodia, al derecho de la defensa y utilización de hechos y testimonios en causas ya juzgadas.

El Ministerio Público no ha reaccionado. Ha guardado completo silencio ante la decisión del tribunal. Una conducta idéntica a la adoptada cuando otro tribunal declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli del delito de escuchas telefónicas, otro expediente insignia del Ministerio Público que apostaba a asegurar una condena.

El abogado Javier Quintero, defensa de Andrés Moreno y Ernesto Bowell, enumeró una serie de hechos que, a su juicio, motivaron al tribunal a fallar de esa manera.

Una de las faltas más graves, según Quintero, fue que el fiscal Markel Mora nunca mostró una orden judicial que avalara las escuchas telefónicas en el caso.

Cuando la defensa exigió que mostrara las resoluciones, “el fiscal respondió que tenía las resoluciones en su oficina, pero que no las iba a mostrar por cuestión de seguridad nacional. El juez de garantías Carmelo Zambrano dijo que por el principio de lealtad procesal creía en lo que dijo el fiscal y admitió la prueba”, ilustró Quintero.

Explica que desde la fase de investigación se advirtió a los jueces de garantías que no tenían competencia para conocer de ese proceso porque hacía referencia a dinero que había sido incautado en la provincia de Chiriquí y cada hecho había sido procesado en la jurisdicción que se incautó. “Pero hicieron oídos sordos”, enfatiza el abogado.

“Otro error gravísimo consiste en que se le advirtió al juez Zambrano que no era competente para conocer del caso porque se trataba de hechos ocurridos en Chiriquí, y además decretó que el juicio se realizaría en Panamá, ahí terminó con el caso”, agregó el abogado de la defensa.

Finalmente el jurista dijo que todo el caso fue un “invento del Ministerio Público, pues se hablaba de una tonelada de droga incautada y en Panamá no se incautó un gramo, ni un centavo de dinero, lo que había en el expediente era trasladado de otros casos. Tanto es así, que el fiscal no convocó a peritos de blanqueo de capitales al juicio, se presentó con informes financieros levantados por agentes de la Dirección de Investigación Judicial”, señaló el defensor.