Los dos días después del 20 de diciembre de 1989

El 20 de diciembre de 1989 siempre será recordado como el de la invasión que el ejército de los Estados Unidos hizo en Panamá, con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense, bajo la acusación de narcotráfico.

Ese era el fin primario de la llamada Operación Causa Justa, que además sirvió para desbaratar el aparato militar en Panamá.

Ese 20 de diciembre se daba cumplimiento, de acuerdo con los parámetros que para tal efecto tenía el gobierno estadounidense, a un importante golpe en la ‘guerra contra las drogas'.

Han pasado 28 años de estos eventos que enlutecieron a Panamá, y de los cuales todavía no se tienen todas las respuestas del por qué sucedieron, más que aquellas que nos han querido ofrecer.

Sin embargo, los días siguientes a la intervención armada estadounidense produjeron un fenómeno social que se ha repetido en otras latitudes. El saqueo. Y este fue un punto de inflexión tan trascendental como consecuencia directa de la acción armada del ejército de los Estados Unidos.

DOS DÍAS DESPUÉS

La destrucción del aparato armado panameño, unido a las carencias existentes en un país donde el dólar es moneda de curso usual y las grandes restricciones económicas produjeron asfixia en los sectores de producción y más en el panameño de a pie.

Los días 21 y 22 de diciembre fueron de gran agitación popular, pero no en ánimo contrario a lo sucedido, sino por la falta de agentes del orden público.

Fue así como comenzó el saqueo. Sufrieron comercios de todo tipo, desde pequeños kioscos hasta almacenes situados en la avenida Central, El Dorado, Calidonia, así como fábricas de alimentos, ropa, calzados y otros.

GOLPE ECONÓMICO

El elevado número de edificaciones afectadas por la invasión, no solo instalaciones militares panameñas, demuestra que las tropas norteamericanas no hicieron el menor intento por limitarse a blancos militares, sino que hubo dentro de la operación aspectos civiles bastante específicos, aunque informes relacionados con la Operación Causa Justa aseguran que el objetivo principal era destruir el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa, situado en un sector residencial en El Chorrillo.

Esto puede constatarse con el éxodo de residentes del barrio de El Chorrillo a los albergues improvisados que se instalaron en el sector de Albrook Field.

Algunos artículos publicados años después de la invasión relatan que el combate más duro se produjo entre las calles 25, 26 y 27, en donde residían en ese entonces más de 30,000 personas, en un área no mayor de veinte hectáreas; de allí que las personas tuvieran que salir del sector, y refugiarse en barracas distribuidas en el sector de hangares de Albrook.

Además de El Chorrillo, resultaron afectados algunos otros sectores donde había instalaciones militares panameñas y residían civiles en sus alrededores.

Por ejemplo, el cuartel de Tinajita, en el distrito de San Miguelito, fue severamente bombardeado y los residentes cercanos tuvieron que ser evacuados.

Es un caso similar al sector de Panamá Viejo, donde funcionaba la Unidad Especial del Servicio Antiterror, conocida como la UESAT, y el sector de Río Hato, donde funcionaba el Instituto Militar General Tomás Herrera.

ESTIMACIONES

Producto de la crisis económica y un severo desabastecimiento de alimentos, la población panameña se lanzó en conseguir por la fuerza aquellas cosas que suplieran tales carencias.

El Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Panamá (CEECAM) dio a conocer los primeros informes económicos acerca de las pérdidas que produjo la invasión a Panamá, tasándose en el que dio a conocer en enero de 1990 unos $1,500 millones.

Según los datos que logró recopilar el CEECAM, en una encuesta que realizó a 1,147 empresas comerciales e industriales, principalmente situadas entre las ciudades de Panamá y Colón, se calculó que durante la invasión se perdieron el 90% de los inventarios y un 10% de los activos fijos en sus respectivas empresas.

Los daños económicos a las empresas comerciales e industriales de ambas provincias fueron estimados en $432.1 millones, de los cuales $334.8 millones corresponden a mercancías perdidas durante el saqueo; $67.2 millones a daños en instalaciones físicas y otras pérdidas materiales; $8.7 millones a materias primas para elaboración de productos y $21.4 millones correspondientes a situaciones varias.

Posteriormente, hubo nuevos reportes del CEECAM en los que se establecieron nuevos montos de daños económicos producto de la intervención armada estadounidense.

Estos datos del CEECAM dan cuenta de que se perdieron $58.7 millones en alimentos; $44 millones en el sector del transporte, $11.9 millones en medicinas y productos químicos para elaborarlas y $14.9 millones se perdieron en el sector de la construcción.

En la ciudad de Colón se contabilizaron pérdidas por un monto de $68 millones, entre comercios, supermercados, estaciones de combustible y otras actividades.

La invasión estadounidense a Panamá produjo además, la pérdida directa de más de 25,000 empleos, los que se deben agregar a los 60,000 empleos perdidos desde 1988, cuando se desató la crisis político-económica, con las sanciones que recibiera el gobierno de Manuel Antonio Noriega, en lo económico, principalmente, por parte de los Estados Unidos.

Luego del 20 de diciembre de 1989, en los días siguientes se mantuvo la incertidumbre entre los panameños; y fueron esos dos días posteriores los que constituyeron el justo punto de inflexión del cual se desprendió una cuantiosa inyección de los Estados Unidos, y una especie de catarsis que lentamente dejó salir el panameño que logró sobrevivir a uno de los episodios más duros de su historia.

QUE NO OCURRA NUNCA MÁS

La Defensoría del Pueblo y la Comisión 20 de Diciembre han elaborado una estrategia conjunta que tiene el propósito de contribuir y colaborar efectivamente en el esclarecimiento de la verdad de los eventos ocurridos el 20 de diciembre de 1989, y en sus días posteriores, a fin de tener pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas producto de la intervención armada del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos.

Para tal propósito, ambas partes tendrán a su cargo la realización de una serie de programas de capacitación, relacionados con la invasión militar de 1989, estableciendo mecanismos que aseguren la participación ciudadana de las víctimas de la invasión, así como de las demás instituciones del Estado, efectuando seminarios enfocados en la prevención de actos similares ocurridos el 20 de diciembre de 1989, que inspira la labor de ambas instituciones.

Según Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo, es complaciente formalizar la cooperación efectiva entre las instituciones, considerando que el interés común y objetivos de ambas partes convergen en lograr la incorporación de un enfoque de promoción y protección de derechos. ‘El silencio, la impunidad y el olvido que se han tejido en torno a estos hechos son una flagrante violación del derecho individual y colecti vo a la verdad', acotó el ombudsman .

CRONOLOGÍA DE LA INVASIÓN

El 20 de diciembre de 1989 fue el día de la invasión; he aquí sus antecedentes

1984 El cierre de la Escuela de Las Américas fue el punto de partida para el deterioro de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos.

1988 El entonces presidente de la República, Eric Arturo Delvalle, destituyó al general Noriega, quien se rebela y lo saca de la presidencia.

1989 El 15 de diciembre, la Asamblea Legislativa otorga poderes especiales a Noriega designándolo Jefe del Gabinete de Guerra